Confusión y temor por las deportaciones
Grupos exigen a la oficina de aduanas que aclare cómo trabajará con policías locales
Ante la falta de transparencia sobre el programa que reemplazó a ‘Comunidades Seguras’ para deportar a criminales peligrosos, activistas pro inmigrantes exigen a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) garantías de que no se deportará a inmigrantes sin delitos o con infracciones menores.
La Red Nacional de Jornaleros (NDLON) y otros grupos cívicos han solicitado a ICE que divulgue sin demora información detallada sobre el programa de prioridades de deportación, conocido como PEP, que reemplazó a Comunidades Seguras.
“No se sabe bien cómo es que PEP será distinto a Comunidades Seguras, ni ha dado pruebas de que en realidad ha concluido ese programa”, dijo Esmeralda Daci, de la Clínica Legal de Justicia para Inmigrantes de la Facultad de Leyes de Cardozo, en Nueva York. “No queremos que el cambio sea solo de nombre, queremos que no se cometan los abusos que propició Comunidades Seguras”.
En el marco de su nueva estrategia para enfocar los recursos en “criminales y no en familias”, el presidente Barack Obama ordenó en noviembre pasado el fin de ‘Comunidades Seguras’ y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha iniciado la transición hacia la implementación de PEP.
“Comunidades Seguras era un programa nefasto y vamos a estar bien atentos a que, como nos han explicado, la Policía no va a seguir colaborando con la migra para deportar a nuestra gente”, dijo Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA de Maryland, una organización aliada de la Casa Blanca en la lucha por la reforma migratoria.
Para Torres, ICE “tiene que cumplir la prome- sa de que solo deportará a criminales y no a personas que están contribuyendo a este país”.
Vincent Picard, portavoz de ICE, dijo que la agencia está siguiendo las prioridades delineadas por el secretario del DHS, Jeh Johnson.
Dentro del programa PEP se trabajará con las autoridades policiales locales y estatales para identificar a “individuos condenados por un crimen, sospechosos de terrorismo o espionaje, o que suponen alguna otra amenaza a la seguridad nacional”.
Bajo el programa Comunidades Seguras, también conocido en inglés como ‘S-Comm’, las cárceles locales compartían las huellas digitales de los detenidos no sólo con el FBI sino también con ICE para identificar a los criminales peligrosos que pudiesen deportar.