CIDH cuestiona fiabilidad y transparencia del 20-M
En la audiencia denominada Proceso electoral y su impacto sobre la situación general de derechos humanos en Venezuela, solicitaron información sobre qué partidos, cuántas personas y por qué motivos están impedidos de participar en las votaciones del 20 de
Mientras Larry Devoe, el representante del Estado venezolano, descartaba cualquier posibilidad de fraude y la imposibilidad de modificar los verdaderos resultados, representantes de organizaciones no gubernamentales –como el Observatorio Electoral, Voto Joven y el Centro de Justicia y Paz– se refirieron a cómo el CNE fue muy expedito para proceder ante las denuncias de fraude en Amazonas en las parlamentarias de 2015 y la omisión del órgano electoral en el caso del estado Bolívar, en el cual las actas prueban la adjudicación ilícita del cargo de gobernador al candidato oficialista. Los representantes de las ONG abogaron por la suspensión de las presidenciales y que se haga una nueva convocatoria electoral que cumpla la normativa vigente y los plazos establecidos por la ley. Espacio Público denunció que en 2018 ha documentado 30 horas de cadenas nacionales obligatorias con fines de proselitismo político y sin regulación alguna.
En la primera audiencia para tratar el caso de Venezuela, en el 168 período de sesiones que se realiza en República Dominicana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado explicar las condiciones en las que se realizarán las elecciones presidenciales del 20 de mayo, luego de que las ONG denunciaran falta de transparencia y garantías del proceso.
Durante la sesión, denominada Proceso electoral y su impacto sobre la situación general de derechos humanos en Venezuela, el presidente de la CIDH y relator para Venezuela, Francisco Eguiguren, solicitó informar qué partidos y dirigentes han sido víctimas de algún tipo de medida de exclusión. Pablo Abrao, secretario ejecutivo del organismo, quiso saber cuántas personas están impedidas de participar en el proceso electoral y cuáles son los motivos por los que no pueden participar.
Beatriz Borges, representante del Centro de Justicia y Paz, respondió: “De un total de 62 partidos políticos registrados por el CNE para febrero de 2016, en febrero de pasado apenas sobrevivieron 17, de los cuales 10 postularon al presidente Nicolás Maduro para la reelección y 4 a Henri Falcón”. Denunció una política de debilitamiento al pluralismo político.
El representante del Estado, Larry Devoe, argumentó que 14 de los 18 partidos que hay en el país participan en los venideros comicios y que incluso dirigentes opositores han avalado el proceso, pese al llamado a la abstención de sus organizaciones.
“El sistema hace imposible la modificación del resultado. La clave numérica no depende de una sola parte: está compartida por el CNE y todos los actores políticos. Hace imposible acceder a los datos”, aseguró Devoe, quien descartó cualquier posibilidad de fraude e indicó que 150 invitados internacionales podrán verificar la efectividad del sistema electoral. También sostuvo que el organismo comicial convocó de forma legítima las elecciones, porque las leyes no estipulan fecha para su realización.
Luis Lander, director del Observatorio Electoral Vene- zolano, rebatió al representante del Estado y dijo que la Constitución establece el final del período presidencial para el 10 de enero, con lo cual la celebración de comicios en mayo no es adecuada. “Un sistema electoral fiable debe ser autorizado por un órgano electoral capacitado”, señaló.
Añadió que la justicia electoral es discrecional y puso como ejemplo la forma expedita cómo se resolvieron las denuncias sobre el fraude en Amazonas en las parlamentarias de 2015, y la omisión que habido en el caso del estado Bolívar en el que las actas prueban la adjudicación ilícita del cargo de gobernador al candidato oficialista.
La coordinadora de Voto Joven, Luisana Subero, denunció que existe “un elevado número de jóvenes que cumplieron la mayoría de edad no se encuentran inscritos en el sistema electoral”. La comisionada Esmeralda Arosemena expresó: “El Estado señaló que el registro está abierto y si quisiera podría registrarse hoy mismo. Quisiera saber la viabilidad de esa indicación”. La respuesta del representante venezolano fue que el registro está abierto permanentemente.
Suspensión. Las ONG abogaron por la suspensión de las presidenciales. Armando Vivas, de Espacio Público, argumentó que una nueva convocatoria debe hacerse “con la publicación oportuna de un cronograma que respete los plazos legales y cumplan con las garantías electorales”.
La comisionada Esmeralda Arosemena planteó la posibilidad de que la CIDH, a la que el Estado no le permite visitar el país desde hace 16 años, participe como observadora en las elecciones: “No sé si exista la posibilidad de que un grupo de la CIDH asista el próximo 20 de mayo a este evento tan importante para los venezolanos”.
En la audiencia también se planteó el respeto a los medios de comunicación durante los procesos electorales. Espacio Público denunció que en 2017 registraron 267 horas de cadenas obligatorias en radio y televisión. “Desde comienzos de 2018, documentamos 30 horas de cadenas nacionales obligatorias. Este mecanismo es utilizado con fines de proselitismo.
Las ONG denuncian ante la Comisión Interamericana las trabas impuestas a la participación política