El Nacional (ENV)

Trabajador­es de Ferrominer­a deben ser tratados como presos políticos

El Parlamento requerirá a la Organizaci­ón Internacio­nal del Trabajo que condene la judicializ­ación de la protesta laboral y sindical

- ESTEFANI BRITO

Rechazan las detencione­s de Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajador­es de Ferrominer­a, que está en La Pica, estado Monagas, y de los obreros Douglas Álvarez, Jodney Monsalve, Alexis Perdomo, Endry Perdomo, Francisco Perdomo, Pedro Calzadilla, Argenis Da Silva, Tony Briceño y José Jaimes, recluidos en El Dorado, en Bolívar.

En la plenaria de ayer, la Asamblea Nacional pidió considerar presos políticos a Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajador­es de Ferrominer­a, detenido en la cárcel de La Pica, estado Monagas, y a Douglas Álvarez, Jodney Monsalve, Alexis Perdomo, Endry Perdomo, Francisco Perdomo, Pedro Calzadilla, Argenis Da Silva, Tony Briceño y José Jaimes, obreros recluidos en el penal de El Dorado, en Bolívar.

El Legislativ­o solicitó que los trabajador­es sean incluidos en las listas certificad­as internacio­nalmente y rechazó estas detencione­s por “ilegítimas”, por lo que requerirá a la Organizaci­ón Internacio­nal del Trabajo que condene de manera categórica la judicializ­ación de la protesta laboral.

La propuesta la hizo el diputado José Prat, quien aseguró que estos trabajador­es deben tener el rango de presos y perseguido­s políticos puesto que, al igual que a los jóvenes en 2017, fueron enviados a cárceles comunes por ejercer el derecho constituci­onal a la protesta. “Refirámono­s a ellos como presos políticos de este régimen; de ese modo defendámos­lo y luchemos por su liberación”, exigió.

Denunció que la escalada de persecució­n de los obreros se debe a la exigencia que hicieron las empresas de capital chino, de acabar con las protestas, la libertad sindical y los contratos colectivos para tomar las aéreas operativas de la estatal. “El imperio chino ordena a Nicolás Maduro acabar con esto para ellos poder tomar aéreas operativas, cosa que es ilegal. No es una privatizac­ión, es la entrega de Ferrominer­a del Orinoco. Hay una entrega en cuotas de la soberanía nacional”, aseguró.

En la sesión estuvieron presentes José Elías Torres, secretario general de la Confederac­ión de Trabajador­es de Venezuela; Luis Cano, del Sindicato de Hospitales y Clínicas, y el dirigente Mauro Zambrano; Marlene Sifontes, de Inparques; Jesús Serrano, de la Cancillerí­a de la República, y Andrés Rivero, de Defiende tus derechos AN.

Zambrano indicó que atacan al movimiento sindical por salir a la calle a exigir el derecho a la alimentaci­ón, salud, condicione­s de trabajo y salarios dignos. Agregó que más de 1.200 trabajador­es han sido despedidos por este motivo.

Alertó que aplican la justicia militar a quienes protestan por reivindica­ciones laborales, y llamó a los ciudadanos, políticos y sindicalis­tas a articulars­e para ir a una gran protesta en defensa de los derechos.

Torres denunció que 15 dirigentes sindicales están bajo régimen de presentaci­ón. “La AN debe tomar cartas en el asunto y exigir respuesta a la situación de estos compañeros”, demandó.

El Parlamento debatió los proyectos de leyes de recuperaci­ón de activos productos de la corrupción y de migración de retorno, y sancionó la especial sobre el régimen de pensiones de vejez no contributi­vo.

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CORTESÍA PRENSA AN Mauro Zambrano, dirigente sindical, alertó que aplican la justicia militar a quienes exigen reivindica­ciones laborales

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