Demanda en EEUU pide detener programa de acogida de menores centroamericanos
Un grupo de ocho fiscales estatales demandó al Gobierno del presidente Joe Biden por el supuesto abuso del Programa de Refugiados y Libertad Condicional para Menores Centroamericanos (CAM), que permite a ciertos hijos de inmigrantes centroamericanos reunirse con sus padres en suelo estadounidense.
El programa permite a niños de El Salvador, Guatemala y Honduras que califican para el estatus de refugiado o para libertad condicional humanitaria reunirse con sus padres en Estados Unidos sin tener que exponer su vida para cruzar la frontera de forma indocumentada. La demanda asegura que CAM es inconstitucional. En el documento fechado hoy aparecen como demandantes los estados de Texas, Alaska, Arkansas, Florida, Indiana, Missouri, Montana y Oklahoma.
"La última ronda de violaciones flagrantes de la ley de Biden incluye su Programa de Menores Centroamericanos, que ha contribuido significativamente a que muchos estados se vean obligados a aceptar aun más extranjeros. Mis colegas fiscales generales y yo estamos demandando para detenerlo", dijo este viernes en un comunicado el fiscal de Texas, Ken Paxton, que encabeza la acción legal.
En un comunicado aparte, Ron Desantis, gobernador de Florida, afirmó que "la Administración Biden continúa ignorando las leyes de este país y permite que un gran número de extranjeros ilegales crucen la frontera, sin tener en cuenta los posibles antecedentes penales o conexiones con actividades ilícitas".
El CAM fue creado por la Administración del ahora expresidente Barack Obama (2009-2017) como parte de la estrategia para detener la ola de menores centroamericanos no acompañados que se inició en 2014.
La aplicación del programa fue detenida por el Gobierno del ahora expresidente Donald Trump (2017-2021) en agosto de 2017, generando una batalla legal en la que 12 padres y menores beneficiados por el programa y la Organización CASA, exigieron en una corte federal la restauración de la medida.
Más de 13.000 familias presentaron una solicitud mientras el programa estuvo en funcionamiento, de las cuales 1.627 solicitantes fueron admitidos como refugiados y 1.465 personas ingresaron con un permiso especial.
Casi 3.000 peticiones estaban siendo procesadas cuando la Administración de Trump detuvo la emisión de documentos de viaje en enero de 2017. No obstante, el Gobierno siguió recibiendo el dinero de las solicitudes y solo hasta agosto de ese año anunció el fin del programa.