Guerra de guerrillas por el DNU desregulador

Sin treguas. El Gobierno dio un taller-escuela sobre el DNU a los miembros de la Comisión que debe tratarlo. El peronismo “blanco” se quejó amargamente por el destrato oficial. Nueva traba para la boleta eléctronica.

Merodeó el Gobierno durante la semana por el campo de batalla de la guerra del DNU. En ese reconocimiento de campo quedó una sola posición táctica: el martes se trata en la Comisión. Esperan tener dictamen de aprobación. Y ahí termina todo hasta nuevo aviso porque con la aprobación se corta el plazo de 10 días hábiles que tiene la norma para que, cumplidos, lo pueda tratar el recinto en una sesión especial y sin dictamen. Ese abismo se posterga hasta el 1° de marzo. En el preparativo de la ofensiva para sostener esa norma, el Gobierno le va descubriendo cada día, como al aloe vera, más propiedades. Con el mismo empeño, la oposición le encuentra, cada día, más desaciertos. Eso revela que lo que importa acá es la forma, no el fondo. Para el Gobierno ahora el punto a defender es que el decreto permite plazos más ágiles para las licitaciones públicas, y destraba inconsistencias que reclaman los candidatos para invertir según el régimen de la PPP (propiedad público-privada). Por ejemplo, legalizar el cobro de los peajes, condición de repago de esas inversiones que, anotó el Ministerio de Transporte, no tiene fuerza legal en las normas anteriores.

Una zanahoria para las provincias

El Gobierno prevé convocar este mes a varios proyectos de obras públicas por el régimen de la PPP. Para eso necesitaba, argumentan en el área presidencial, tener un sistema más eficaz de publicación de los llamados a licitación. Sin eso, los inversores podrían poner reparos. Ese argumento es el más fuerte que se escuchó en el taller que montó el Gobierno el miércoles en la Jefatura de Gabinete, para que los miembros de la Comisión de DNU por el oficialismo tomasen una lección por parte de funcionarios de todos los ministerios. Era para explicarles las bonanzas de la norma y acercarles carpetas y cuadros que les pueden servir para el debate en la Comisión o, si fuere necesario, dar explicaciones por los medios. Mentar la PPP es comprometer a las provincias, que han avanzado en estudios para hacer propuestas de inversión con ese régimen. Al Gobierno le ha funcionado la táctica de sacar proyectos calzando su interés con el medro de los gobernadores. Las reformas fiscales de fin de año negociaron el voto de los gobernadores a cambio de que les derivasen porcentajes de tributos nuevos. Otros argumentos para esa defensa son menos convincentes para los críticos del DNU, como que le- galiza la existencia de los cuatriciclos, que no estaban previstos en la ley hasta ahora. Se descartó como pieza de artillería, porque esos vehículos deben ser los más desprestigiados del mercado por los accidentes mortales en las playas, que este año se repitieron.

“Nos ponen en la peor posición”

Con la aprobación del martes queda bloqueada la posibilidad de que antes de fin de mes haya un contraataque del peronismo a través de la convocatoria de una sesión especial en tiempo de receso. Después de marzo la historia es otra, porque el dictamen aprobado entra en un limbo; sólo va al recinto si figura en el orden del día de alguna sesión. Eso sólo puede ocurrir si hay acuerdo entre los bloques, y ninguno tiene la fuerza de arrastrar a los demás. Si el peronismo —por un casual— descubriera las ventajas de impugnarlo en el recinto sin que esté en el orden del día, necesitaría una mayoría especial para aprobar el tratamiento sobre tablas. ¿A qué tanta explicación?

A que este DNU, una inocentada de verano porque contiene normas de escasa importancia, ha roto las relaciones entre el Gobierno y el peronismo blanco. Miguel Pichetto ya hizo saber que, si en Diputados voltean el decreto, él no hará nada para defenderlo en el Senado, adonde tiene que dormir con el enemigo. Su argumento es que no era necesario tamaño destrato después de todo lo que su bloque hizo para ayudar al oficialismo. Se queja de que Mario Quintana lo llamó y le dijo: “Ahí vamos a sacar un decreto, te mando una copia”. “Y me mandó 500 páginas” — vaya a saber en qué formato, porque no parecen tantas. Pablo Kosiner, presidente del bloque justicialista, llamador del peronismo anticristinista, usó términos parecidos ante diputados del oficialismo: “Nos ponen en la peor posición. ¿Qué buscan? No queremos quedar pegados a los K, pero tampoco al oficialismo”. Con eso está anunciado que hasta acá llegó el amor.

La ofensiva del TET, el final de un año de desregulaciones sin ley

En ese clima el Gobierno lanza esta ofensiva que recuerda a la que, en enero de 1968, hace exactamente 50 años, lanzaba Vietnam del Norte contra las fuerzas del Sur y de los Estados Unidos. Se la recuerda como el esfuerzo de guerra de guerrillas más amplio de la historia, que produjo resultados que se siguen discutiendo. Ganaron los americanos, pero esa ofensiva dio vuelta a la opinión pública interna y Washington terminó de perder el respaldo, y la guerra. En aquella ofensiva de Ho-ChiMin, que llevaba el nombre de la festividad del nuevo año lunar, la preparación fue lenta y callada durante un año, y buscaba conmover la negociación que se iniciaba en París para terminar aquella guerra. Este DNU es el resultado de un pedido que hizo hace más de un año Mauricio Macri a los ministros, para que le trajeran un digesto con todas las normas regulatorias que ponían trabas a los trámites del Estado y que impedían agilizar licitaciones, contrataciones y otras medidas de gobierno. Ese digesto fue desmenuzado y el Gobierno fue derogando a lo largo del año pasado todas las regulaciones innecesarias que podían hacerse por decreto o resolución de los ministerios. Nadie llevó el récord de esas derogaciones, que fueron el preámbulo del DNU, que se refiere a aquellas regulaciones que estaban atadas a leyes. ¿Cuánto nos llevaría tratar esas derogaciones en el Congreso? Toda la vida. Entonces, marche un DNU.

Una batalla necesaria para el oficialismo y la oposición

El DNU es una bandera que el Gobierno no va a bajar alegremente, porque la doctrina que lo anima es el mandato que recibió en el voto. Si permite descuartizar el DNU será una derrota política inconveniente para un momento de declinación ante el propio público, como consecuencia del caso Triaca, que hay que entender en su dimensión política. Es fruto de un ataque de los sindicalistas afectados por este ministro que está entre los predilectos del presidente. Eso golpea en el propio voto y lo alienta no sólo la oposición. Tampoco han abundado los defensores dentro del Gobierno, salvo los funcionarios que filtran dichos de reuniones a puertas cerradas. Pero esta vez las estrellas que frecuentan las peñas en radios y TV no han aparecido. Para peor, la salida marketinera de castigar a las familias de los funcionarios pone luz en otras inconsistencias. Le recuerda al público que el Gobierno ha fomentado el nepotismo, que es el cán--

Mario Quintana, uno de los “ojos” del jefe de Gabinete, fue el responsable de entregar una copia del DNU al PJ “blanco”. El senador peronista Miguel Pichetto anticipó que si Diputados voltea el DNU, no haría nada para rescatarlo.

María Eugenia Vidal, la figura imprescindible para 2019, sería, paradojas de la vida, el pasaporte para la superviviencia de la boleta electoral tradicional.

cer de la vida pública. El nepotismo evoca lo contrario a la república y exalta el tribalismo. Es perverso porque transmite a la sociedad un mensaje descorazonador: que para alcanzar una posición en la vida es necesario pertenecer a un grupo, como a una familia. Va contra la meritocracia y la igualdad. La medida es sana en el fondo, aunque oportunista en la forma. ¿Recién se enteró ahora Macri que su gobierno designaba a parientes de funcionarios? ¿O es que antes no le importaba y ahora sí? Para las cuestiones de principios no hay tiempos oportunos o inoportunos.

La reforma electoral al freezer

Estos debates, que parecen sobre minucias, encierran los grandes dilemas de unos y otros en torno a la estrategia electoral para 2019. En una cueva de campaña de la gobernación de Buenos Aires —que reporta al jefe de Gabinete Federico Salvai, pero que en los papeles depende del peronista en tránsito Joaquín de la Torre, ministro de Gobierno— se hizo un análisis del voto legislativo de 2017 en el nivel municipal.

Indica que, si ese resultado se repitiese en 2019, Cambiemos ganaría el gobierno en más de 100 de los 134 partidos que tiene la provincia. Es una suposición porque el año que viene los intendentes van a jugar en defensa de su poder y en esa pelea muchos peronistas lo lograrán. El recurso de Cambiemos será colgar sus postulantes al nombre del candidato/a a gobernador, o sea de María Eugenia Vidal. Para eso hay que mantener las boletas tradicionales. ¿Quién querrá reemplazarlas, arriesgando todo? Esto vaticina que tampoco avanzará el oficialismo en la reforma electoral con urna electrónica o voto electrónico, un proyecto que fracasó en 2016 y que el Gobierno incluyó en el menú de extraordinarias de 2017. Trasmite modernidad, pero en el fondo, nadie hará nada para que avance. Darle digna sepultura a esa quimera puede ser prenda de acuerdo con el peronismo, que ya se ha pronunciado en contra. Eso explica que el Gobierno siga insistiendo, de la boca hacia afuera, que quiere esos cambios.