ARMAS: LEYES DE SENTIDO COMÚN
En varios estados se están aprobando e implementando leyes de sentido común para proteger a la ciudadanía de las armas de fuego.
Desde el 1 de julio, quien quiera comprar un arma y municiones en California tendrá que pagar más, cuando entrará en vigencia un nuevo impuesto del 11% por cada venta.
Dos años atrás, la gobernadora de Nueva York Kathy Hochul avanzó legislación que hizo del estado el de más medidas de seguridad del país. Esta semana, anunció que desde entonces los tiroteos bajaron en 35%, las víctimas 36% y las muertes por armas de fuego 37%.
La legislatura de Maryland acaba de aprobar una ley que prohíbe el dispositivo de bajo costo ($50) Auto Sear, que convierte pistolas semiautomáticas en armas automáticas. Hasta en Mississippi, el gobernador Tate Reeves promulgó una legislación que prohíbe estos dispositivos.
Los mismos funcionan solo en pistolas Glock. La empresa ha conocido el problema por años pero se niega a cambiar el diseño. La ciudad de
Chicago, En marzo, Illinois la demandó por ello. El caso está en tribunales.
El mismo mes, el gobernador de Virginia Glenn Youngkin firmó una ley que permite cargos criminales contra padres que permiten que los niños considerados de riesgo tengan acceso a armas.
El gobernador de Delaware, John Carney, firmó la semana pasada la ley de Licencias del Comprador de Pistolas (Handgun Purchaser Licensing bill), que requiere huellas digitales, nueva verificación de antecedentes penales y un curso sobre seguridad como requisitos para comprar un arma. .
Con este son 11 los estados que imponen licencias, ya que reducen las transferencias ilegales y el tráfico de armas de fuego.
Lamentablemente, en otros estados, los gobernadores vetaron leyes similares. En Main, la demócrata Janet Mills rechazó la criminalización de los Auto Sears. En Ohio, un tribunal dictaminó que la ciudad de Columbus, no puede requerir que los propietarios de armas las encierren para que los niños no puedan obtenerlas.
Las victorias en la larga campaña de organizaciones de base para limitar las muertes por armas de fuego son minúsculas, pero significativas. Ocurren en condiciones adversas.
En 2008 la Corte Suprema decretó que la Constitución permite el derecho a tener armas y en 2022, en NYSRPA v. Bruen, dictaminó que llevar una pistola en público era un derecho constitucional garantizado por la Segunda Enmienda.
En los últimos 20 años las ventas de armas de fuego en EE.UU. aumentaron 10 veces. Cada año se venden legalmente 20 millones. Y también cada año, los homicidios con armas de fuego matan a 13,000 personas; y 25,000 se suicidan con un tiro.
La tasa nacional de homicidios por armas de fuego (4.5 por 100,000 habitantes) es espeluznante: 77 veces más que en Alemania.
Sabemos que un causante principal de esta pesadilla es la facilidad con la que casi cualquier persona puede adquirir armas letales y de gran calibre.
Las periódicas matanzas masivas, especialmente en iglesias o de niños en escuelas, llevan a la opinión pública a demandar cambios. Pero no llegan, porque el poder político de quienes las fabrican y distribuyen es aplastante.•
Gina Raimondo, Secretaria de Comercio:
Los recientes avances en la IA tienen un potencial emocionante y transformador para nuestra sociedad, pero solo si hacemos el arduo trabajo de mitigar los peligros muy reales de la IA que existen si no se desarrolla y despliega de manera responsable. Ese es el enfoque de nuestro trabajo cada día en el Instituto de Seguridad de la IA de EEUU, donde nuestros científicos están comprometidos con la sociedad civil, el ámbito académico, la industria y el sector público para que podamos entender y reducir los riesgos de la IA, con el objetivo fundamental de aprovechar los beneficios. La visión estratégica que presentamos deja claro cómo pretendemos trabajar para lograr ese objetivo y destaca la importancia de la cooperación con nuestros aliados a través de una red científica global. La seguridad fomenta la innovación, por lo que es fundamental que hagamos esto bien y que lo hagamos en concierto con nuestros socios de todo el mundo para asegurar que las reglas sobre la IA sean escritas por sociedades que defienden los derechos humanos.