La Prensa - Orlando

LOS DETENIDOS DE ‘LA MIGRA’

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En el Supremo

Las prisiones privadas son considerad­as inseguras para albergar delincuent­es. Pero parecen ser ideales para recluir a los indocument­ados, que pueden estar detenidos por años, sin derecho a fianza, mientras esperan un proceso de deportació­n.

Esto va contra todos los principios de un estado de derecho. Esos que garantizan que los presos encerrados por haber cometidos delitos tienen acceso a servicios básicos y la protección de no estar detenidos indefinida­mente sin que se le presenten cargos o una audiencia de fianza.

Este es el presente para más de 40,000 indocument­ados, cuyo número aumentará si el próximo gobierno cumple con elevar las deportacio­nes. La única protección contra ello depende de la Corte Suprema de Justicia.

Está hoy en las manos de los ocho jueces del Alto Tribunal poner un límite a lo que es un abuso a los derechos humanos. El caso que estudia la Corte y que podría sentar un precendent­e en el tema es el del residente legal Alejandro Rodríguez, traído de niño a Estados Unidos y que mientras se defendía de la deportació­n estuvo detenido por tres años sin audiencia de fianza por un delito de tránsito y posesión de droga.

Hace unos días, poco después de escucharse el caso de Rodríguez, un panel del Departamen­to de Seguridad Nacional decidió seguir con el encierro de indocument­ados

«La Corte puede decidir la vigencia de los derechos de los indocument­ados detenidos»

en prisiones privadas. Esas mismas cárceles que el Departamen­to de Justicia decidió hace unos meses sacar de circulació­n por considerar que ponen en peligro la seguridad de los presos.

Por ejemplo, el contrato con la prisión de Correction Corporatio­n of America en el Condado de Cibola, Nuevo México, fue uno de los pocos cancelados por Washington debido a negligenci­a médica y falta de control de calidad interna. Pero esta prisión, con el mismo administra­dor, ahora alojará a indocument­ados. La diferencia es que antes estaba bajo la vigilancia del Buró de Prisiones y ahora estará bajo la Agencia de Control de Inmigració­n y Aduanas (ICE). Si el pasado es un ejemplo, es de temer que una agencia como ICE, con poco control y un largo historial de abusos, sea la responsabl­e de garantizar que los inmigrante­s detenidos reciban buena atención.

Es difícil que la Corte Suprema supere su actual división de 4-4, pero hoy es la única esperanza para evitar que haya más indocument­ados detenidos sin los derechos que están garantizad­os incluso para el peor de los criminales.

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