La telaraña impositiva, cada vez más enredada
En los campos agrícolas, hay una plaga que suele generar mucho temor, por los efectos negativos que genera en los rendimientos: la arañuela.
Es un ácaro de color rojo, pariente de la araña y que se caracteriza también porque teje telarañas, que en este caso son como un tul que cubre los cultivos y afecta su desarrollo.
Pero es menor el miedo de los productores a este insecto que el espanto que les generan las conversaciones que ellos tienen con frecuencia con sus contadores para cumplir con sus obligaciones fiscales.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y las direcciones de Rentas provinciales y municipales son para los productores una “plaga” que, con su telaraña impositiva cada vez más grande, se quedan con un porcentaje altísimo de sus ingresos.
Según el último índice de participación del Estado en la renta agrícola de la Fundación Fada, por ejemplo, más del 63 por ciento de lo que genera una hectárea queda en manos de los tres poderes.
Otro dato: de acuerdo con una estimación de la Bolsa de Comercio de Rosario, los complejos de soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo aportarían este año 8.610 millones de dólares en concepto de retenciones, un 134 por ciento o 2.000 millones de dólares más que en 2020.
Y uno más que es elocuente del crecimiento de la presión y distorsión impositiva: según el contador y productor, Mariano Echegaray, para cubrir el monto máximo de la escala del Impuesto a las Ganancias, en 2001 se requerían 660 toneladas de soja (22 camiones) o 1.264 toneladas de maíz (42). Dos décadas después, son sólo 33 toneladas (un camión) o 55 toneladas (dos), respectivamente.
Mera compra
Por si no bastara con este escenario, en el ruralismo cordobés encendió una luz de alerta un tributo que está vigente en la formalidad desde hace varias décadas, pero que no se estaba aplicando en la práctica.
Se trata del Impuesto a la Mera Compra, que permite gravar con una alícuota del 0,5 por ciento las operaciones de venta de mercadería hacia otras provincias. Por ejemplo, cuando una cerealera le compra granos a un productor local. Es un valor no menor: en cada camión de soja que hoy vale cerca de un millón de pesos, son 5.000 pesos más de impuestos.
Aparentemente, a lo largo de los años hubo algunas empresas que retuvieron este porcentaje haciéndolo pasar por otros conceptos en los contratos de comercialización, pero desde la Provincia detectaron esta maniobra y las denunciaron. Y obtuvieron fallos a favor que obligan a las compañías a tributar el dinero que les retuvieron a los productores pero no le depositaron al Estado.
El temor en el ruralismo es que estos fallos se masifiquen, este impuesto comience a aplicarse con asiduidad y se sume a la telaraña impositiva que enreda cada vez más los negocios agropecuarios.
Así se lo transmitieron al ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, los integrantes de la Mesa de Enlace. Puntualmente, le pidieron que la Provincia derogue este impuesto, para evitar problemas.
“Si Córdoba está en contra de las retenciones, que lo eliminen, ya que es una suerte de derecho de exportación provincial. Aparte, si podían mantenerse sin cobrarlo, pueden seguir de esa manera”, subrayó uno de los dirigentes de las entidades rurales.
En pleno contexto electoral, la promesa que se llevó el campo fue positiva. Pasados los comicios, este lunes la Provincia presentará el Presupuesto 2022 y habrá que observar con atención si la cumple.
El Impuesto a la Mera Compra, un viejo tributo que no se estaba cobrando, pero se reactivó y genera temor en el ruralismo local.