Será más difícil para familias pobres obtener la “green card” y la ciudadanía
El presidente Donald Trump ha querido impulsar reformas legislativas para cambiar radicalmente el sistema migratorio, pero como esos ajustes no encuentran consenso en el Congreso, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y sus distintas oficinas trabajan para modificar reglas con base en actuales leyes, complicando el camino a inmigrantes de bajos recursos, principalmente, para lograr la Residencia Permanente o la naturalización.
Algunos cambios en reglas de asilo, refugio, Residencia Permanente, naturalización y visas de trabajo, entre otros, ya aplican desde el último trimestre de 2019, pero en 2020 serán reforzados por ajustes que planea la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), que dirige en forma interina Ken Cuccinelli.
Lo anterior forma parte una propuesta del DHS cuyos ejes fueron publicados el 21 de noviembre y aunque varias de esas 30 reglas se han ido implementando, hay otras que serán promovidas durante el primer semestre del nuevo año con impacto en trámites de asilo, visas de trabajo, el reforzamiento del sistema biométrico, así como restricciones de empleo para extranjeros con procesos de deportación abiertos. Habrá más reglas que se darán a conocer durante la primavera.
Aunado a ello, el DHS tiene listo su plan estratégico 2020-2024 con un importante enfoque en el sistema migratorio, basado en órdenes ejecutivas del presidente Trump, como la 13788, “Comprar estadounidense, contratar a estadounidenses”.
“El sistema de inmigración de los Estados Unidos sigue siendo vulnerable a las solicitudes fraudulentas de asilo y condición de refugiado”, acusa la agencia en su plan de 76 páginas. “Mientras tanto, las políticas de inmigración han priorizado la mano de obra extranjera sobre los trabajadores estadounidenses y los mejores intereses y necesidades económicas de los Estados Unidos.
Agrega que la revisión de peticiones migratorias tendrá un mayor escrutinio, a fin de reducir fraudes y los extranjeros que arriben sean los que necesita el país.
“El DHS está examinando más a fondo a las personas que buscan beneficios de inmigración… asegurando que los beneficios de inmigración cumplan con la intención legislativa y enfaticen las necesidades económicas de los Estados Unidos, y eliminando las oportunidades de abuso sistemático del sistema”, considera la agencia.
El Dr. Nelson Castillo, abogado que opera en California, reconoce que los cambios en procesos migratorios serán mayores y más complicados, por lo que recordó a los inmigrantes mantenerse al tanto de los ajustes y evitar meterse en problemas, así como ahorrar para lograr la Residencia Permanente o la ciudadanía.
“Lo que yo veo con el Gobierno actual es un enfoque con hacer cumplir la ley de inmigración,
El director interino de USCIS, Ken Cuccinelli, implementará más cambios en peticiones migratorias
que está escrita por el Congreso… desafortunadamente no ha habido cambios a las leyes por parte del Congreso… están muy divididos”, señaló. “Tenemos a un presidente que tiene sus propias ideas acerca de que debería ser el tema migratorio. Sé que hay una gran incertidumbre”.
Destacó que la mejor forma de enfrentar los cambios es informándose y solicitar asesoría, al tiempo que destacó que cada caso tiene características específicas.
“Cada inmigrante es único… vienen de diferentes lugares, con diferentes historias, algunas personas han hecho cosas indebidas en el ámbito migratorio o criminal. Hay una gran diversidad, desde personas que están altamente capacitadas, hasta la persona que no sabe leer ni escribir”, señaló. “Lo más importante es que busque asesoría legal correcta, para que cuente su historia y ese abogado evalúe la mejor opción… Mantenerse informado con gente con licencia”.
Apuntó que a pesar de cambios que se avecinen, algunas de esas decisiones se pelearían en cortes, como ocurre con varias actualmente.
“Ha habido una tremenda respuesta de parte de grupos pro inmigrantes en cuestión de litigios, para tratar de detener o hacer cambiar las políticas migratorias”, señaló. “Algunos están funcionando, otros no. El tema es extremadamente complejo”.
Los cambios de USCIS también se enfocan a luchar contra el fraude migratorio, así como revisar a fondo peticiones de indocumentados, quienes a pesar de las complicaciones podrían tener opciones si reciben asesoría adecuada.
“Un excelente abogado de inmigración que tiene licencia y experiencia le puede ayudar a un inmigrante a guiarlo, a entender sus opciones migratorias que pudieran ser inmediatas o a veces a largo plazo”, recomendó el Dr. Castillo.
“Ayudarle a esa persona a entender que, por ahora… si no se puede hacer algo, tal vez en el futuro podría, cómo debe prepararse para cuando haya esa eventualidad, incluyendo la mejor conducta, estar al día con sus responsabilidades, como pagar los impuestos, documentar su estadía en los EEUU”.
Las tarifas
Entre los cambios de mayor impacto están las nuevas tarifas cuya regla final es revisada por la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), luego de recibir alrededor de 4,000 comentarios en el Registro Federal, de organizaciones
civiles, gobiernos, abogados y ciudadanos en general.
Aunque la agencia estima que el promedio de incremento es solamente del 21 por ciento, algunos de sus servicios, como la petición para convertirse ciudadano (Formulario N-400) tendría un alza del 83 por ciento, al pasar de $640 dólares a $1,170 dólares, aunado a que la agencia busca quitar la opción para solicitar exención de pago.
En el caso del Formulario I-485, Aplicación para Registrar la Residencia Permanente o Ajuste de Estatus hay una reducción al costo para adultos del 2%, al pasar de $1,140 dólares a $1,120, pero el precio de $750 dólares para peticiones de menores de 14 años se incrementaría 49%, a fin de unificar el precio. Esto afectará las solicitudes de petición familiar, principalmente, que anualmente registra el mayor número de procesos con respecto a otras categorías, al sumar más de 320,000 trámites contra 138,000 de aquellas basadas en el empleo.
La medida también hará más caro que un indocumentado pueda obtener la “green card”, ya que para las entrevistas en consulados requiere de un “permiso” que actualmente tiene un costo de $285 dólares por una persona y de $570 dólares por familia. La unificación del precio será de $1,800 dólares, un aumento de hasta 532%.
La regla final de nuevas tarifas podría aplicarse al terminar el invierno o iniciando la primavera.
La regla de “carga pública”
En diciembre, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito falló a favor de la Administración de Trump en la llamada regla de “carga pública”, la cual castigaría a inmigrantes que utilizaron ayudas sociales –como Medicaid o cupones de alimentos– al momento de aplicar por una visa o el cambio de estatus.
Ese pequeño triunfo para USCIS no es aplicable, ya que la política aún está en suspenso, debido a fallos a nivel nacional en dos tribunales federales separados.
La decisión de los jueces de apelaciones 2-1, considera que el actual Gobierno tiene el derecho de interpretar la regla que se marca en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
“Encontramos que la historia del uso de ‘carga pública’ en la ley federal de inmigración demuestra que ‘carga pública’ no tiene un significado fijo e inequívoco”, consideró el juez Jay Bybee. “La frase está sujeta a múltiples interpretaciones; de hecho se ha interpretado de manera diferente, y el Poder Ejecutivo ha tenido la facultad discrecional de interpretarla”.
Aunque la Casa Blanca aplaudió el fallo, reportó CNN, reconoce que no puede aplicar la regla hasta que haya decisión de las otras cortes.
“El fallo no ha logrado nada para reivindicar el estado de derecho, debido a la práctica destructiva de que jueces de distrito individuales se hagan cargo de cuestiones de política nacional al emitir mandatos a nivel nacional”, consideró la portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham. Esta batalla continúa.
Más deportaciones
En el año fiscal que recién terminó, la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que dirige en forma interina Matthew Albence, expulsó a 267,258 personas, un aumento de las 256,085 remociones en el año fiscal 2018.
El objetivo de la agencia en 2020 es deportar –al menos– a 238,000 inmigrantes, además de aumentar las investigaciones a través de su agencia especial (HSI) para detectar fraudes y el empleo de indocumentados.
“(Se) investiga a los infractores de inmigración que obtienen visas a los Estados Unidos de manera fraudulenta, no mantienen su estado autorizado o violan los términos de su admisión legal de conformidad con las leyes federales”, advierte el DHS en el plan estratégico. “El DHS también está creando una cultura de cumplimiento (de la ley) para evitar que los empleadores contraten mano de obra extranjera ilegal”.