¿QUIÉN DECIDE NUESTRA POLÍTICA MIGRATORIA?
En la fracción MAGA del Partido Republicano la política está definida en gran parte por el odio hacia los demócratas y los republicanos que no idolatran al expresidente Donald Trump. Eso determina su cohesión interna, y no una ideología o una lógica coherente.
Con el tiempo esto ha causado un deterioro sin precedentes en el nivel de sus argumentos; un deterioro que se expande a todos los niveles del gobierno, incluyendo al poder judicial.
Es difícil analizar de otra manera el veredicto que en junio dio el juez Drew Tipton del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas. Tipton decretó ilegal un memorando del Secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, de septiembre de 2021, en el que instruyó a los agentes de ICE a dar prioridad en sus esfuerzos de aprehensión y deportación a indocumentados que “representen una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza y, por lo tanto, amenazan el bienestar de Estados Unidos”.
La orden de Mayorkas, como muchas otras prácticamente idénticas emitidas en años anteriores, se basa en que habiendo millones de indocumentados el gobierno tiene que establecer prioridades de acuerdo con el interés nacional y en virtud de su autoridad procesal ejecutiva. Además de que su presupuesto limitado alcanza para procesar a menos de 100,000 inmigrantes.
Al ignorar la realidad, el juez Tipton, nominado por Trump en 2020, de esa manera asumió personalmente el control de la política migratoria del país.
Pero el veredicto carece de asidero en el precedente, en las leyes federales, en el sentido común y en la comprensión de cómo funciona el Ejecutivo.
Es dudoso que los estados tengan derecho a apelar la acción federal, así como que este juez esté autorizado para regular la agencia migratoria. No hay un solo analista judicial serio que no considere con asombro el razonamiento del juez Tipton.
Es por eso que sorprende que hayan pasado cinco meses desde ese absurdo veredicto sin que sea echado por la borda como lo que es, una decisión dictada por fidelidad partidista.
Porque en julio, cuando la Corte Suprema acordó escuchar el caso, dejó al mismo tiempo en pie sorpresivamente el fallo de Tipton que anula la independencia migratoria federal.
Finalmente, ya se ha iniciado el debate sobre el caso en el máximo tribunal, donde los nominados por republicanos tienen mayoría de 6 contra 3, y que ahora sí deberá decidir si el dictamen de Tipton es legal. Es más: deberá decidir entre su frenesí partidario y el dominio de la ley.
Por otra parte, los jueces ya demostraron en el pasado que su ímpetu partidista no es suficiente para que rompan con la legalidad constitucional a la que están obligados.
Si permiten que la farsa judicial de Tipton prevalezca sentarán un precedente peligroso para el dominio de la ley y lo harán en aras de un debate político cuyo lugar está fuera de los tribunales.
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