UNA DECISIÓN QUE ENTORPECE LA JUSTICIA
La jueza de distrito federal en Florida, Aileen Cannon, decidió el martes a favor de la demanda de los abogados del expresidente Trump de designar a un funcionario independiente para revisar los documentos incautados en su mansión de Mar-a-Lago por el FBI.
Cannon aceptó casi todo lo pedido por el equipo del expresidente, contra las opiniones del Departamento de Justicia. Solo se abstuvo de ordenar que se devolvieran los documentos - que no le pertenecen- a Trump.
Uno de los aspectos más inquietantes de la orden es la prohibición de que el FBI procese los documentos incautados hasta que el funcionario independiente termine la labor de examinar los 11,000 escritos del caso.
Este tipo de mediador, que podría decidir que ciertos materiales están definitivamente fuera de los límites de la investigación del FBI, es común en casos de determinación de la confidencialidad de comunicaciones entre acusados y abogados. Pero Cannon ha ampliado su definición para que también decida en casos de “privilegio ejecutivo”, un derecho de retener información del que gozan los presidentes en ejercicio, pero en el que hasta ahora nadie ha incluido a quienes ya terminaron su período de gobierno. Esto no tiene precedentes.
Uno de los argumentos de la magistrada fue que su concesión prevendrá que Trump siga presentando la búsqueda en su mansión como un ejercicio partidista. Pero el expresidente al celebrar su victoria siguió insistiendo que la investigación es una “caza de brujas”.
También carece de lógica el hecho de tomar en cuenta que la investigación puede dañar la “reputación” de Trump, algo que es cierto para todo aquel investigado o acusado y no por eso se les nombra un funcionario independiente.
La decisión de Cannon sorprendió e indignó a numerosos expertos legales. Para ellos, la jueza le otorgó al expresidente consideraciones especiales que los ciudadanos comunes y corrientes no tienen.
La actitud de la jueza hace relevante la pregunta de quién la nombró a su cargo. Efectivamente, Trump la nominó como uno de sus últimos actos de gobierno; sus audiencias en el Senado tuvieron lugar después de la derrota del expresidente. Es miembro de la Sociedad Federalista, dedicada a promover abogados ultraconservadores a jueces.
Sin embargo, otros jueces nominados por Trump se han abstenido en general de decidir en su favor en alguno de los múltiples casos en los que está implicado o en disputas electorales, siguiendo la ley.
Con su dictamen, la jueza Aileen Cannon postergó casi indefinidamente la investigación federal de la conducta de Trump.
Ha incurrido en un claro entorpecimiento de la justicia, y el Departamento de Justicia debe apelar inmediatamente su dictamen para evitar que su razonamiento se convierta en antecedente y para permitir que la investigación siga su curso.
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