Puerto Rico apelará inconstitucionalidad de ley de quiebras
San Juan — El Gobierno de Puerto Rico anunció que apelará ante un tribunal de apelaciones en Boston la decisión del juez federal Francisco Besosa del Tribunal Federal del Distrito, quien determinó que la ley conocida como la ‘ley de quiebra criolla’ es inconstitucional.
Según Besosa, esta ley de quiebra es una contradicción con la norma federal que regula los procesos de bancarrota y que rige también en Puerto Rico por tratarse de un Estado Libre Asociado a Estados Unidos.
“Entendemos que [la decisión] es incorrecta en derecho y deja a Puerto Rico desprovisto de un marco jurídico que permita a nuestras corporaciones públicas cumplir con sus obligaciones de manera ordenada, sin afectar la continuidad de los servicios esenciales que recibe la ciudadanía”, dijo el secretario de Justicia de PR, César Miranda.
Sin embargo, Miranda anunció que recurrirá esa decisión ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston para tratar de rescatar la norma, llamada Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas.
Según explicó, el Código de Quiebras de EEUU establece que las corporaciones públicas y otras entidades gubernamentales de Puerto Rico no tienen disponible las herramientas de ese cuerpo normativo para negociar los términos de sus obligaciones.
‘Limbo jurídico’
Con la aprobación de la legislación local en junio pasado se pretendía crear el correspondiente marco legal y garantizar, según Miranda, el cumplimiento de las deudas, así como “viabilizar la recuperación de las corporaciones públicas de Puerto Rico”, que acumulan juntas una deuda de unos $25,000 millones de dólares. Según el secretario de Justicia, la decisión deja a Puerto Rico “en una especie de limbo jurídico”, pues se le pone en ‘un estado de indefensión.’
“Quedamos privados del único instrumento que teníamos disponible para manejar la deuda de forma ordenada. El efecto práctico de la decisión es que permite un desorden en el cobro de las obligaciones de las corporaciones públicas, una consecuencia claramente incompatible con el propósito del Código de Quiebras de EEUU”, defendió.
Además, dijo estar convencido de que “no existe impedimento legal alguno para que Puerto Rico implemente los procesos establecidos en la ley” y dijo que “considerará los remedios legales disponibles para que el estatuto continúe en vigor.”
La presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (el brazo financiero del Gobier- no) y exsecretaria de Hacienda, Melba Acosta, también habló de ‘estado de indefensión’ respecto a los mecanismos disponibles para que las entidades públicas busquen protección.
De hecho, apuntó en declaraciones a la emisora NotiUno que el mero hecho de haber aprobado esta ley permitió que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) presionara a sus acreedores para que se sentaran a negociar sobre su deuda de $9,000 millones de dólares y aceptaran el retraso de ciertos pagos.
La ley de quiebra buscaba proteger las Obligaciones Generales del Gobierno del arrastre que podría tener el impago de las agencias públicas, ya que el pago de las primeras está garantizado constitucionalmente.
Desde la oposición se pidió al Gobierno que, en lugar de recurrir la decisión, se apoyen los esfuerzos en Washington para que el Congreso modifique la actual ley federal de quiebras e incluya a Puerto Rico.