Aeropuerto cuestionado.

Los problemas de forestación e implantación de la nueva terminal aérea de México.

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En la cuenca que alguna vez fue el gran lago de Texcoco de los aztecas, México está construyendo su “puerta al mundo”, un enorme aeropuerto que según las promesas del gobierno estaría en armonía con el entorno. Los funcionarios promovieron un diseño de terminales tan ecológico que sería una “referencia global” de sustentabilidad, y se comprometieron a rescatar los terrenos degradados que rodean el aeropuerto. Sin embargo, poco después de que comenzó la construcción, en 2015, el gobierno cedió tierras protegidas en los mapas del proyecto a funcionarios locales para que las desarrollen. Se trata del proyecto de infraestructura más grande de México en décadas, y mientras la construcción avanza, la muy anunciada iniciativa de protección ambiental aún está tan falta de detalles, dicen los críticos, que plantea preguntas de credibilidad y de hecho esconde un riesgo de inundación. Es probable que los errores de hace siglos en gestión de agua y tierras se repitan, argumenta Fernando Córdova Tapia, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México que examinó la declaración inicial de impacto ambiental que dio el gobierno. El plan oficial requiere una red de canales, túneles y cinco nuevas reservas para recolectar los vertidos que se drenan en la zona. Octavio Mayén Mena, portavoz del gobierno, asegura que se está ejecutando la reforestación, y la Comisión Nacional del Agua dice que las reservas comenzaran a construirse en 2018. El estudio de Córdova Tapia advirtió que los pinos salados, la especie principal de la iniciativa de reforestación, no son nativos de México y son tan invasivos que podrían dañar todo el ecosistema. El aeropuerto refleja las aspiraciones de Peña Nieto de convertir a la Ciudad de México en un hub para viajeros de América. Peña Nieto entra en su último año de gobierno, y quiere presentar esta iniciativa como parte de su legado, mientras se ha visto obligado a cancelar otros grandes proyectos de infraestructura debido a escándalos de corrupción y cortes presupuestales. Evocando la monumentalidad de la arquitectura mexicana, el arquitecto británico Norman Foster ha diseñado una altísima terminal aeroportuaria de acero y cristal, el centro de la primera fase de 13.000 millones de dólares del proyecto, cuya inauguración está programada para el 2020 y dará servicio a 50 millones de pasajeros al año. El nuevo aeropuerto aliviará la congestión en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la capital. Durante más de dos décadas, distintos gobiernos han buscado un lugar para construir el aeropuerto, y el presidente Peña Nieto quiso, esta vez, evitar conflictos. Las disputas en torno a los terrenos habían hundido un proyecto aeroportuario en el noroeste hace 15 años, y el lecho del lago —que en su mayoría es tierra federal— parecía ofrecer un camino más fácil. Sin embargo, el sitio presenta desafíos únicos. El lago Texcoco, donde los aztecas construyeron su capital en una isla, Tenochtitlán, alguna vez capturó el agua de lluvia que caía por las colinas circundantes. Al final, los aztecas expandieron la antigua capital con vertederos y plantaron cultivos en jardines flotantes llamados chinampas. Sin embargo, los conquistadores españoles drenaron el lago y despejaron las tierras forestales, con lo que iniciaron siglos de inundaciones y crisis de gestión de agua. Sin una fuente natural de agua que se filtre en el acuífero que está debajo, el lecho del lago se está hundiendo. El año pasado, dispuestos a desviar cualquier oposición local, el gobierno federal transfirió 202 hectáreas atrapadas entre las dos reservas planeadas al gobierno municipal de Chimalhuacán, que es controlado por un movimiento social llamado Antorcha Campesina. El grupo local tiene una relación simbiótica con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Peña Nieto, y dan su voto en época electoral, además de actuar, a menudo de manera agresiva, como terreno de operaciones para el partido, según explica Neptalí Monterroso, un profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma del Estado de México. Las autoridades de Chimalhuacán no perdieron tiempo para darle uso a las tierras. Se está construyendo una universidad politécnica y se han marcado campos de fútbol para un centro deportivo. Un parque industrial también está en los planes. Por su parte, la Comisión Nacional del Agua en México aprobó la transferencia de las 202 hectáreas. Aunque los mapas del proyecto muestran que la tierra había sido designada para la conservación del hábitat y la gestión de inundaciones, la comisión dijo que el área jamás se había incluido en el proyecto original de control de inundaciones. El antiguo director de la Comisión de Agua sostuvo que la transferencia de tierra fue “indignante” y que el área en efecto se había asignado al sistema de reservas. Según el exdirector, José Luis Luege, un miembro del opositor Partido de Acción Nacional, “no puedes construir nada ahí, porque hay un riesgo muy grande”. El senador Víctor Hermosillo, del mismo partido, ha pedi-

Un estudio advierte que los pinos salados, especie principal de la reforestación, no son nativos de México y podrían dañar todo el ecosistema.

do una investigación y señaló que la tierra se había entregado sin estudios de impacto ambiental. A pesar de la transferencia de tierras, las políticas de los pueblos pobres que rodean la zona del aeropuerto, sobre todo Chimalhuacán (una ciudad de casas bajas de hormigón que atraviesa las laderas por encima del lecho del lago) son poco predecibles. Ceder la tierra al gobierno local pudo haber evitado conflictos en un nivel, pero no ha garantizado la paz. Unas 230 familias que dicen ser las propietarias originales del terreno que ahora le pertenece a Chimalhuacán argumentan que han sido engañadas para no pagarles una compensación justa. Con antiguos títulos de dominio en mano, han montado protestas, abordado a políticos y contactado a representantes de los medios. Para apoyar su reclamo, despliegan copias de mapas que datan de la década de 1930 y muestran filas marcadas con nombres de parcelas estrechas. En mayo, las familias llegaron a un acuerdo con el gobierno federal para recibir una compensación. Pero después de muchas idas y vueltas, aún no han obtenido su dinero y amenazan con nuevas protestas. “Chimalhuacán siempre fue un botín”, sostuvo Cruz Hernández, que a los 65 años tiene la edad suficiente para haber pescado en lo que quedaba del lago de Texcoco. Y desafía: “Nos han despojado de la tierra. Ahora estamos de pie para luchar”.