GOLPE AL TPS
Hace unos días, en un fallo unánime la Suprema Corte de Justicia decidió que miles de inmigrantes que viven aquí protegidos por el programa TPS (Estatus de Protección Temporal) no son elegibles para la residencia permanente y para solicitarla deben salir del país, si entraron originalmente al país de modo ilegal.
El tribunal dictaminó que el ajuste de estatus está reservado para quienes fueron inspeccionados en la frontera y admitidos por un agente de inmigración. Y que ser aceptado para el TPS no constituye en sí “admisión” legal a Estados Unidos.
Esto da un duro golpe a las esperanzas de naturalización de muchas de las 400,000 personas que llegaron de 12 países donde su vida corría peligro por catástrofes naturales como un terremoto o por guerras civiles. Estos son Birmania, El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Venezuela,
Somalía, Sudán del Sur, Sudán, Siria y el Yemén.
Ahora, cuando se revoque la vigencia del TPS para cada país, la única opción que les quedará a muchos de ellos será regresar a sus países de origen o sufrir una posible deportación.
El TPS les ha dado durante muchos años la posibilidad de residir legalmente y de trabajar. Aquí se asentaron, crearon familias y tuvieron hijos estadounidenses. Formaron comunidades. Ahora, sus expectativas de convertirse en parte orgánica del país que los acogió generosamente y al cual ellos ayudaron como trabajadores, consumidores y contribuyentes se ha reducido.
En su decisión, la Corte dio la razón a la administración Biden, para la cual quien entró al país ilegalmente pierde de esa manera el derecho de solicitar la residencia, una convicción que comparte con el gobierno de Trump.
El dictamen podría tener efectos perniciosos más allá del programa TPS, afectando el proceso migratorio de los 700,000 beneficiarios de DACA, los Dreamers, que llegaron en su infancia al país de manos de sus padres, quienes entraron como indocumentados, aquí crecieron y son estadounidenses en todo menos en los documentos.
Biden no debe repetir los errores del gobierno de Obama, quien finalmente no cumplió con su promesa de reforma migratoria formulada durante sus campañas electorales.
En el primer día de su gobierno, el presidente presentó al Congreso una propuesta de reforma migratoria. Pero no ha vuelto a mencionarla.
La Cámara Baja aprobó legislación que permitiría a los “tepesianos” convertirse en residentes permanentes. La iniciativa espera el debate y votación en el Senado.
Tal como indicó la Suprema Corte, solo una acción legislativa puede generar cambios. Es necesario que la administración tome seriamente su responsabilidad. Que reviva el proyecto de ley migratoria y utilice todo su capital político para hacerlo aprobar.l