PARA PREVENIR CORRUPCIÓN EN EL CONGRESO
Según una nueva investigación de The New York Times, 97 congresistas y sus familias compran o venden activos financieros en industrias afectadas por el trabajo de su comité legislativo.
En estos comités, especialmente los que tienen jurisdicción sobre política fiscal, se manipula información privilegiada, tanto en el trabajo legislativo propiamente dicho como en “sesiones clasificadas o reuniones con electores, donantes, ejecutivos corporativos, reguladores y otros funcionarios gubernamentales”, según la nota.
De los 50 congresistas más activos en los mercados, 45 lo hacen en empresas relacionadas a sus asignaciones. 13 reconocieron haber traficado en acciones corporativas cuyos comités estaban investigando.
La ley STOCK Act de 2012 condiciona su actividad financiera a que “no negocien con información privilegiada” y obliga a revelar las transacciones, pero impone “castigos” risibles, como una multa de $200. Según una investigación del sitio Insider, 72 miembros del Congreso violaron esta ley en 2021, con excusas tales como ignorancia de la ley o errores administrativos.
Mucho más estrictas son las reglas para otros segmentos, como abogados de derecho corporativo, ejecutivos en el comercio de capital privado u organizaciones de noticias.
La actividad financiera de los congresistas es un foco de potencial corrupción porque podrían estar actuando a favor de las compañías en donde poseen activos.
Los implicados militan en ambos partidos políticos. Hay entre ellos liberales, moderados, conservadores y los llamados Ultra MAGA.
El Times compiló 3,700 operaciones con posibles conflictos de intereses. Constituyen más del 10% del total de compras o ventas efectuadas por los 535 miembros del Congreso y sus familias, un alto porcentaje, que sugiere que no son decisiones casuales.
El problema es que son los legisladores mismos los encargados de regular su propia actividad financiera.
Se requiere un cambio, y el público lo apoya. Una encuesta de Morning Consult en enero mostró que a casi dos tercios de los encuestados les gustaría ver una prohibición de que los miembros del Congreso negocien, incluido 69% de los demócratas y 58% de los republicanos.
El problema no se circunscribe al poder Legislativo. Una investigación del Wall Street Journal de septiembre de 2019 halló que 131 jueces federales violaron la ley al tratar casos en los que tenían intereses financieros.
Una posible solución es que estos funcionarios coloquen sus inversiones y propiedades en un así llamado “fideicomiso ciego”, en los que no saben qué activos tienen, ni tienen la autoridad para administrarlos, durante los términos de su labor gubernamental.
El congresista republicano de Texas Chip Roy y la demócrata de Virginia Abigail Spanberger, con 67 coautores, están avanzando una propuesta de ley que precisamente obligará a todos sus colegas a poner sus propiedades en este tipo de fideicomiso.
Esta ley es necesaria para eliminar cualquier acto de corrupción actual, cualquier incentivo a cometerlo e incluso la apariencia de que ese acto sea posible.