LOS LIDERAZGOS POLÍTICOS Y EL FMI
La decisión del gobierno del presidente Macri de formalizar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) reabrió la discusión sobre la influencia y el desempeño de esa institución multilateral de crédito.
Uno de los objetivos de la creación del FMI, que inició sus operaciones financieras en 1947, fue el de poner a disposición de los países miembros con dificultades de balanza de pagos, temporalmente y con garantías adecuadas, los recursos generales de la institución.
Ese acuerdo, el décimo en los últimos treinta y cinco años, llega luego del pago anticipado de los vencimientos programados de 9.800 millones de dólares, en el año 2006 con Néstor Kirchner en la Casa Rosada.
Los cuestionamientos al FMI, emparentados con los que se formulan al proceso de globalización, tienen orígenes diversos y no discriminan por ideología y tampoco por nacionalidad.
En los Estados Unidos, por caso, hay centros de pensamiento que objetan la pertinencia de los aportes de sus contribuyentes al capital del FMI, el más influyente de los países miembros con algo menos del 20 % de los votos totales. Más aún, los sectores ultraconservadores llegan a impugnar su propia existencia.
En nuestro país, para varios agrupamientos políticos —como la izquierda internacionalista y extraparlamentaria y el más rancio nacionalismo movimientista— todos los problemas de la Argentina se explican por la influencia y el accionar del Fondo.
Esta interpretación simple y superficial, además de incompleta, de la historia de retroceso secular de nuestro país omite ponderar la contribución de las interrupciones institucionales al fracaso argentino —iniciadas con el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen y clausuradas con el presidente Raúl Alfonsín en 1983—; las nocivas derivaciones sobre la fortaleza institucional ocasionadas por los regímenes populistas y, también, las perjudiciales consecuencias estructurales de la implementación de programas que, contaminados de facilismo económico, sólo priorizan el cortísimo plazo.
Es útil, entonces, complejizar el análisis con información complementaria. Para empezar, en todos los encuentros del G20 —particularmente desde que participan los jefes de Estado de las naciones que lo integran, luego de la gran crisis global iniciada en el año 2008— ha sido una constante el reconocimiento a la necesidad de instituciones financieras multilaterales, sin perjuicio de las sustanciales reformas recomendadas.
En cada una de las doce reuniones, el documento final aprobado con la firma de los jefes de Estado, el argentino incluido, tiene apelaciones y convocatorias a la acción del FMI. Por caso, en la primera que tuvo lugar en Washington, en noviembre de 2008, se reclama que “el FMI debiera trabajar para identificar vulnerabilidades, anticipar potenciales situaciones de estrés y actuar rápidamente para tener un papel clave en la respuesta a la crisis”, al tiempo que se pide como medidas de mediano plazo que “el FMI refuerce su asesoramiento
en políticas macrofinancieras”.
Pocos meses más tarde, en Londres, durante abril, cuando los efectos de la crisis global se extendían por el mundo, los presidentes y jefes de Gobierno informaron que “apoyaremos ahora y en el futuro la supervisión sincera, equilibrada e independiente por parte del FMI de nuestras economías y nuestros sistemas financieros”.
Ese mismo año, pero en Pittsburg (EE.UU.) en septiembre, los líderes ratificaron que “pedirán al FMI que ayude con sus análisis sobre cómo conjugar los respectivos esquemas de políticas nacionales y regionales”.
Así, los gobernantes de países de todas las geografías, con las más diversas orientaciones ideológicas, tradiciones y culturas, coincidieron en aumentar los fondos prestables del FMI a través del incremento de las cuotas de los países miembros —en nuestro caso cumplido a través de la Ley 26849 sancionada en abril de 2013 que elevó el aporte argentino al capital del FMI a cerca de 5.000 millones de dólares— y en aumentar y facilitar los procedimientos de sus líneas crediticias.
En otro plano, en este caso referido a la dinámica política en países vecinos, son reveladoras las actitudes de las fuerzas políticas de oposición en circunstancias económicas complejas y conflictivas que, por no ser habituales en nuestra vida pública, son motivo de asombro y, también, de sana envidia.
En Uruguay, por caso, en la crisis del año 2002 el Frente Amplio facilitó en el Congreso la aprobación de, entre otras, la ley de reprogramación de la deuda frente a las presiones domésticas e internacionales para que el gobierno declarara la cesación de pagos. Al decir del ex vicepresidente y actual Ministro de Economía Danilo Astori, el Frente pudo “prender fuego la pradera” pero, en cambio, tuvo una actitud “constructiva”.
En Brasil, por su parte, en setiembre de 2002, el gobierno del Fernando Henrique Cardoso firmó un acuerdo con el FMI por el cual el 80% de los desembolsos, de un total de 30.000 millones de dólares, ocurrían durante el turno presidencial que se iniciaba a principios del año siguiente. El acuerdo contemplaba la sanción de normas legales —para dotar de mayores grados de autonomía a la autoridad monetaria y promover cambios en el régimen previsional— y proyectaba un resultado fiscal primario superavitario de 3,75% del PBI.
En esas circunstancias, el candidato de la coalición opositora y luego dos veces presidente, Lula, oficializó su posición de “respetar todos los compromisos asumidos”, mantuvo un encuentro público en la sede del gobierno con Cardoso y, ya como presidente en ejercicio, corrigió al alza el superávit fiscal presupuestado y avanzó en la sanción de las leyes comprometidas.
Este breve repaso muestra que los gobernantes de las más influyentes naciones, entre los que se encuentran Obama, Merkel, Xi Jinping y Putin, han considerado que los aspectos negativos de la globalización, particularmente la ausencia de reglas en los mercados de capitales, requieren de acciones coordinadas a escala global y que en ese diseño las instituciones financieras internacionales tienen un papel destacado que incluye, por cierto, la asistencia financiera a los países miembros.
Del mismo modo, la observación de la historia reciente de nuestros vecinos enseña que el diálogo constructivo entre el gobierno y la oposición no condiciona la autonomía de sus decisiones; que la voluntad de cooperación entre los actores no afecta sus condiciones competitivas y, más importante, que las coincidencias entre los actores es la condición necesaria para superar los limitados horizontes de los tiempos electorales.
Se trata de evitar la incertidumbre que es —según el Profesor Julio Olivera, tal vez el único argentino que pudo ser Premio Nobel de Economía— “antes que el error, lo que produce efectos más duraderos y perniciosos”
En suma, resulta evidente que los acuerdos sustantivos entre los partidos políticos son, al proveer de certezas y previsibilidad a los actores económicos y sociales sobre las normas y las reglas, el insumo imprescindible para una asociación virtuosa entre el capitalismo y la democracia.
Los países más grandes avalaron la necesidad de tener entidades financieras internacionales, como el FMI.