Compra de autos para discapacitados: sigue el beneficio
Lo dictaminó la Corte ante un impedimento de AFIP a una mujer que quiso comprar un vehículo con exenciones.
La Corte Suprema de la Nación declaró la semana pasada la inconstitucionalidad de la norma que condiciona el otorgamiento de beneficios fiscales a personas con discapacidad para la compra de autos según la capacidad económica de su grupo familiar.
El fallo vino luego de que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) rechazara la compra de un auto importado con los beneficios que le corresponden a una persona discapacitada.
Según fuentes judiciales, la Corte coincidió con el dictamen de la Procuración General de la Nación y los fallos de instancias inferiores que se opusieron a la pretensión de la AFIP sobre la validez del artículo 8 inciso 3 del decreto 1.313/1993, en el caso promovido por Matías González Victorica en representación de su hija.
En este caso, la AFIP había rechazado la autorización para la compra de un vehículo importado bajo el régimen de franquicias previsto en la Ley 19.279, que prevé exenciones de tasas, impuestos y pago de servicios para las personas con discapacidad.
Para el rechazo, se basó en el artículo arriba mencionado, que establece que esos beneficios no se aplican cuando el grupo familiar de la persona con discapacidad, incluida ésta, tiene un ingreso mensual que le permitiría adquirir el vehículo.
El máximo tribunal emitió un fallo con la firma de los ministros Elena Highton, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti en el que concluyó que la limitación del decreto basada en la capacidad económica del grupo familiar es “incons- titucional”, porque desnaturaliza los fines perseguidos por la ley.
Para la Corte, la evaluación de la situación patrimonial de todo el grupo familiar “no es un criterio adecuado para determinar si una persona con discapacidad puede acceder a la compra del rodado sin las franquicias”.
Además, la Corte recordó que la familia de la persona con discapacidad no tiene la obligación legal de contribuir para la compra del auto, sino que su aporte es voluntario y potencial.
Maqueda y Lorenzetti advirtieron que “la atención y asistencia de las personas con discapacidad constituye una política pública de nuestro país” y que “en esta materia el Estado ha asumido compromisos internacionales” para lograr su “plena integración en la vida social”.
El voto diferenciado remarcó que es deber del Estado “asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible”.
“La ley no se dirige a todas las personas con discapacidad ni a quienes carecen por completo de recursos, sino que se orienta a un sector de aquellas que -si bien cuentan con los medios para afrontar la adquisición de un 0 Km nacional o extranjero y su mantenimientono podrían acceder a la compra sin la ayuda estatal complementaria”, se argumentó.w