Chau plan ganadero, hola ley de fomento agroindustrial
La salida de Luis Basterra del Ministerio de Agricultura de la Nación parece haberse llevado también la principal política que enarboló durante sus últimos dos meses de gestión: la creación de un plan ganadero nacional.
Desde que Julián Domínguez asumió en Agricultura, el lunes 20 de septiembre, “el plan nacional de estímulo a la producción de carne bovina”, creado por decreto nacional el 23 de junio pasado, dejó de ser una prioridad y ya no figura en la agenda diaria del ministro.
Su mención desapareció hasta de las manifestaciones públicas que los funcionarios políticos de la repartición (salvo Domínguez, el resto viene de la conducción anterior) realizaron en los últimos días.
Más allá de los resultados que la iniciativa podría haber llegado a cosechar, resulta llamativa la forma en que el Gobierno giró en menos de 30 días su estrategia política.
Lo que en su momento era la moneda de cambio que ofrecía a los productores para justificar el cierre de las exportaciones de carne, ahora ya no es parte de la estrategia negociadora, al menos en el corto plazo.
El Ejecutivo ofrece por estos días el proyecto de ley de “fomento al desarrollo agroindustrial”, como marco para fijar su política para el sector.
El proyecto, anunciado por el presidente Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, en marzo pasado, había perdido fuerza y fue reflotado luego del resultado de las elecciones Paso.
Uno por otro
La iniciativa había sido propuesta por el Consejo Agroindustrial Argentina (CAA), entidad que reúne a más de 60 cámaras de la cadena del sector, y contó con el apoyo político del oficialismo y la oposición.
El incentivo a la inversión a través de beneficios impositivos es el principal trampolín que tiene el proyecto para llevar las exportaciones en 2030 a 100 mil millones de dólares y generar 700 mil puestos de trabajo.
Para la ganadería, el sector que está en conflicto con el Gobierno por el tema del cierre a las exportaciones, el régimen establece que los productores podrán optar por valuar sus existencias para el pago del Impuesto a las Ganancias al momento de la venta y no durante el tiempo de engorde, cuando también dejarán de pagar el impuesto.
El beneficio será para los novillos cuyo peso promedio sea igual o superior a 400 kilogramos vivos, o que su rendimiento a la faena represente 225 kilogramos res con hueso en gancho.
La mejora de los indicadores productivos en los corrales también tendrá premio. Para eso, la ley prevé beneficios promocionales que alcanzarán a los establecimientos ganaderos que obtengan, respecto del promedio de los tres últimos ejercicios fiscales, mejoras en los porcentajes de destete o incrementos en el peso promedio de los animales enviados a faena.
Bajo estas circunstancias, y de prosperar la iniciativa en el Congreso que aún no tiene fecha de tratamiento, el borrador del plan ganadero que el Gobierno le presentó al CAA a mediados de agosto, y que también contemplaba incentivos fiscales créditos y asistencia tecnológica para los ganaderos, quedaría desestimado.
Desde la dirigencia rural, aseguran que si el proyecto de ley es superador de cualquier iniciativa previa, será bienvenido. Lo que les llama la atención es cómo en menos de dos meses una propuesta que tenía un decreto nacional como marco de creación y que demandó reuniones en más de 15 provincias perdió peso político.
En el Ministerio de Agricultura de la Nación, mientras tanto, nadie se anima a darlo por caído, aunque en la práctica parece haberse extinguido con la misma ida de Basterra a Formosa, a su nueva función como ministro de Cultura y Educación de esa provincia.
Luego poner durante dos meses el foco en una política para estimular a la ganadería, el Gobierno giró ahora hacia una vieja promesa para el sector.