TPS: SENTENCIA DE MUERTE LENTA
No sorprendió que la Administración Trump anunciara la cancelación escalonada del TPS (Estatus de Protección Temporal) para quienes vinieron de Haití huyendo de un terremoto que mató a miles d epersonas. En mayo, el gobierno ya había indicado que ese sería el desenlace.
Aunque tienen 18 meses para reorganizar sus vidas, los 58,000 haitianos con TPS volverán, de hacerlo, a un país sin recursos para absorberlos. Y no son los únicos. El gobierno está matando el programa TPS lentamente.
El 5 de noviembre canceló el programa para 5,700 nicaragüenses, estableciendo el 5 de enero de 2019 como fecha límite para que dejen el país.
La decisión respecto a los 87,000 de Honduras se postergó, en aquella ocasión, en seis meses. Y en marzo expira el permiso para los salvadoreños, el grupo más numeroVR FRQ EHQHÀFLDGRV
Existen fuertes razones para temer que en pocos meses VH RUGHQH HO ÀQ GHO 736 SDUD estos dos grupos y disponga la expulsión de sus miembros. Esto debe evitarse, por ser pernicioso para el país.
El programa TPS fue originalmente iniciado en 1998 para socorrer a las víctimas de catástrofes en sus países de origen. Con los años, abarcó a casi medio millón de refugiados de 13 países. El gobierno justifica su decisión de anularlo diciendo que la situación en los países de origen ha mejorado.
Este análisis es no solamente falso -algo totalmente evidente en el caso de Haití o de El Salvador, países en hondas crisis- sino que enmascara el motivo real de la resolución, la animosidad contra inmigrantes en general y latinos en particular.
La administración Trump declaró que los inmigrantes pueden venir a EEUU solo si el gobierno estadounidense decide que contribuyen a la sociedad nacional. Bien.
Pero los acogidos al TPS ya se encuentran aquí, algunos desde hace 20 años: establecieron raíces, tuvieron un cuarto de millón de hijos que son ciudadanos estadounidenses, contribuyen al país con su trabajo, su servicio y sus impuestos. Son gente de bien, respetuosos de la ley, que superaron múltiples controles de seguridad al renovar sus permisos. El 88% de los salvadoreños y 85% de los hondureños tienen una ocupación. Uno de cada tres compró una casa y pagan hipotecas mensuales.
Si no se evita su expulsión, sobrevendrá una catástrofe humanitaria.
A esta altura, solo el Congreso puede resolver la situación. Existen en ambas cámaras numerosos miembros demócratas y republicanos que reconocen el aporte de las familias del TPS al país y señalan la crueldad que sigQLÀFDUtD VX H[SXOVLyQ
Estos congresistas deben unirse y aprobar una ley que deje aquí a las familias del TPS, con la posibilidad de legalizarse.
El momento es ahora.O