El Gobierno estudia potenciales casos de cartelización
Datos. El Ejecutivo intenta identificar eventuales prácticas distorsivas. Ya hay casos en marcha. También se investigará a las cámaras empresarias.
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) inició investigaciones de mercado sobre medicamentos, combustibles y cemento para identificar eventuales prácticas distorsivas que impliquen precios inadecuadamente altos en esos sectores. Bajo el imperio de una nueva ley, que crea la figura del “arrepentido” en casos de cartelización, el organismo también analiza en reserva algunos casos específicos y alista guías para que las cámaras empresarias no sean vehículo para cometer esta falta.
Las acciones de la Comisión, que opera bajo la órbita de Producción, están fundadas en el propósito de ejercer algún control sobre los precios de insumos básicos con fuerte impacto en la economía. Las investigaciones de mercado son el paso preliminar para la apertura de un expediente que determine la comisión de un delito pasible de ser sancionado con multas de hasta 4.000 millones de pesos o equivalente a 30% de la facturación de un ejercicio, según los parámetros de la flamante ley 27.442.
Por estas indagatorias, en los últimos meses las empresas involucradas tuvieron que desfilar por Comercio para dar detalles sobre sus estructuras de costos y criterios de comercialización. Shell, Bagó, Aceros Zapla o Acindar son sólo ejemplos al azar de firmas citadas en estos procesos de recolección de datos, complemento clave de estudios contratados a consultoras privadas.
En el caso de los medicamentos, la incógnita a despejar es si la integración vertical de laboratorios que producen fármacos y, al mismo tiempo, integran sociedades junto a sus competidoras para distribuirlos, no propicia la coordinación de precios y, al mismo tiempo, dificulta el acceso a los puntos de ventas de productos de marcas ajenas.
Si los analistas comandados por Esteban Greco concluyeran que es
así, seguirán las formalidades para que el secretario de Comercio aplique la pena y recomiende posibles desinversiones.
El disparador para poner la lupa sobre combustibles fue la desregulación a partir de la eliminación del barril
criollo, precio local más alto que el internacional. Esto indujo a convocar a las refinadoras de todas las marcas para que expliquen el comportamiento de los surtidores, sobre un criterio elegido arbitrariamente: la paridad de importación. En otros términos, la Comisión intenta averiguar si los precios locales de las naftas están a tono con lo que costaría importarla y si, efectivamente, hay condiciones para comprar libremente desde el exterior.
Casos y temas
Los técnicos oficiales no tienen dudas de que la conformación del mercado local de los combustibles es oligopólica, aunque eso en sí mismo no es una falta como lo sería la coordinación de precios entre las refinadoras, algo siempre difícil de probar. “Que los precios se muevan en paralelo no es en sí mismo pauta de cartel”, precisa Greco ante el Económico. Más aún: en este caso, también se maneja la hipótesis de alguna distorsión producto de la posición dominante que ostenta YPF. El final está abierto.
La actual investigación de mercado sobre el sector cementero está inspirada en interpretar por qué los precios registraron alzas muy pronunciadas en los últimos meses, con el agravante de un fuerte antecedente que no se olvida: en el 2005 Defensa de la Competencia sancionó al pequeño puñado de productoras por colusión y reparto de un mercado que tiene pocos oferentes, hecho que fortalece las sospechas.
Otro rubro también ligado a la construcción como el de aceros no
planos dio lugar a un proceso concluido hace poco que identificó a Acindar como presunta responsable de abuso de posición dominan-
te. Ahora hay un expediente abierto para entender por qué los precios internos de ese commodity serían notoriamente superiores a los internacionales.
Un problema es que la drástica devaluación de los últimos meses afecta los precios relativos y condiciona los parámetros de importación y exportación en varios casos bajo análisis. A las investigaciones de oficio, la Comisión suma otras disparadas por denuncias, como la que realizó Queruclor contra Dow Chemical por supuesto abuso de posición dominante al momento de fijar el precio de un insumo vital para su negocio. Otro proceso enturbiado por la inflación que disparó el nuevo tipo de cambio.
Existen, además, serias dificultades para probar acuerdos de precios o el reparto de cuotas de mercado, conductas propias de la cartelización. La nueva ley de Defensa de la Competencia intentó subsanar ese déficit con la creación del programa de clemencia por el cual el miembro de un cartel puede ser eximido de la pena si se incrimina denunciando el acuerdo del que forma parte. Flamante figura aún no reglamentada.
Cámaras en la mira
La nueva ley le reconoce el status de
ilegal a la cartelización, lo que facilita la penalización: hasta hace meses solamente se sancionaba si se probaba que producía un daño a un tercero. Para evitar chicanas procesales, los funcionarios responsables guardan estricta reserva sobra alguna investigación concreta sobre esta conducta y, al mismo tiempo, alistan una guía para combatir las prácticas ajenas a la libre competencia, que germinan en las propias cámaras patronales.
El documento que el Gobierno se apresta a difundir objeta que en las reuniones de directorio se hable sobre precios de los bienes o servicios ofrecidos; o que la entidad patronal elabore estadísticas que propicien el intercambio de datos sensibles sobre la estrategia comercial de cada socio, algunos ejemplos de la mala praxis que se pretende erradicar.
La Cámara de Farmacias de Tucumán fue obligada por la CNDC a reformular su estatuto, que impedía a sus socios a otorgar descuentos fuera de cierto rango, configurando un inédito caso de acuerdo anticompetitivo documentado. Otro caso testigo podría ser el de las obras viales, muchas objeto de investigación judicial, ejecutadas por empresas que acordaban precio y reparto de contratos
en cónclaves que se realizaron en oficinas de la propia Cámara de la Construcción. Según se tiene noticia hoy y tal como denunció hace más de una década Roberto Lavagna, el ministro de Economía de Néstor Kirchner.