NUEVA OLA REPRESIVA EN NICARAGUA
Estados Unidos ha hecho lo correcto al aumentar sus sanciones contra altos funcionarios del gobierno del dictador nicaragüense Daniel Ortega tras el arresto en días recientes de los cuatro principales precandidatos presidenciales de ese país. Pero lo conozco a Ortega y no creo que las sanciones por sí solas funcionen.
Una estrategia mucho más innovadora y eficaz sería que Estados Unidos y Europa iniciaran una investigación bancaria internacional para documentar la corrupción de la familia Ortega.
Amenazar a Ortega con exponer públicamente los negocios turbios de su familia lo presionaría mucho más que las sanciones económicas. En primer lugar, Ortega (75) ha visto de cerca los casos de Cuba y Venezuela en las últimas décadas, y sabe muy bien que las sanciones de Estados Unidos no han podido derrocar a los dictadores de esos países.
En segundo lugar, las reservas de divisas de Nicaragua están en un récord de 3400 millones de dólares. Incluso si Washington usara su influencia para cortar los préstamos a Nicaragua del Banco Interamericano de Desarrollo y otras instituciones regionales.
Cuando lo entrevisté por última vez, en su casa en Managua en 2018, unas semanas después de que grupos de derechos humanos acusaron a sus fuerzas paramilitares de matar a más de 300 manifestantes, Ortega adujo falsamente que muchas de las muertes eran “inventadas”.
Le mostré fotos de camionetas con paramilitares que portaban la bandera del FSLN, amedrentando a los manifestantes, pero Ortega me dijo que esas fotos eran trucadas.
En las últimas dos semanas, Ortega arrestó a los cuatro principales precandidatos opositores para las elecciones del 7 de noviembre: Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro; los académicos y activistas Arturo Cruz y Félix Maradiaga, y el líder cívico Juan Sebastián Chamorro.
Ortega está en el poder desde 2007 y se está postulando para un cuarto mandato, luego de cambiar la Constitución.
Días después, el gobierno de Biden anunció sanciones personales contra cuatro funcionarios del régimen de Ortega, incluida la hija del presidente, Camila Ortega, quien dirige el Canal 13 de televisión. Con ellos, ya son 31 las figuras nicaragüenses vinculadas al régimen cuyos activos en EE.UU. han sido bloqueados.
Cuando le pregunté si EEUU está considerando una investigación bancaria internacional para exponer la corrupción de la familia Ortega, la subsecretaria interina para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Julie Chung, me dijo: “Utilizaremos todas las herramientas que tenemos”, para lograr elecciones libres en Nicaragua.
Eso está muy bien. Pero además se deberían investigar las transacciones bancarias de Camila y sus hermanos, quienes aparentemente dirigen una gran empresa familiar aprovechándose de sus conexiones gubernamentales.