La Semana

FISCAL GENERAL DRUMMOND DESESTIMA DEMANDA "SIN FUNDAMENTO" DEL GOBERNADOR

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OKLAHOMA CITY - En una creciente lista de desavenenc­ias entre el gobernador Kevin Stitt y el Pscal general de Oklahoma, Gentner Drummond, esta semana Drummond asumió el control de una demanda estatal que Stitt ha interpuest­o contra una empresa a la que, según Drummond, el gobernador ha culpado incorrecta­mente del mal uso de cientos de miles de dólares en fondos de ayuda a la educación. Drummond también desestimó el litigio.

"He sido claro y coherente en la comunicaci­ón con el gobernador sobre este asunto", dijo Drummond. "No permitiré que se malgasten fondos de los contribuye­ntes y recursos del estado en la persecució­n de este pleito sin fundamento".

El Pscal general, que el año pasado desestimó una demanda similar interpuest­a contra el mismo proveedor, mantiene desde hace tiempo que son los agentes estatales, y no Classwalle­t, con sede en Florida, los responsabl­es del mal uso de los fondos federales de ayuda destinados a ayudar a las familias con los gastos educativos durante la pandemia.

El mes pasado, Drummond denegó la solicitud del gobernador Stitt de volver a presentar la demanda, señalando que sería un "ejercicio inútil de mal juicio", dado que los funcionari­os estatales no utilizaron los controles de que disponían para gestionar los fondos.

Una auditoría de la Opcina del Inspector General (OIG) del departamen­to de educación de EE.UU. descubrió gastos y procesos cuestionab­les en torno a 31 millones de dólares en fondos de Ayuda de Emergencia Educativa del Gobernador (GEER). Una auditoría separada de la auditora e inspectora del estado, Cindy Byrd, conPrmó la profunda preocupaci­ón por la falta de supervisió­n y responsabi­lidad de los agentes estatales sobre estos fondos. El informe de la auditora Byrd identipca 39.634 artículos, incluidas consolas de videojuego­s, electrodom­ésticos, muebles y árboles de navidad, por un total de 1.707.377 dólares, que fueron adquiridos indebidame­nte y no tenían una Pnalidad educativa.

En una carta de respuesta al gobernador, Drummond dijo que estos hallazgos socavarían cualquier demanda contra Classwalle­t porque el estado rechazó los controles internos y la supervisió­n, no utilizó los controles disponible­s de Classwalle­t y no desarrolló ninguna política y procedimie­nto de supervisió­n por escrito.

"Las abrumadora­s pruebas demuestran que no hubo supervisió­n ni medidas de control y sugieren que nadie en su administra­ción intentó cerrar el grifo de estos gastos indebidos", escribió Drummond en la carta del 23 de enero.

En su comparecen­cia, Drummond dijo que la demanda deja al estado expuesto a pagar cientos de miles en honorarios de abogados demandados.

"Como guardián de los intereses del estado, no me quedaré de brazos cruzados mientras los fondos de los contribuye­ntes se ven amenazados por demandas frívolas" para cubrirse políticame­nte, escribió en la presentaci­ón.

En agosto de 2022, el entonces Pscal general John O'connor, nombrado por el gobernador Stitt, presentó una demanda inicial contra Classwalle­t alegando que la empresa era culpable del dinero malgastado. Ese litigio permaneció inactivo durante 179 días -un día por debajo del máximo permitido antes de que un caso sea desestimad­o por falta de servicio- antes de ser desestimad­o por Drummond durante su primer mes en el cargo.

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