Cepo a la carne: una especie de “estamos bien, pero vamos mal”
Afines de 1989, cuando la hiperinflación hacía estragos sobre la economía nacional, el entonces presidente de la Nación Carlos Menem pronunció una de las frases que forman parte de la historia política contemporánea del país: “Estamos mal, pero vamos bien”. Fue en relación con el rumbo económico trazado en ese momento.
Más de tres décadas después, el Gobierno nacional la reedita, con una modificación que altera sus componentes, para justificar su decisión de postergar por 60 días el cepo a la carne.
“Estamos bien, pero vamos mal”. Así se puede resumir la conclusión a la que arribaron los ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura de la Nación para extender hasta el 31 de octubre la restricción de exportar la mitad del volumen comercializado durante el año pasado.
“El impacto de las medidas que limitaron las ventas al exterior de manera temporal ha comenzado a dar resultados positivos. Tras dos meses de vigencia, los precios se estabilizaron e incluso mostraron cierta retracción en distintos eslabones de la cadena”, justificaron desde el Gobierno, para agregar: “En el corto plazo, la herramienta de limitar las ventas al exterior es indispensable para garantizar el acceso de las y los argentinos a la carne vacuna frente al fuerte aumento de los precios a las y los consumidores”.
El problema, según advierten desde la cadena de ganados y carnes, es que con la intervención nada va a mejorar.
“Es un error garrafal del Gobierno mantener este tipo de medidas, que lo único que hacen es destruir algo tan importante como la ganadería”, se quejó Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), durante la reunión de emergencia que la mesa de enlace nacional convocó el martes pasado en Santa Fe, luego de que se conociera la postergación del cepo comercial.
Los frigoríficos exportadores nucleados en el Consorcio ABC, que en una primera instancia habían tratado de negociar con el Gobierno una flexibilización a la intervención, ahora salieron a cuestionar su continuidad y a advertir sobre sus consecuencias.
“La prórroga establecida sigue el camino inverso y agravará los efectos depresivos sobre la actividad, que, por el momento, se han visto amortiguados por operaciones pendientes y la formación de stocks”, indicaron las empresas exportadores, que advirtieron que a corto plazo se verán obligadas a adoptar medidas más severas para ajustar el nivel de actividad al contexto de menores negocios.
“De forma irremediable, la prolongación de las limitaciones impactará sobre los puestos de trabajo, el nivel de remuneraciones de los trabajadores, el capital de trabajo y la capacidad de compra, con consecuencias sobre el mercado ganadero y toda la cadena en su conjunto”, presagiaron.
Mientras tanto, Argentina pierde presencia en los mercados y genera desconfianza entre los clientes en el exterior. El lugar que dejan los cortes argentinos es aprovechado por otros competidores.
Durante julio, y según datos del economista Juan Manuel Garzón, del Ieral de Fundación Mediterránea,
Uruguay –que tiene menos del 25 por ciento del stock bovino de Argentina– exportó más carne y generó más divisas que el producto nacional.
¿Y ahora?
En la dirigencia rural, saben que con la prórroga de la intervención el Gobierno volvió a tensar la cuerda en la relación con el agro. Cualquier posibilidad de discutir los términos del borrador del plan ganadero presentado días atrás por el ministro
Matías Kulfas quedó descartada y el diseño de una estrategia gremial es la prioridad para exteriorizar el malestar.
Pero no hay nada definido. Integrantes de la Mesa de Enlace, como el titular de Coninagro Elbio Laucirica, advierten que una medida de fuerza, en un escenario electoral como el que se avecina, podría desvirtuar el reclamo del agro; además considera que, por los resultados obtenidos en ceses de comercialización anteriores, no sería una decisión acertada. Poco margen de maniobra para contener a las bases.
Otros dirigentes, por su parte, consideran que las elecciones legislativas de noviembre serían un buen punto de partida para equilibrar la balanza en el Congreso y que las políticas públicas comiencen a tener representatividad para los intereses del sector agropecuario ¿Estarán a tiempo?
El Gobierno asegura que la intervención redujo los precios, pero decidió extenderla porque no es del todo efectiva. El problema es que nunca lo será.