SUPREMO DEBATE CONTROL A LAS REDES SOCIALES
La Corte Suprema escuchó los argumentos de las partes en el caso NetChoice (asociación comercial de plataformas de redes sociales) v. Paxton (fiscal general de Texas). Su decisión podría tener un efecto crucial y duradero sobre la libertad de expresión y el intento de los gobiernos de limitar la crítica y el futuro de los medios sociales.
En agosto de 2021, Texas aprobó la ley HB20 que prohibía a los grandes medios sociales como TikTok, Twitter o Facebook censurar contenido. Una ley similar en Florida también está bajo escrutinio judicial en el caso Moody v. NetChoice.
Un tribunal de distrito determinó que el proyecto de ley texano violaba la libertad editorial de las plataformas, protegida por la Primera Enmienda. En apelación, un tribunal superior sostuvo que moderar contenido no es un discurso protegido y revirtió esa decisión. La ley está en suspenso.
Ninguna de las partes tiene como objetivo supremo el bien público. Estas leyes son parte de un intento de acallar a quienes piensan distinto. En ese intento, los estados se atribuyen poderes nacionales. De implementarse, según el New York Times, “podrían transformar la forma en que ha funcionado Internet durante décadas, con amplias consecuencias para los esfuerzos… para regular Internet”, y el Washington Post: “las leyes en Florida y Texas, motivadas por quejas conservadoras sobre la censura, violan la Primera Enmienda. La decisión del tribunal podría alterar fundamentalmente la naturaleza del discurso en Internet”.
Por ejemplo, la ley haría que si los medios sociales permiten contenido sobre prevención del suicidio y contenido “prosemita”, también tendrían que permitir contenido prosuicidio y antisemita, y en general, discurso pronazi, propaganda terrorista y la negación del Holocausto.
YouTube elimina un video o un comentario miles de millones de veces cada año, y según la iniciativa en litigio deberá proporcionar un aviso y una explicación cada vez que bloquea contenido.
Pero el objetivo real de las gigantescas empresas citadas “es la recopilación y monetización de nuestros datos y la galvanización de su poder económico”, según American Economic Liberties Project en un escrito amicus curiae apoyando a Texas.
En el ambiente caldeado actual, la decisión del Supremo, posiblemente en junio, podría incidir en las elecciones presidenciales. El expresidente Trump presentó un escrito defendiendo la ley de Florida y la administración de
Biden se puso el año pasado del lado de las empresas de tecnología.
Finalmente, el tema está en manos de un tribunal cuya actual constitución es extremadamente conservadora como lo ejemplifican sus dictámenes contra el derecho al aborto y la ley de Derechos Civiles.
Sí, está en juego la libertad de expresión. La del público estadounidense.
Haría bien la corte en efectivamente declarar inconstitucional la ley de Texas. Pero es también necesario encontrar las maneras de controlar a los dueños de los medios sociales, cuyo papel en la polarización de nuestra sociedad ha sido decisivo, por medio de legislación nacional y estatal que proteja a los usuarios del internet en todo el país.