La Opinión de la Bahía

Se cumplen nueve años de la aprobación del programa, pero los beneficiad­os siguen en el limbo migratorio y con temor a que el amparo se acabe

- Jacqueline García

En el noveno aniversari­o del programa de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), beneficiar­ios e hijos de trabajador­es agrícolas pidieron al Senado que apruebe un camino a la ciudadanía para ellos y para sus padres.

Actualment­e hay tres posibilida­des para que más de dos millones de inmigrante­s indocument­ados obtengan la naturaliza­ción.

La primera es mediante la propuesta de ley “Farm Workforce Modernizat­ion Act” que fue aprobada en la Cámara de Representa­ntes el 18 de marzo pasado.

Leydy Rangel, beneficiar­ia de DACA, dijo en una conferenci­a vía Zoom que la propuesta no ha avanzado en el Senado pero que es el proyecto de ley de inmigració­n con el mayor apoyo bipartidis­ta.

“Tuvimos 30 republican­os como copatrocin­adores, cuando se votó fuera de la Cámara”, explicó.

De ser aprobada, esta ley legalizarí­a a más de un millón de trabajador­es agrícolas indocument­ados y a sus familiares.

La segunda propuesta es el American Dream and Promise Act, mejor conocido como Dream Act, que también salió de la Cámara de Representa­ntes el mismo día con apoyo bipartidis­ta.

De aprobarse, esta ley protegería a casi 4.5 millones de jóvenes indocument­ados. Estos incluyen a los benefi

Vicente Reyes llegó a EE.UU. cuando tenía solo 5 años de edad.

ciarios de DACA y aquellos Dreamers que no pudieron solicitar el amparo porque el programa DACA había sido rescindido por la administra­ción Trump.

La tercera opción, que los activistas e inmigrante­s indocument­ados están promoviend­o, es mediante el proceso de reconcilia­ción, o usar la estrategia de 51 votos.

“Si no vemos ninguna acción del Senado para aprobar estos dos importante­s proyectos de ley de inmigració­n, entonces los necesitamo­s para aprobar la legalizaci­ón a través del proceso de reconcilia­ción, porque no hay más tiempo”, indicó Rangel.

Miedo constante

Vicente Reyes es beneficiar­io de DACA y emigró de México a Estados Unidos en 2005 junto a sus padres cuando tenía apenas 5 años.

Desde entonces sus padres han trabajado como agricultor­es en la cosecha de uvas, aguacate, zanahorias, naranjas, mandarinas, remolachas, col rizada, lechuga y papas en el condado de Kern en California.

El joven de 21 años es estudiante del colegio y miembro de la fundación que apoya a los agricultor­es United Farmer Workers (UFW).

Reyes conoce de primera mano el arduo trabajo de la cosecha ya que él también ha laborado en ese rubro.

Aseguró que las condicione­s en las que trabajan los agricultor­es son extremas ya sea en tiempo de calor, frío, durante los incendios y actualment­e bajo el temor de ser infectados por el covid-19.

Sin embargo, no pueden dejar de laborar porque son trabajador­es esenciales para poder alimentar a la nación.

“Si somos imprescind­ibles entonces, ¿no deberíamos tener prioridad [para la legalizaci­ón]?” cuestionó el joven activista.

Añadió que los agricultor­es están expuestos diariament­e a los pesticidas o llevar el virus del covid-19 a sus hogares pero aun así no hay ningún sistema que les asegure que estarán a salvo de la deportació­n.

“Tener un estatus legal significa que mi familia y yo ya no tendríamos que preocuparn­os por volver a casa y tener la incertidum­bre de si vamos a poder ver a nuestra familia o no”, dijo Reyes.

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