La Opinión

EEUU enjuicia a extesorera y exjefe de seguridad de Hugo Chávez

- EFE MIAMI

Con la elección del jurado a partir de hoy se inicia en Estados Unidos el juicio por lavado de dinero contra la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, que fue jefe de seguridad de Hugo Chávez.

El juicio se llevará a cabo en los tribunales de Fort Lauderdale (40 kilómetros al norte de Miami) y durará dos semanas, la primera de ella para la selección del jurado.

Entre la lista de testigos de la Fiscalía aparece el también extesorero venezolano Alejandro Andrade Cedeño, según los documentos judiciales.

Andrade sería el “testigo estrella”, según otros documentos judiciales en los que solo aparecen sus iniciales.

En la misma causa en los tribunales federales del sur de Florida está acusado Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal venezolano Globovisió­n, quien es considerad­o prófugo por la justicia estadounid­ense.

Según la Fiscalía, Gorrín pagó millones de dólares en sobornos a Guillén y a Andrade Cedeño para asegurarse los derechos de realizar transaccio­nes de cambio de moneda extranjera a tasas favorables.

El matrimonio, extraditad­o desde España, ella en mayo y él en octubre de este año, es conocido como la “enfermera” y el “guardaespa­ldas” del que fuera presidente de Venezuela desde 1999 hasta su muerte en 2013.

Tanto ella como su esposo tienen doble nacionalid­ad venezolano-española.

Fueron detenidos en España en 2021 después de que Estados Unidos los reclamase por delitos relacionad­os con blanqueo de capitales.

La defensa afirma que ni Díaz, que se declaró no culpable, ni Velásquez Figueroa “transmitie­ron, transporta­ron o transfirie­ron algún instrument­o monetario a los Estados Unidos para promover alguna actividad ilícita”.

Díaz Guillén formó parte del equipo de salud de Chávez antes de ser nombrada tesorera nacional, cargo que ejerció de 2011 a 2013, y su esposo fue su jefe de seguridad.

Tras la muerte de Chávez se fueron del país y después de una breve estancia en República Dominicana se instalaron en España.

Venezuela solicitó a España su extradició­n en 2018 y fue aprobada el 25 de octubre de 2018 por la Audiencia Nacional por los delitos de legitimaci­ón de capitales, asociación para delinquir y enriquecim­iento en su propio país. Pero España revirtió su decisión, al considerar que en Venezuela corría “peligro su integridad”.•

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