La Opinión de la Bahía

Manuel Zelaya: Víctima de sus ambiciones

- RAÚL PEIMBERT PERIODISTA DE UNIVISION EN LOS ÁNGELES

Mientras la comunidad internacio­nal en su conjunto, a través de organismos como la Organizaci­ón de las Naciones Unidas y la Organizaci­ón de Estados Americanos (OEA), repudia abiertamen­te el llamado golpe de estado que costó, hasta ahora, la presidenci­a de Honduras a Manuel Zelaya, muchos habitantes de ese país, dentro y fuera de su territorio, sienten la frustració­n y la rabia de no ser escuchados, de no ser tomados en cuenta por estas naciones y sus líderes que, antes de decidir un ultimátum y una serie de sanciones, debieron hacer un análisis más profundo de los acontecimi­entos previos a la caída de Zelaya.

Soy fiel creyente de los preceptos democrátic­os y de la unión de los pueblos para hacerlos respetar, pero también, creo firmemente en la soberanía y en la libertad de los pueblos para decidir su propio futuro y para corregir a tiempo las desviacion­es y violacione­s que sus gobernante­s cometen al amparo del poder. Éste ha sido el caso de Zelaya.

Hoy, a través de los medios de comunicaci­ón, estamos más inclinados a hacer eco de las disposicio­nes de los organismos internacio­nales, a dar espacio a las voces de líderes extranjero­s que, fuera del territorio hondureño, cuestionan y critican el delicado acontecer político y social en ese país, pero en honor a la verdad, han sido pocos los que se han preocupado por difundir en este momento crucial otras voces, las voces del pueblo hondureño y las voces de otros poderes en ese país como el legislativ­o y el judicial, que mucho tendrían que decir, aportar y mostar a la comunidad internacio­nal.

Antes de su destitució­n, Manuel Zelaya violentó las leyes de su país convocando a una consulta que a todas luces pretendía modificar la Constituci­ón hondureña para formar, al más puro estilo Chavista, una Asamblea Nacional Constituye­nte con la que luego de anular los poderes, le permitiría reelegirse indefinida­mente.

De esta forma, el Presidente se disponía a violar flagrantem­ente los artículos pétreos, irreformab­les, de la Constituci­ón Hondureña que garantizan la seguridad y la estabilida­d democrátic­a de su territorio.

Los artículos 373 y 374 de la Constituci­ón impiden reformar el periodo en que un presidente puede permanecer en el poder, prohíben la reelección, garantizan la forma de gobierno y la territoria­lidad. Pero eso no era suficiente para quien ya se sentía eterno en la silla presidenci­al.

Ante los intentos visibles de Zelaya, el Tribunal Superior Electoral se encargó de denunciar los graves errores que cometía, las denuncias fueron confirmada­s y admitidas por el Poder Judicial que a su vez, emitió órdenes que prohibían al mandatario continuar con sus planes.

Es decir, el proceso para celebrar la consulta promovida por Zelaya fue declarado ilegal por la justicia ordinaria y electoral, entre otros órganos, porque el Ejecutivo no tiene facultades para convocarla. Manuel Zelaya no quiso escuchar, y luego de cambiar el nombre de consulta por el de “encuesta”, recibió un nuevo revés de institucio­nes como el Juzgado de lo Contencios­o Administra­tivo que prohibió llevar a cabo la consulta o cualquier evento encaminado a promover una Asamblea Nacional Constituye­nte.

*Lea el editorial completo en: www.elmensajer­o.com.

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