Opiniones divididas sobre pruebas a beneficiarios de cupones
Beneficiarios de programas de asistencia social se encuentran divididos ante la ley que requiere que todos los solicitantes se realicen una prueba de droga, que hace poca fue detenida en una corte federal.
Jenyfl Álvarez, que recibe ayuda por asistencia para cupones de alimentos, dijo que está en total desacuerdo con esta ley que impuso el gobernador Rick Scott, en junio del 2011.
Scott dijo que apelará esta decisión.
“Me parece bien ridícula esta ley, algo sin sentido. Se está violando nuestros derechos”, exclamó esta madre de tres niños que buscaba ayuda en la iglesia cristiana Renuevo, en Kissimmee.
Como otras familias, la cubana acude cada semana a buscar orientación y asistencia social en esta iglesia debido a la crisis económica.
“Perdí mi empleo, casa, no tengo seguro médico, mis hijos tienen Medicaid. Estoy buscando qué servicios puedo obtener. La crisis aún no ha pasado”, comentó Álvarez.
La legislación aprobada en Florida exigía a todos los solicitantes de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) pasar un examen que prueba el consumo de sustancias ilícitas.
Los solicitantes eran notificados si tenían o no que realizar la prueba al momento que solicitaban los beneficios y estaban obligados a pagar por esta prueba ($25 - $45). Si resulta negativo se le otorga un reembolso, y si da positivo no eran elegibles para los beneficios por un año y no se les paga por la prueba.
La demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de la Florida, junto a Florida Justice Institute (FJI), fue presentada en septiembre de 2011 en el Distrito Medio de Florida a nombre de Luis Lebrón, de Orlando, veterano de la Marina, padre soltero y a cargo de su madre discapacitada, que pidió ayuda pública para salir adelante.
La Corte del Circuito Once de Apelaciones sostuvo que el tribunal de primera instancia tenía razón en poner fin a la ley y considerarla inconstitucional.
"Estoy muy contenta por Luis y su familia, y por los miles de miembros de la clase que él representa, de que otro tribunal haya afirmado que todos nosotros estamos protegidos de búsquedas irrazonables, invasoras y sin sospecha", afirmó María Kayanan, directora jurídica adjunta para la ACLU de la Florida y abogada principal en el caso.
De acuerdo con la ACLU, durante los cuatro meses que la ley estuvo activa en el estado, se realizaron pruebas a 4,086 beneficiarios de servicios sociales, pero solo 108 individuos resultaron positivos, una tasade 2.6%.
La colombiana Blanca Luz Belliza, que recibe cupones de alimentos por $16 al mes, dijo que está a favor de la ley. “No me molesta. Siento que el que nada debe nada teme, y a veces hay muchos que abusan del sistema”.
Mientras, Jairo García, pastor sénior de la iglesia cristiana Renuevo, que ve como cientos de familias llegan buscando ayuda y está en total desacuerdo con esta ley.
“Es como una deslealtad para las personas que reciben ayuda del Gobierno. Es un discrimen feo, más que racial”, comentó.