El riesgo de un apagón tecnológico en plena cosecha
“El interés por la compra está, pero el problema es cuando le decís al cliente que no sabemos si el equipo que le interesa va a llegar al país para el momento de la cosecha”. La frase pertenece a un distribuidor en Argentina de cabezales forrajeros, que desde agosto del año pasado viene teniendo dificultades para ingresar equipos que no se fabrican en el país.
La situación se viene multiplicando en los últimos meses, ante las restricciones impuestas por el Gobierno nacional a la importación de bienes desde el extranjero, en un intento por cuidar las alicaídas reservas de dólares del Banco Central.
Las dificultades para el ingreso no sólo alcanzan a la maquinaria terminada (tractores, cosechadoras, fertilizadoras, entre otros), sino que también se da en insumos claves –como neumáticos, aluminio o acero inoxidable–, de los que la industria nacional debe disponer para entregar en tiempo y forma los equipos antes de la cosecha.
Mientras tanto, el peregrinar por la Secretaría de Industria de la Nación para destrabar las licencias no automáticas se ha convertido en una tarea que ocupa cada vez más tiempo en las agendas de la industria. “Las que se autorizan salen con mucha demora”, reconocen en el sector. La falta de stock de repuestos y el retraso en el ingreso pueden significar, en el caso de la rotura de algún componente, que una cosechadora esté parada varios días en el campo y sin poder trabajar, advierten los contratistas rurales.
No de un día para el otro
Las empresas más afectadas por el freno importador son las multinacionales que operan en el país y que participan con la mayoría de las ventas domésticas de tractores y cosechadoras.
En un intento por ganar espacio institucional y tener presencia en las negociaciones con el Gobierno, la asociación que agrupa a las compañías globales de maquinaria agrícola con presencia en el país (Afat) se sumó al Consejo Agroindustrial Argentino. Ese ámbito, integrado por más de 60 cámaras empresariales, impulsa con el visto bueno del Gobierno una ley nacional para el estímulo de la inversión y el comercio exterior agroindustrial.
“Venimos trabajando hace tiempo en ejes relacionados con incentivos a la producción nacional de bienes de capital, generación de empleo, promoción de la competitividad, modernización del parque de maquinaria y financiamiento, entre otros aspectos”, indicaron desde la asociación.
La ley nacional de maquinaria agrícola, que impulsan las entidades que agrupan a la industria nacional y los gobiernos de provincias donde el sector tiene más presencia geográfica, contiene entre sus aspectos centrales la definición de producto nacional. Se pretende que se considere maquinaria argentina a aquellas que tengan un 60 por ciento de componentes fabricados o comprados en el país en el caso de equipos de arrastre (como sembradoras o tolvas), un 55 por ciento en autopropulsados (pulverizadoras, tractores, cosechadoras) y 50 por ciento en los de agricultura de precisión.
Los procesos de sustitución de importaciones no se dan por generación espontánea. Necesitan de una planificación entre la industria y los proveedores para desarrollar escala y, en especial, calidad. En Córdoba, por ejemplo, el Grupo CNH (produce las marcas de tractores y de cosechadoras Case y New Holland, los camiones Iveco y los motores FPT) compra a proveedores locales 2.300 piezas y proyecta nacionalizar otras 350 en los próximos dos años.
Sólo una cosechadora de última generación, por ejemplo, tiene más de 40 mil componentes.
Las restricciones a la importación generan incertidumbre y esfuerzos extras en el sector de maquinaria agrícola.