La falta de una ley de semillas frena inversiones por U$ S 1.000 millones
El Gobierno ha hecho esperados y ponderados avances en tratar de lograr el consenso entre los principales actores del sector público y privado, para que la Argentina pueda tener una ley de semillas. Una norma acorde con los tiempos actuales y considerando el rápido avance de las nuevas tecnologías de mejoramiento genético, de edición genómica y de descubrimiento de genes. Una nueva ley tiene como primera consecuencia directa la redirección de las inversiones del sector semillero, que en los últimos años debieron migrar sus programas de investigación y desarrollo a países como Brasil, Paraguay e incluso Estados Unidos. Y como segunda consecuencia poder ofrecer a los productores argentinos el mismo nivel tecnológico que hoy utilizan los productores de nuestros países competidores, Brasil y Estados Unidos.
En el caso del tema de las malezas resistentes a determinados herbicidas, hoy estamos como en la década de 1990, cuando el mayor costo es el referido al mayor uso de herbicidas para el control de malezas. La imposibilidad de los productores de poder utilizar una variedad de soja que les aporte resistencia a determinados herbicidas que podrían controlar esas malezas, implica para los productores un sobre costo de 75 dólares por tonelada. Considerando el menor costo por menor utilización de herbicidas e incluyendo el pago de la correspondiente regalía por la nueva variedad de soja. En 20 millones de hectáreas, los productores dejan arriba de la mesa 1.500 millones de dólares anuales, que bien podrían transformarse en mayores ingresos y en mayor cantidad de dinero disponible para reinvertir en maquinarias y nuevas tecnologías.
Hoy en la Argentina, la ganancia genética de los rendimientos en variedades autógamas, trigo y soja principalmente, es del uno por ciento anual, mientras que otros países como Estados Unidos y Brasil llega entre dos y 2,5 por ciento. Solo con este desfasaje, la Argentina pierde por año 300 millones de dólares.
Los productores de soja de Brasil y de Estados Unidos están utilizando genética de soja desarrollada por semilleros argentinos.
Si la aprobación de la ley de semillas se sigue dilatando, organismos como el Inta corren el riesgo de no poder sostener más de 90 programas de investigación. Que no solamente podrían beneficiar al trigo y a la soja, sino también a cultivos como el poroto, el maní, el garbanzo, la arveja, la caña de azúcar y el algodón. Para estos cultivos la pérdida anual por no disponer de mejores variedades se estima en una cifra conservadora de 200 millones de dólares. También se impide que el Inta pueda cobrar genuinas regalías por el desarrollo de nuevas variedades genéticas. El búmeran llega entonces a las economías regionales, las más afectadas por la actual situación microeconómica y por los altos costos impositivos, de logística y transporte.
La demora en la aprobación frena, además, toda chance o posibilidad de poder mejorar la competitividad del sector agropecuario en su conjunto. Y vuelve a frenar futuras inversiones del sector semillero, estimadas en el orden de los 1.000 millones de dólares
¿A quién le conviene la demora en la aprobación de la ley, que contaba con el consenso de casi todas las entidades, empresas públicas y sector privado?. Esta pregunta la deberían responder las dos entidades, que componen la supuesta mesa de enlace. Que están dilatando, enfriando, o interfiriendo en la gestión. Nos deberíamos cuestionar: ¿tan trascendente son los temas que plantean estas entidades como para frenar el desarrollo tecnológico de todo un país? Sugiero que se avance en la aprobación de la futura ley, en un 90 por ciento consensuada, y se deje bajo un paraguas las sugerencias de estas dos entidades siempre y cuando no afecten el núcleo o corazón de la misma. Maduremos de una vez por todas.
LA DEMORA EN LA SANCIÓN DE LA NORMA PONE EN RIESGO MÁS DE 90 PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN QUE LLEVA A CABO EL INTA.