JUEZ BLOQUEA LEY DE TEXAS QUE PERMITE DETENCIÓN DE MIGRANTES
La decisión se conoce en momentos en que el presidente demócrata, Joe Biden, y el exgobernante Donald Trump (de fuerte discurso antimigración) viajan a Texas para realizar visitas paralelas a la frontera sur.
Un juez de Estados Unidos bloqueó temporalmente el jueves una ley de Texas que permitía desde marzo la detención, prisión o expulsión de migrantes que hayan cruzado la frontera por pasos no autorizados y que permanezcan en este estado fronterizo con México.
“Los estados no pueden ejercer control migratorio, excepto aquel que le autorice el gobierno federal (...) Esta norma entra en con1icto con aspectos clave de la ley migratoria federal y afecta las relaciones exteriores de Estados Unidos”, dijo el juez de distrito David Ezra en una resolución de carácter temporal.
Ezra se pronunció mientras se resuelve un litigo de fondo entre el gobierno estatal y federal sobre el control en la frontera.
La decisión se conoce en momentos en que el presidente demócrata, Joe Biden, y el exgobernante Donald Trump (de fuerte discurso antimigración) viajan a Texas para realizar visitas paralelas a la frontera sur.
Si no hay sorpresas, ambos se enfrenarán en las presidenciales de noviembre, con la migración como un tema clave.
En diciembre de 2023, el gobernador de Texas, Greg Abbott, aliado de Trump, Yrmó la ley SB 4, aprobada por el parlamento del estado.
La normativa se respaldó en lo que él denominó el derecho constitucional de Texas de defenderse ante una “invasión”, cuando los cruces de migrantes, principalmente de América Latina que buscan mejores condiciones de vida, alcanzan cifras récord.
Abbott culpa a Biden de la crisis migratoria. La norma permitía a la policía y fuerzas de seguridad pública de Texas arrestar a personas en el estado que no puedan comprobar que haya cruzado la frontera legalmente y llevarlas a la justicia estatal, donde bien podrían aplicarles penas de hasta 20 años o expulsarlas a México, sin considerar si este país puede aceptarlos.
“Esta ley está dirigida a cualquier persona indocumentada que viva en Texas, ya sea que haya estado durante 10 minutos o durante 10 años y tenga hijos en la escuela”, señaló recientemente Rubén García, presidente del refugio de migrantes Annunciation House.
Abbott ha militarizado un parque en la ciudad de Eagle Pass con acceso al río Grande, frontera natural entre Texas y México, tendió cercas de alambre de púas en un tramo de la ribera e inició la construcción de una base militar.
Todo ello hizo que la administración Biden lleve el tema a la justicia, porque la frontera es jurisdicción federal.
“La inmigración no constituye una ‘invasión’ (...) ni Texas está participando en una guerra”, agregó el juez.
Abbott apelará. “No me preocupa, era lo que esperaba. El juez de primera instancia admite que este caso será decidido por la Corte Suprema de Estados Unidos. Estoy de acuerdo. Texas tiene bases legales sólidas para defenderse de una invasión”, escribió en X.
LA HAYA, marzo (Reuters) - Los jueces de apelación de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazaron la apelación de Venezuela contra la decisión de reanudar una investigación sobre presuntos abusos de los derechos humanos por parte de funcionarios del gobierno.
El año pasado, Caracas apeló la decisión de reanudar la investigación, argumentando que su enjuiciamiento debería desencadenar el principio de complementariedad, en el que el tribunal solo puede intervenir si un país aún no está investigando los mismos delitos sospechosos.
El viernes, los jueces de apelación rechazaron por unanimidad todos los motivos de apelación y dieron luz verde para que el Yscal de la CPI reanudara su investigación sobre los abusos, que podrían caliycarse como crímenes de lesa humanidad.
El gobierno venezolano ha acusado a los opositores políticos de manipular algunos incidentes de abusos de los derechos humanos bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Las autoridades dicen que ya están investigando denuncias de abusos y que no se han producido crímenes a gran escala de lesa humanidad.
"Venezuela rechaza la decisión infundada del tribunal de apelaciones de la Corte Penal Internacional, que corresponde a la intención de utilizar los mecanismos de la justicia penal internacional con Ynes políticos, todo basado en una acusación de supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca ocurrieron", dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, en X.
En 2020, el Yscal de la CPI dijo que había una base razonable para creer que los funcionarios gubernamentales y militares habían cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde 2017.
En una declaración el viernes, la oycina del Yscal dijo que su investigación sobre Venezuela se había reanudado en junio del año pasado y estaba en curso, pero se negó a dar cualquier detalle para garantizar la seguridad de las víctimas y los testigos.
Los manifestantes en 2017 lideraron meses de manifestaciones contra el gobierno, un período marcado por acusaciones de tortura, arresto arbitrario y abuso por parte de las fuerzas de seguridad. Las protestas dejaron 125 personas muertas.