La fórmula oficial para contener las subas en la energía
Llave.La legislación noventista da herramientas para limitar los aumentos del gas, protagonista de la matriz energética. Cambios en energías renovables.
El Enargas envió a productoras y distribuidoras una nota recordando la vigencia de normas que impiden
trasladar a las tarifas finales un valor fijado arbitrariamente para la producción, lo que de facto limita los aumentos del gas. La alerta del ente regulador es irritante para las empresas y compatible con la estrategia del Ministerio de Energía para disciplinar los precios energéticos:
subas graduales hasta el fin del mandato de Mauricio Macri y menos intervención del Estado para fortalecer la renta de petrolera.
Javier Iguacel, nuevo titular de Energía, tiene diferencias notables con su antecesor, empezando por un estilo de comunicación más activo y fluido, tanto en TV como en Twitter, así como un grado de imprevisibilidad mayor para sus interlocutores patronales, que lo reconocen tan “inteligente y honesto” como comprometido con propósitos electorales.
La distancia respecto de Juan José Aranguren también se produce porque el actual ministro tiene el mandato político prioritario de continuar con la recomposición de precios energéticos pero cuidando no asfixiar a los usuarios, potenciales vote tantes, y minimizando la suba de subsidios. Esto no sólo impone estratificar los aumentos de luz y de gas sino ir al hueso para bajar los costos de producir esos bienes.
Una de las ideas fuerza del ministro para lograrlo es que el Estado deje de fijar precios de modo directo o bendiciendo acuerdos entre privados, con la contracara de fomentar la competencia entre las empresas que producen esos bienes.
El primer ensayo oficial en ese sentido fue lo que se conoció como “la liberación del mercado de los combustibles”, que dio por caído un pacto empresario bajo el paraguas oficial
para contener el precio de las naftas,
sujeto al valor del petróleo y el dólar. Las refinadoras ganaron más soltura para recomponer precios en un mercado con pocos actores y claramente liderado por YPF.
Aun con los aumentos de los últimos días que encabezó la petrolera de mayoría estatal, Iguacel subrayó que los combustibles argentinos son competitivos respecto a los de la región, sugiriendo que existe margen para más. Las estimaciones privadas sindican que, según el valor del crudo en el mundo y del tipo de cambio, los surtidores acusan un atraso de entre el 7 y el 11 %. Energía no impedirá que se estreche ese margen.
Otra parece ser la visión oficial respecto del gas, protagonista de la matriz energética, todavía regulado por una maraña de disposiciones. Aunque no lo exprese públicamente en esos términos, Iguacel está convencido de que los senderos de precios definidos en el primer tramo del gobierno macrista garantizaban un precio injustificadamente alto para los productores y comenzó a trabajar para bajarlos.
Al igual que el presidente, el ministro apuesta al desarrollo de Vaca Muerta, lo que permitiría aumentar la oferta de gas, disminuir las importaciones y volver a exportar. Pero no está dispuesto a sostener el sistema
de estímulos creados por la resolución 46, que garantiza con recursos públicos un precio teórico bastante superior al de mercado. Los proyectos ya aceptados cobrarán ese millonario subsidio, con el que las productoras cubren una porción importante de sus inversiones en gas no convencional. Los que no, serán revisados cuidadosamente bajo pautas
más estrictas y difícilmente logren la venia oficial, según advirtió públicamente el ministro.
Si se abarata el gas, también lo hará la electricidad mayorista; en su mayor parte está generada por usinas térmicas, que consumen un tercio del carburante que se produce en el país. Por una reciente resolución Energía bajó de 5,20 dólares el millón de BTU a “un máximo” de 4,20 esa unidad calórica.
La apuesta es que los precios del gas eléctrico queden por debajo de ese tope, gracias a la competencia. Hoy el gas para las usinas lo compra el Estado. Desde septiembre, las propias generadoras compraranal productor que les resulte más barato.
Más gravitante para determinar cuánto cuesta en Argentina el energético estrella es cómo se resolverá la disputa entre productoras y distribuidoras tras la última devaluación, en la que el Gobierno no quiere laudar directamente. Las últimas se niegan a honrar contratos con valores en dólares al tipo de cambio actual, según se consignó en contratos en dólares bajo la venia de Aranguren. Finalmente, el costo del producto explica un tercio de la tarifa que paga Doña Rosa y su traslado a la factura final debe ser avalado por el en-
regulador.
Días atrás el Enargas recordó a las empresas que, por el artículo 38 del marco regulatorio del gas y el decreto 1114 de 1994, sólo puede autorizarse el pass through (traspaso) de un “precio mínimo compatible con la seguridad de abastecimiento” y que resulten de contratos celebrados tras procesos “transparentes y competitivos”.
La misiva firmada por Mauricio Roitman sólo advierte que el ente no puede convalidar cualquier precio
mayorista y lo hace en su condición de custodio de la ley. Pero sumada a otros gestos en sintonía del ministro, enojó a algunas productoras que le endilgan al Gobierno tener gestos intervencionistas disimulados con una prédica liberal.
Uno de los consultores más escuchados por las empresas expondrá en los próximos días esas críticas ante representantes del FMI, añadiendo la advertencia de que “podrían bajar las inversiones” en la producción de hidrocarburos si la política oficial sostiene este Norte.
Iguacel sostendrá el desarrollo de la electricidad renovable, con protagonismo creciente en la generación eléctrica por mandato legal. Pero el próximo llamado a licitación para aumentar la oferta de megawatts verdes se hará sin el reaseguro estatal clave: Cammesa -la administradora del mercado mayorista eléctrico- dejará de comprarle a las futuras usinas la electricidad a través de contratos en dólares a largo plazo. Los futuros inversores que surjan de la Ronda 3 tendrán que hacer su apuesta sobre la base de conseguir sus clientes, sin garantía estatal de precio y volumen.
Para los privados, los combustibles deberían ajustarse entre un 7% y un 11% adicional para compensar el aumento de costos.