CUBA: UN GOBIERNO QUE NO ESCUCHA
Por primera vez en décadas, miles de cubanos han salido a las calles en varias ciudades para protestar contra el gobierno de Miguel Diaz-canel.
Las manifestaciones son parte de las protestas por todo el continente por la pobreza creciente bajo el azote del COVID-19.
Sincronizadas a través de los medios sociales se extendieron más allá de su inicio en San Antonio de los Baños, llegando a La Habana, Santiago y otras ciudades.
Es que el regreso del COVID-19 y la crisis económica llegaron a un punto tal que quebraron el umbral de paciencia de muchos cubanos.
Porque si bien Cuba logró mantener bajo control la pandemia de Covid-19 en 2020 y ha producido su propia vacuna, la semana pasada batió récords de infecciones y muertes diarias, lo que llevó a los centros de salud al punto del colapso, según la BBC.
La crisis económica es palpable: los productos y medicamentos básicos escasean y el turismo, una importante fuente de ingresos, es prácticamente inexistente.
Ante las protestas, el presidente Miguel Díaz-canel se presentó ante la televisión nacional para convocar a sus seguidores a salir a las calles a “enfrentar” a los manifestantes. “La orden de combate está dada: a la calle los revolucionarios,” dijo.
Esta “petición a los civiles para reprimir”, como lo ha definido la OEA, tuvo eco inmediato. Miles de personas se enfrentaron con los manifestantes al grito de “abajo la gusanera”, generando las primeras expresiones de violencia. Las protestas fueron duramente reprimidas según muestran numerosos videos y cuentas de redes sociales.
Amnistía Internacional condenó ayer mismo esta “retórica inflamatoria de guerra” de Díaz-canel, pidiendo que se atiendan “las demandas sociales de la ciudadanía”.
El régimen debería reconocer a los manifestantes como participantes lícitos en el proceso de discusión y desarrollo en la isla ante los graves desafíos que enfrenta.
En lugar de ello, se ha desligado de responsabilidades y ha acusado al embargo estadounidense. Si bien el embargo, un resabio del pasado, ha golpeado la economía, es irrelevante: los problemas que denuncian los ciudadanos que protestan son reales.
La burocracia cubana no escucha: se ha cerrado dentro de sí misma. Es obsoleta y parece incapaz de avanzar otras soluciones que no sean la represión. En consecuencia, las fuerzas policiales, que deberían proteger el derecho a protestar, intensificaron las detenciones arbitrarias y según Amnistía Internacional, crearon “una larga lista de personas desaparecidas”.
Esta actitud es no solamente antidemocrática y autoritaria, sino también destinada al fracaso. Al no estar permitida la oposición al gobierno, se cierran las opciones para una solución pacífica. La negación de la libertad de expresión - vigente durante décadas - es ya insostenible.
Los jóvenes que salieron a protestar a las calles no lo hacen por gusto sino por desesperación y falta de alternativas. Y aunque sean reprimidos hoy, el precedente ya está echado: volverán a aflorar mañana.•