El partido del acuerdo busca plata para la campaña electoral
Notas al margen. El escándalo de los cuadernos de Centeno puso al rojo el sistema de financiamiento de la política. El Gobierno tiene un proyecto de ley consensuado con el PJ no K, pero hay grietas en el oficialismo.
El oficialismo y el peronismo federal llegaron a un acuerdo para presentar un proyecto de ley que permita que las empresas hagan aportes para las campañas políticas.
Bajo la cobertura de la crispada negociación del Presupuesto, el oficialismo y la oposición se pusieron de acuerdo para precipitar, antes de fin de año, la aprobación de un sistema de financiamiento de las campañas, que alivie las estrecheces de la Argentina post cuadernos. Con diferencia de horas, la cúpula de Cambiemos y la de peronismo federal del Senado —que para ciertas necesidades de la santísima gobernabilidad integran un virtual Partido del Acuerdo— presentaron dos proyectos de ley para permitir que las empresas puedan aportar el dinero necesario para las campañas. Las iniciativas las firman los caciques de Cambiemos Ángel Rozas (UCR) y Pedro Braillard Poccard (Pro) y los del peronismo anticristinista Miguel Pichetto, Rodolfo Urtubey, Carlos Caserio y Dalmacio Mera, un arco que comprende a las tribus que responden a los gobernadores Juan Schiaretti y Juan Urtubey. La firma de Pichetto, si se atiende a las últimas imágenes tucumanas, parece acercar también al peronismo de Juan Manzur y al disidente Sergio Massa: la coreografía del acto del 17 de octubre en Tucumán destacó la marcación escénica que hizo entrar al escenario, juntos, a Pichetto, Manzur y Massa. Con esta amplitud de voluntades, está asegurada la aprobación de un nuevo régimen que permitirá que las empresas puedan aportar el dinero para las campañas, algo que hoy impide el Código Electoral. Esa inhibición fue la que justificó, según la trama del sargento Centeno, que una liga de empresarios se comprometiese durante años a entregarles a funcionarios del gobierno millones de dólares en negro y efectivo. Las revelaciones del mayor escándalo de corrupción del siglo, cualquiera sea el destino judicial que tengan, han cerrado todas las canillas que volcaban plata de los privados hacia la política. Un drama que necesita superar el sistema.
Carrió ya adelantó el rechazo a dineros empresarios
La acumulación de estos proyectos en el Senado responde a un movimiento concertado del oficialismo y la oposición. Los que fueron presentados el 9 y el 10 de octubre intentan blanquear los aportes de las empresas, y proponen una bancarización total de todos los movimientos del sector privado hacia los partidos. La voluntad de tratar estos proyectos cuanto antes, se manifestó en la tarde del jueves, cuando la Comisión de Legislación Ge- neral del Senado, que sesionaba con asesores, recibió la instrucción de preparar en el menor tiempo posible un dictamen que habilite el tratamiento en el recinto, quizás antes de que termine el período ordinario de sesiones. Rogelio Frigerio admitió en Lima, adonde participaba ese día de un foro sobre transparencia de la política, organizado por la OCDE, que el Gobierno empujará por la aprobación. Pero la claridad sobre la voluntad del Senado se oscurece cuando se analiza la suerte de la iniciativa al pasar a Diputados. Los legisladores del oficialismo en la Cámara Baja no han mostrado mucho entusiasmo en avanzar en la autorización a las empresas para financiar campañas. Elisa Carrió ya se expresó contra esa iniciativa, cuando el Gobierno mandó un proyecto similar a Diputados. La jefa de la Coalición arrebató la bandera de la ética y la clavó en el jardín de su chacra de Exaltación de la Cruz. Hay diputados radicales que están dispuestos a seguirla. Éste no es el mejor momento como para reabrir el debate en Diputados. Hubo alguna esperanza antes del “cuadernazo” del sargento Centeno, pero las esquirlas de ese estallido la disipó.
Una reforma electoral para habilitar una amnistia
Este tipo de proyectos de naturaleza electoral requieren una mayoría especial para ser aprobados. El empecinamiento en avanzar en esta reforma, que habilite el dinero de los empresarios en las campañas, tiene además, una justificación inconfesable, aunque no dolosa. Los tres grandes partidos que jugaron en las presidenciales de 2015 —Cambiemos, Frente para la Victoria y Frente Renovador — tienen rechazadas las rendiciones de gastos. Hace un mes, la Cámara Nacional Electoral le ordenó a la jueza electoral María Servini que investigue la ruta de esos dineros. Los auditores del tribunal observaron las cuentas de esas tres formaciones, además de la de Compromiso Federal de los Rodríguez Saá. Esto puso al trámite en un camino negro, del cual nadie espera nada bueno. Por de pronto, el rechazo inhibe a los partidos que integraron esas alianzas de 2015 a recibir dinero del Estado para las elecciones de 2019. ¿Podrá Servini cumplir con la investigación que le reclama la Cámara antes de octubre del año próximo? Entre las observaciones que se le han hecho a Cambiemos, está la de haber usado aportes de empresas al partido para el pago de las campañas, un atajo para eludir la prohibición que ahora se quiere levantar. El peronismo fue observado por justificar gastos de campaña con aportantes insolventes, algo que también le reprochan a Cambiemos en Buenos Aires para las elecciones de 2017. Si estas causas no se cierran, hay una sola manera de salir del laberinto: que el Congreso apruebe la reforma que contienen los proyectos de Pichetto y Rozas en el Senado, blanquee los aportes empresarios y dicte una amnistía para los pecadillos del pasado. No es nuevo esto de provocar a una amnistía sobre las irregularidades anteriores para salvar el futuro. Todas las normas que han regulado el manejo de dinero electoral han disculpado las responsabilidades del pasado. Y aunque no ocurriese de manera formal, los acusados — si se sanciona un proyecto que autorice el dinero de empresarios de aquí en delante — podrían acogerse a la ley más benigna.
El silencio de los inocentes
Para las cúpulas partidarias es una necesidad superior superar este entuerto. No sólo porque un blanqueo del dinero empresario es la única manera de que los hombres de negocios vuelvan a abrir el monedero, cuando los políticos les pidan ayuda de campaña. Más importante aún es la suerte personal de apoderados y recaudadores. Manejar fondos de campaña ha sido siempre una tarea de pesada responsabilidad. Se maneja dinero negro y hay que evitar fugas inconvenientes. Por eso se las confía a familiares, o personas de la máxima confianza. No suelen ser políticos y no tienen el cuero duro de los profesionales. Hoy, aterrados, enfrentan castigos por el uso de aquel dinero. Sus mandantes temen, además, que la presión judicial afloje alguna lengua, y sobrevenga otra ola de arrepentimientos premiados. Sería una situación de un dramatismo más profundo que el de la causa cuadernos. Las revelaciones en el caso de los cuadernos han salido aportadas por profesionales de los negocios y de la política —dos géneros de la picardía. Es gente que sabe mentir y está acostumbrada a enfrentar el lado amargo de su función. En vez, los apoderados y recaudadores son muchas veces gente común, contadores de la confianza personal de políticos, o parientes comprometidos por la lealtad personal.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, admitió que el Gobierno avala una ley sobre aporte empresario a las campañas. El senador Federico Pinedo tiene la responsabilidad de asegurar en el Senado la votación que sube el pago de Bienes Personales.
El campo alerta ante la suba de Bienes Personales
La concertación de esfuerzos para relanzar la reforma del régimen de financiamiento de las campañas, ha corrido calladita por debajo de los tumultos del presupuesto, que muestra en las últimas horas una volatilidad extrema. El jueves Federico Pinedo y Miguel Pichetto intentaron organizar un cronograma para el tratamiento en el Senado. Suponen que el 1° de noviembre aparecerá Nicolás Dujovne para explicarles a los senadores los lineamientos de un presupuesto ya aprobado por Diputados. Desde ese día, habrá dos semanas de amansadora hasta que lo vote el Senado. Será sobre el filo de la cumbre del G20, fecha límite que se pone el gobierno para tener cerrado el capítulo. Para que se cumpla este cronograma, hay que superar algunos escollos. El oficialismo cree que el martes 23 puede haber dictamen en Diputados para que el proyecto vaya el miércoles a una sesión especial. Todos coinciden en que está lista la música para aprobarlo, pero faltan detalles de la letra. En el oficialismo temen que se reabra otro round de puchereo con los gobernadores. Sus legisladores han tenido la lapicera fácil para firmar los proyectos en los que hay recompensa (adenda al pacto fiscal, suspensión de la actualización de balances por inflación, etcétera), pero remolonean hasta el final para ponerle el gancho al dictamen del presupuesto. El jueves se aprobó al aumento de Bienes Personales, que al final el Gobierno impuso como un pedido irrenunciable de los gobernadores, como compensación a la disolución del Fondo Sojero y los recortes al subsidio al transporte con cargo de la Nación, y que ahora asumirán las provincias. Fue con fórceps, porque el intento del Gobierno era incluirlo en un capítulo del presupuesto. Los técnicos aconsejaron que fuera en una ley aparte y así se hizo. Antes de la firma del dictamen, el martes el oficialismo tiene que convencer a algunos diputados propios que montaron en cólera cuando vieron las planillas con el detalle del aumento de Bienes Personales. ¿No era que el campo quedaba afuera?, se preguntan y se lo van a reclamar esta semana a los responsables del proyecto. Hay ruidos de guerra que pueden reabrir las diferencias entre el Gobierno y el campo, que ya se exhibieron con la suba de las retenciones.