EL DESAFÍO DE FRENAR LA EXPANSIÓN DE LAS CIUDADES
Entre 2003 y 2016, el área urbanizada de 18 de los 33 aglomerados urbanos del país aumentó, en promedio, casi el doble que las poblaciones de dichas zonas. Los problemas de esta desmesura.
Hay consenso entre los profesionales de la ciudad y los acuerdos internacionales en materia de hábitat respecto de la necesidad de trabajar para lograr ciudades más compactas. Sin embargo, la mayoría de los 33 aglomerados urbanos argentinos registra una tendencia en sentido inverso. En los últimos años, las ciudades argentinas se expandieron de manera desmesurada. Este fenómeno, que se vio acentuado particularmente en el último lustro, es perjudicial para el desarrollo de áreas urbanas inclusivas y sostenibles en términos sociales, económicos, ambientales y administrativos. Según un estudio de CIPPEC, la población de 18 de los 33 aglomerados urbanos del país aumentó, en promedio, a un ritmo anual del 1,5% entre 2003 y 2016, mientras el área urbanizada se extendió a una tasa del 2,4% anual durante el mismo período. Si se excluye al Gran Buenos Aires (la ciudad de Buenos Aires más 24 partidos), donde hay menos espacio para crecer en extensión debido a que se trata de municipios casi completamente urbanizados, la tendencia se acentúa. Quitando al GBA, la población creció, en promedio, a una tasa anual del 1,3% entre 2003 y 2016, mientras que el área urbana lo hizo al 2,5% anual. Es decir que, por cada punto porcentual de crecimiento poblacional, estos aglomerados se extendieron 1,9 puntos. Entre los aglomerados estudiados hay casos donde esta tendencia es aún más extrema. Por ejemplo, en la ciudad de Bahía Blanca la población aumentó a un ritmo anual de 0,5% entre 2006 y 2016 y el área urbana se expandió a una tasa anual del 1,9% en el mismo período. Por cada punto porcentual de crecimiento poblacional, la ciudad se expandió 4,1 puntos. Esto significa que si la población de Bahía Blanca creciera un 10% en los próximos diez años -la media de crecimiento nacional-, bajo este patrón su mancha urbana se expandiría un 41%. Si se desmenuza la expansión urbana observada en los diferen- tes usos del suelo, se encuentra que el mayor crecimiento está explicado por los usos residenciales, que representan el 80% del total; y la industria y logística, que explica alrededor del 15%. Dentro de los usos residenciales, se destacan loteos de tejido abierto (45%), urbanizaciones cerradas (28%) y, en menor medida, vivienda de interés social y residencial informal (7%). La expansión de la mancha urbana muy por encima de su crecimiento demográfico implica costos más altos para el gobierno local y para su población. Además, es más caro para los municipios: tienen que construir redes de infraestructura de mayor longitud, ampliar la red de transporte público y de recolección de residuos. Una ciudad extensa también tiene consecuencias en varios aspectos ambientales y sociales. La expansión urbana se realiza sobre tierras que a menudo cumplen funciones ambientales importantes, como humedales y recargas de acuíferos, o sobre tierras productivas que le permiten contar a la población con alimentos producidos cerca de la ciudad y, por lo tanto, más baratos. Esta situación genera riesgos ambientales para la población y dificultades para la producción en esos territorios. Por otra parte, las manchas urbanas en expansión suelen salirse de los límites administrativos, lo que trae aparejadas a su vez dificultades en términos político-administrativos. Por otro lado, mientras que una ciudad compacta posee menos suelo urbano ocioso en su interior, en contraposición, una ciudad difusa se caracteriza por la baja densidad y, por consiguiente, niveles más altos de segregación social. Por ejemplo, en este tipo de urbanizaciones es común observar barrios de clases altas y urbanizaciones cerradas separados de manera muy definida de los barrios donde viven los sectores menos pudientes del entramado social. Si este tipo de crecimiento acelerado y con escasa planificación no es deseable para el desarrollo de ciudades más equitativas, resilientes y con una gestión inteligente y eficaz, se deben proponer estrategias para mitigar su impacto y evitar que las áreas urbanas se sigan expandiendo así. Esto, a su vez, exige transformar los mecanismos de planeamiento urbano para confluir en marcos que promuevan el desarrollo integral de las ciudades. Las recomendaciones internacionales en materia de hábitat - como las incluidas en la Nueva Agenda Urbana, acordada en octubre de 2016 en Quito durante la Tercera Conferencia Mundial de Hábitat y Desarrollo Sostenible, que remarcan la necesidad de trabajar para lograr ciudades más compactas e integradas, deben ser tomadas como referencia para emprender ese camino. Además, para lograr los objetivos mencionados, es necesario repensar los marcos jurídicos e institucionales del desarrollo territorial del país. ¿Es necesaria una ley que establezca presupuestos mínimos para el desarrollo territorial? ¿Qué alcance debería tener? ¿Cómo debiera articularse con legislaciones provinciales en la materia? Son preguntas que intentan ser respondidas en el marco del proyecto estratégico de hábitat que desarrolla el programa de Ciudades de CIPPEC.