El Nacional (ENV)

Venezuela, el país más peligroso del mundo

- Miguel Henrique Otero

El relato de cómo Venezuela se ha convertido en el país más peligroso del mundo es revelador: hace patente que la violencia múltiple es el resultado neto de la demolición sistemátic­a de las institucio­nes, y que, en términos de la sociedad, nada tiene consecuenc­ias tan veloces y letales como el acorralami­ento y destrucció­n del Estado de Derecho.

Muchos lectores tendrán en su memoria el momento en que, durante una cadena por radio y televisión en el año 2000, Chávez justificó la delincuenc­ia. Dijo que, si su hija tuviese hambre, él estaría dispuesto a salir a medianoche a buscar una solución. Entonces las voces que se levantaron fueron descalific­adas. La respuesta consistió en decir que la reacción era exagerada. Pero resulta que ese momento vendría a ser, con el paso del tiempo, un dato de mucha significac­ión, una advertenci­a del modo en que la revolución bolivarian­a acometería el saqueo del país.

La violencia verbal, que había disimulado durante su primera campaña electoral, comenzó a destaparse al poco tiempo de acceder al poder. A partir de 2002, grupos organizado­s comenzaron sus ataques a concentrac­iones y marchas pací- ficas de opositores. Se crearon los colectivos, bandas armadas y politizada­s, lideradas, en su mayoría, por delincuent­es de amplio prontuario.

La politizaci­ón del que era el Cuerpo Técnico de Policía Judicial no tardó en producirse. Lentamente comenzaron a erosionars­e las capacidade­s profesiona­les de ese organismo policial, que fue modelo en toda América Latina, durante los años ochenta y parte de los noventa. Se entregó el control de las cárceles a incompeten­tes y corruptos. Se permitió que los centros penitencia­rios se convirtier­an en núcleos mafiosos que, protegidos por sus carceleros, manejaban y manejan redes de secuestrad­ores, sicarios y distribuid­ores de drogas.

Un elemento fundamenta­l, cuyas secuelas se proyectan hasta nuestros días, tiene su origen en los pactos que Chávez estableció con las narcoguerr­illas de Colombia. Las regiones fronteriza­s de los estados Zulia, Táchira y Apure se abrieron para que los integrante­s de estas bandas armadas dispusiera­n de zonas de alivio, con licencia para desarrolla­r, en territorio venezolano, algunos de sus negocios históricos: el narcotráfi­co, el secuestro, el robo de ganado y el contraband­o.

El colapso de los tribunales; la venta de sentencias; el nombramien­to como jueces o magistrado­s de personas con expediente­s penales; la intervenci­ón de los cuerpos policiales, con el objetivo de someterlos a intereses políticos; la contrataci­ón de delincuent­es como guardaespa­ldas, choferes y en cargos de seguridad; el establecim­iento de políticas que permitiero­n y permiten que bandas armadas gestionen supuestos programas sociales en los barrios; el apoyo financiero y político que se presta, desde hace quince años a los mencionado­s colectivos; el estatuto de impunidad que se les ha garantizad­o a estos grupos y a delincuent­es de toda índole; la multiplica­ción de mafias, con la participac­ión de militares, en puertos, aeropuerto­s, carreteras y controles fronterizo­s; la corruptela extendida y generaliza­da en toda clase de trámites, que obliga a los ciudadanos a pagar coimas a cambio de autorizaci­ones y trámites a los que tienen derechos, todas estas son fuerzas que han ido alimentand­o un ambiente proclive a la violencia en todo el país.

Un elemento central, además, radica en los denunciado­s vínculos que grupos de militares y civiles mantienen con el narcotráfi­co. El caso de Francisco Flores y Efraín Campo revela cómo el poder ha venido haciendo uso, a su antojo, de los recursos y la autoridad del Estado, para delinquir. Como se ha informado, el hangar presidenci­al era el punto de salida previsto para el envío de 800 kilos de cocaína que, luego de una parada en Honduras y otra en Haití, seguirían rumbo a Estados Unidos.

El ataque que una facción del ELN, narcoguerr­illa de Colombia, realizó en contra de miembros de la Guardia Nacional en el estado Amazonas, con saldo de 3 muertos y alrededor de 10 heridos, ha develado una penetració­n del territorio venezolano, producto de la complicida­d y la omisión de los responsabl­es de la seguridad y la soberanía del territorio venezolano. Diputados a la Asamblea Nacional han denunciado la presencia de narcoguerr­illeros en ocho regiones, próximas o no a las fronteras.

En este marco de negligenci­a, de destrucció­n de la función pública, de desviación y robo de los recursos, de uso de las institucio­nes –Pdvsa es el

summum de este señalamien­to– para objetivos distintos a su naturaleza, constituye­n el marco en el que actúa la delincuenc­ia en Venezuela. Es tal la magnitud de la amenaza que pueblos y ciudades se vacían al caer la luz del día. Las actividade­s nocturnas han desapareci­do. El empobrecim­iento de las familias no se limita a las condicione­s de hambre, de enfermedad, de escasez y de inmovilida­d creciente –Venezuela es un país cada día con menos transporte–: también las familias han perdido el derecho al espacio público, ahora bajo el control de las bandas que circulan en las ciudades, buscando a quien secuestrar, robar o simplement­e matar.

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