GOBERNADORES DE TEXAS Y FLORIDA CON AGENDAS ANTIINMIGRANTES
PHOENIX (AP) — Gobernados por republicanos que hablan con rudeza y sopesan sus candidaturas presidenciales, Texas y Florida debaten una ley particularmente estricta sobre seguridad fronteriza cuando el Partido Republicano pone a prueba la autoridad del gobierno federal sobre inmigración.
Las medidas en las dos cámaras legislativas estatales controladas por el Partido Republicano se producen en el contexto de polarización en el Congreso federal que reduce las posibilidades de que una ley nacional sobre inmigración sea aprobada, cuando el presidente Joe Biden intenta reducir el cruce de migrantes en la frontera y analiza su propia candidatura para la reelección.
Las propuestas republicanas en Texas se basan en la Operación Estrella Solitaria de 4.000 millones de dólares del gobernador Greg Abbott, que incluye la construcción de más barreras a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México y el traslado de inmigrantes a ciudades gobernadas por demócratas , entre ellas Washington, DC y Nueva York. Los asistentes de Abbott confirman que considera postularse para la presidencia.
La Operación Estrella Solitaria ha agregado más agentes a lo largo de la frontera de Texas con México para frenar a los migrantes que violan la propiedad privada. Ahora, los legisladores de Texas han propuesto crear una nueva policía fronteriza que dipute a ciudadanos comunes, además de convertir en delito estatal ingresar al estado sin autorización legal, con penas de hasta 10 años de prisión.
“Texas está tomando medidas históricas para asegurar la frontera y evitar que las armas, las drogas y los cárteles acometan contra estado”, dijo Abbott en un tuit esta semana. “Mientras el presidente Biden abandona su deber constitucional, Texas continúa asumiendo su responsabilidad”.
El gobernador de Florida, Ron Desantis, considerado el potencial competidor republicano más fuerte de Donald Trump hasta ahora en las elecciones primarias presidenciales del próximo año, ha propuesto que el tráfico de personas en el estado sea un delito punible con hasta cinco años de prisión. Los hospitales estarían obligados a recopilar datos sobre el estatus migratorio de los pacientes, ya las personas que se encuentran en Estados Unidos si autorización legal se les negarían las identificaciones emitidas por el gobierno estatal.
“Texas y Florida son lugares con gobernadores ambiciosos que esperan utilizar a los inmigrantes para promover sus agendas”, dijo la abogada Tanya Broder, del Centro Nacional de Leyes Migratorias (NILC por sus siglas en inglés) que promueve los derechos de los inmigrantes.
A pesar de la retórica de línea dura, Broder dijo que silenciosamente se han hecho avances sobre los derechos de los inmigrantes en los últimos años.
La organización de nivel estatal ha mejorado el acceso de los inmigrantes a la atención médica, la educación superior, las licencias profesionales y las licencias para conducir, según un estudio reciente del que Broder es coautora.
El estudio reveló que Colorado se convirtió en el primer estado en promulgar una alternativa al seguro de desempleo para los trabajadores excluidos. Los votantes de Arizona aprobaron el año pasado cubrieron la matrícula de las universidades estatales para todos los estudiantes que asistieron a la escuela secundaria en el estado, sin importar su estado migratorio.