CABILDO PROPONE TUTELAS PARA TERAPIA
Regidoras: nueva unidad ayudará a los más vulnerables
Dos miembros del Ayuntamiento de San Diego proponen una nueva unidad del fiscal municipal que podría colocar a más personas sin hogar en régimen de tutela o en programas para tratar enfermedades mentales o adicciones.
Los miembros del Ayuntamiento Jennifer Campbell y Marni von Wilpert dijeron el martes que pedirán 500 mil dólares más en el presupuesto del año fiscal 2022-23 para financiar la Unidad de Tutela y Tratamiento, que estaría formada por dos fiscales adjuntos y un “coordinador de tratamiento centrado en la persona” de nueva contratación.
Campbell y von Wilpert dijeron que la unidad fue solicitada por la abogada de la ciudad, Mara Elliott, como ampliación del nuevo programa de Intervención Vital para el Tratamiento de su oficina, creado hace unos años. Von Wilpert dijo que la oficina del fiscal municipal ya ha puesto a 11 personas bajo tutela y está trabajando con 20 más.
Con la tutela, un juez
nombra a alguien para que supervise la medicación, las decisiones financieras y otras actividades de una persona.
La nueva unidad se centraría en las personas que utilizan con más frecuencia los servicios de emergencia de la ciudad, dijo von Wilpert.
Como ejemplo, Campbell dijo que una de las 11 personas que ya han sido puestas bajo tutela había realizado 500 contactos con los servicios de emergencia en 12 meses y que una vez fue encontrada por un equipo de los Bomberos de San Diego tirada en las vías del trolley.
“Es hora de que San Diego deje de pasar por alto a estas personas que sufren en nuestras calles”, dijo Campbell. “Debemos empezar a darles la ayuda y la esperanza que merecen”.
Von Wilpert dijo que la nueva unidad ayudaría a aliviar la carga del sistema de respuesta a emergencias de la ciudad.
“Están llamando al 911 solo para conseguir comida”, dijo sobre las personas que serían el objetivo de la nueva unidad. “Llaman al 911 solo para conseguir ropa o refugio, o corren el riesgo de hacerse daño a sí mismos o a otros. Son personas a las que no se puede ayudar pasando por nuestras salas de urgencias. En realidad, necesitan una intervención judicial para volver a ponerse en pie”.
Greg Anglea, director general del proveedor de servicios para personas sin hogar Interfaith Community Services y miembro del Grupo de Trabajo Regional sobre Personas sin Hogar, dijo que no había oído hablar de la propuesta, pero se mostró cauto ante los esfuerzos por aumentar el número de personas sometidas a tutela.
Anglea dijo que, según su experiencia, la tutela es necesaria solo para un pequeño por ciento de las personas de la calle.
En lugar de exigir la tutela, dijo que la mayoría de las personas de la calle podrían ser ayudadas con servicios si éstos fueran adecuados y accesibles.
“Tenemos un sistema absolutamente roto de atención a la salud mental”, dijo. “Dar prioridad a la tutela es mirar el extremo equivocado del espectro”.
El proceso de la nueva unidad del abogado de la ciudad comenzaría con el coordinador del tratamiento, que evaluaría el historial de la persona y decidiría qué camino seguir.
Von Wilpert dijo que no todos los casos darían lugar a la tutela, ya que el coordinador de tratamiento puede remitir a la persona a otras opciones, como el tratamiento ambulatorio, un hogar de grupo, el programa de
embriaguez en serie o un programa de tratamiento asistido con medicamentos para superar una adicción.
Si se solicita la tutela, Von Wilpert dijo que el coordinador de tratamiento accederá al estado de la persona y determinará si debe ser remitida al condado o a la ciudad.
En casos graves, el condado puede solicitar a un juez que designe un custodio público para supervisar a una persona considerada gravemente enferma. Una persona bajo tutela pública puede estar en un centro cerrado y se le puede exigir que tome medicación por mandato judicial.
En casos menos graves, la ciudad puede solicitar al tribunal testamentario que designe un tutor público para supervisar la salud, el refugio y el bienestar de las personas que no pueden tomar decisiones por sí mismas.
Una vez que el coordinador de tratamiento ha evaluado a una persona, los dos abogados adjuntos de la unidad se coordinarían con la oficina del tutor público de la ciudad o del custodio público del condado y presentarían una petición ante el tribunal correspondiente, según un comunicado de prensa de la oficina de Campbell.
Además de remitir a las personas en función de su número de contactos con los servicios de emergencia, von Wilpert dijo que los equipos de ayuda a los sin techo también pueden remitir a las personas a la unidad.
El gobernador Gavin Newsom propuso en marzo un nuevo tribunal de Asistencia, Recuperación y Empoderamiento de la Comunidad
(CARE) que podría dar lugar a que más personas recibieran tratamiento por requisito.
Al hacer su propuesta, Newsom dijo que el nuevo tribunal era necesario porque el sistema actual da lugar a que muy pocas personas sean puestas bajo tutela, dejándolas en la calle y dejando a sus seres queridos frustrados y desconsolados.
Entre los detractores del tribunal propuesto están ACLU California Action, Disability Rights California, Western Center on Law & Poverty y más de 30 grupos más. Entre las preocupaciones planteadas por los grupos se encuentra la cuestión de si el tribunal podría someter a las personas con discapacidad a una tutela rápida y salvaguardar sus derechos.
Von Wilpert dijo que todas las personas que se enfrenten a una audiencia de tutela recibirán un servicio jurídico gratuito a través de un abogado de oficio, y que las audiencias serán públicas.
Campbell y von Wilpert dijeron que la nueva unidad de abogados de la ciudad complementaría al tribunal de la tutela, que aún no ha sido aprobado.
“Hasta que eso ocurra, en San Diego queremos actuar”, dijo von Wilpert.
Está previsto que el proceso de revisión del presupuesto de la ciudad comience el miércoles, y von Wilpert dijo que solicitarán una revisión de 500 mil dólares del presupuesto presentado en abril para financiar la nueva unidad.