Abogados demandan al gobierno de Estados Unidos e impugnan la ley PROMESA
Alegan que la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico es inconstitucional
Una demanda contra el gobierno de Estados Unidos fue presentada por un grupo de abogados que impugnan la constitucionalidad de la creación de la Junta de Control Fiscal (JCF) y la imposición de la misma sobre el pueblo de Puerto Rico. Afirman que es una imposición que se está haciendo contra la voluntad de los puertorriqueños, quienes no tienen ningún tipo de participación para escoger a los miembros de esa junta.
Roberto Maldonado y Reynaldo Pérez Ramírez, los abogados que demandaron la Ley PROMESA por considerar que atenta contra la dignidad de los puertorriqueños, visitaron Orlando recientemente. La demanda de 96 páginas trata de impugnar un acto del Congreso porque es “nefasto y viola incluso la propia historia de los Estados Unidos”, de acuerdo con el recurso judicial que se presentó el 23 de abril de este año en un tribunal Federal de Puerto Rico.
“Sin determinar cuáles son los poderes de esa junta, básicamente el Congreso creo esa legislación todo poderosa para tomar decisiones sobre nuestra vida política, económica y social, y eso viola la declaración de Independencia de los Estados Unidos y tratados como son la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y porque tenemos un derecho a la libertad de expresión y al voto”, dijo Maldonado, quien encabeza la demanda.
La reunión informativa con los citados abogados se llevó a cabo en el este de Orlando con la participación de unas 50 personas del público en general y representantes de varias organizaciones, entre ellas Iniciativa Acción Puertorriqueña, Power 4 Puerto Rico, Misión Boricua, Hispanic Federation y Vamos 4 PR.
Según la demanda, la JCF está compuesta por miembros no electos democráticamente y ejerce una concentración de poderes que usurpa las funciones de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial de Puerto Rico, vulnerando el balance del modelo republicano de gobierno y el debido procedimiento de ley sustantivo y procesal.
También indica que varios de los miembros la JCF tienen conflictos de interés por haber estado involucrados directamente en la tramitación de las emisiones de deuda pública, a través del Banco Gubernamental de Fomento, y directa o indirectamente con bancos. En cuanto a la intervención en la vida social de la isla caribeña, la demanda dice que la JCF interviene en la autonomía esencial de la UPR, prepara un plan fiscal para la Autoridad de Energía, reajusta pensiones, requiere reformas laborales y menoscaba acuerdos sindicales, excediendo la autoridad conferida por PROMESA.
Los activistas también informaron que harán una manifestación durante la Cumbre Sunshine del Partido Republicano de Florida, el 29 de junio, frente al hotel Gaylord Palms, en Kisimmee, al mismo tiempo que se lleva a cabo el panel ‘Raising Puerto Rico’, donde participarán Jenniffer González, comisionada residente de Puerto Rico en el Congreso; Bob Cortés, representante estatal de Florida; José Fuentes, exfiscal general de Puerto Rico y Carlos ‘Johnny’ Méndez, representante puertorriqueño.
Marcos Vilar, de Power 4 PR, organización que trajo a los abogados, aseguró que también realizarán una manifestación el 20 de septiembre, justo cuando se cumple un año del paso del huracán María por Puerto Rico, y se plantea hacer movilizaciones en ciudades como Washington, Nueva York y Chicago. Tambián planear viajar desde hasta Mar-a-Lago (la residencia de Donald Trump) para poner allí cruces en memoria de los que murieron durante el ciclón.l