Campaña para frenar la detención de niños y familias
Activistas luchan contra la Administración Trump que ha recrudecido las restricciones para el asilo, desatando así una prolongada lucha en los tribunales
Mientras miles de estadounidenses conmemoraban el Día de Acción de Gracias, niños migrantes como “Mario” permanecían encerrados en un centro de detención para familias en Dilley (Texas) y sin un destino claro, por lo que Amnistía Internacional USA hará una campaña digital para exigir su puesta en libertad.
En el Día Universal del Niño, el grupo humanitario quiso destacar esta semana la urgencia de que la Administración Trump no solo ponga en libertad a las familias migrantes sino que cese la práctica de su detención indefinida.
El lunes, un juez federal en San Francisco (California), Jon Tigar, bloqueó temporalmente las restricciones de asilo que impuso la Administración Trump el pasado 9 de noviembre para solicitantes de asilo en la frontera sur.
La Administración Trump ha insistido desde siempre en que el Congreso debe eliminar “las lagunas legales” que, a su juicio, alientan la inmigración ilegal en EEUU, además de que defiende las condiciones en los centros de detención para familias y su combate contra los cruces ilegales en la frontera sur.
Hasta ahora, el sistema judicial ha servido de contrapeso a las acciones de la Administración que, según los activistas, contravienen las leyes federales, la Constitución, y los convenios internacionales.
Pero el martes, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, condenó el dictamen del juez Tigar, a quien calificó como uno de varios “jueces activistas que imponen sus preferencias por políticas de fronteras abiertas”.
“Esta decisión abrirá las compuertas, invitando a un sinnúmero de extranjeros ilegales a que inunden el país a costas del dinero de los contribuyentes estadounidenses”, dijo Sanders.
Amnistía Internacional USA ha liderado una campaña de presión para lograr la puesta en libertad de familias en el centro de detención en DIlley que, con 2,400 camas, es el más extenso en EEUU.
De aproximadamente un centenar de familias reunificadas y enviadas a Dilley, 37 han afrontado una detención de al menos cinco meses.
El viernes de la semana pasada, 29 familias salieron en libertad, tras una decisión que ha puesto bajo los reflectores lo que Amnistía Internacional califica como una política de “hostilidad” hacia los solicitantes asilo.
Sin embargo, ocho familias centroamericanas, incluyendo “Mario” y su madre, “Andrea”, continúan bajo encierro de forma indefinida desde que cruzaron ilegalmente la frontera el pasado 8 de mayo.
El encierro de “Andrea” y “Mario”
Mientras otros niños de su edad piensan en las vacaciones o en la temporada de compras navideñas, “Mario” lo único que pregunta, casi a diario, es cuándo saldrá del encierro, y confunde cada sobre o correspondencia que recibe “Andrea” con un aviso de su pronta salida.
Los pocos juguetes que tiene en el centro le aburren, la comida de siempre lo tiene “harto” y le ha quitado el apetito, y en las clases de inglés –hacinado con otros niños y jóvenes- tampoco le va mejor: según “Andrea”, el niño apenas ha podido aprender los números, y le preocupa que sea un problema de aprendizaje por la ansiedad que siente en condiciones de encierro.
Frustración
La frustración lo asaltó con dureza hace unos días, cuando tuvo que despedirse de otros niños y familias que fueron puestas en libertad tras ser reunificadas por orden judicial.
“¿Cuándo nos vamos?”, es su pregunta todo el día, todos los días, y la respuesta de “Andrea” es siempre la misma: “no lo sé”.
Esa es la situación que, en entrevista telefónica desde Texas con este periódico, describió esta semana Katy Murdza, coordinadora del “Proyecto Pro Bono en Dilley”, que da representación legal gratuita a muchas familias detenidas en ese centro.
“Nuestro otro gran objetivo es poner fin a la detención de familias. La Administración ahora dice que está manteniendo juntas a las familias, pero es que tampoco deberían estar encerradas, y los niños en particular no pertenecen en un lugar como ése”, argumentó Murdza.
“Acá vemos el daño físico y emocional que sufren los niños, acá no hay especialistas, como un cardiólogo, o un ginecólogo para las mujeres embarazadas, y les dicen que tienen que esperar hasta salir en libertad. A veces oímos a padres que temen que sus niños tienen algún problema respiratorio grave, y solo les dan algún remedio como Vicks VapoRub”, señaló.
Murdza condenó la política de “tolerancia cero” en la frontera sur, que aceleró la detención prolongada de familias y, recientemente, ha incrementado las trabas en el proceso de asilo.
“Cualquier padre o madre haría lo que fuese necesario para proteger a sus niños, y si emprenden ese difícil viaje a EEUU es porque sienten que no tienen opciones, que su país ya no es un lugar seguro para sus hijos. La detención no es eficaz; es costosa y traumática para estas familias, y el gobierno debería permitirles llegar a su destino final, presentar su caso ante un juez y seguir su proceso de asilo”, subrayó Murdza.
“Andrea” y “Mario” huyeron del acoso y violencia que afrontaron en Guatemala por ser miembros de la comunidad indígena Q´eqchi, y jamás pensaron que al llegar a EEUU serían separados durante 73 días.
“Andrea” fue transferida a tres centros de detención en el suroeste mientras que “Mario” fue enviado a Nueva York, antes de que finalmente fuesen reunificados y enviados a Dilley el pasado 25 de julio.
Juntos ya han pasado 118 días bajo encierro, es decir, 2,832 horas de espera a una resolución de su caso.
La mayoría de las familias en Dilley provienen de los países del “Triángulo del Norte” –Guatemala, El Salvador y Honduras-, considerada una de las zonas más violentas del mundo.
Rebecca Ma, subdirectora de la campaña, señaló que la detención de familias “es cruel e irresponsable, y traiciona a las familias que huyen de la violencia y que simplemente piden protección”.
“Las familias que buscan asilo deben ser puestas en libertad, con opciones distintas a la detención, y deben tener una oportunidad justa y humana para defender sus casos”, señaló.
Por su parte, Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional USA, afirmó: “Lo que el gobierno de EEUU está haciendo es abominable. Bien podría poner en libertad a estas familias mientras solicitan asilo”.l