Dudas por la carrera entre la inflación y las jubilaciones
Difícil. El Gobierno prevé un mecanismo de ajuste y un bono compensador para pocos beneficiarios. Los ganadores netos serían los titulares de la AUH.
Por la alta inflación y la recesión, el poder de compra de las jubilaciones y demás beneficios de la Seguridad Social, que comprende a poco más de 17 millones de personas, tuvo una fuerte caída en 2016, de entre 7 y 9 puntos. En 2017, lograron recuperar unos 3 puntos con dos subas semestrales que sumaron 28% frente a una inflación de casi el 25%. Así, en dos años, 2016/2017, punta a punta, la inflación fue del 74%, mientras las prestaciones subieron el 68,6%.
¿Esta recuperación parcial de 2017 se interrumpirá este año, se estabilizará o mejorará como consecuencia de la evolución esperada de la inflación y de los sueldos y del cambio de la fórmula de movilidad?
En lo inmediato, el cambio de fórmula lleva a que en lugar del 14,5%, las prestaciones sociales tengan un aumento del 5,7%, de acuerdo a la nueva fórmula que combina 70% del IPC del INDEC y 30% de salarios (Ripte) del tercer trimestre de 2017. En junio, por la mayor inflación, el aumento podría rondar poco más del 6%, de acuerdo a los datos de octubre-diciembre de 2017 de esa misma fórmula.
Para achicar esta fuerte diferencia inicial por la nueva movilidad, se aprobó un bono compensador por única vez con montos diferenciados para determinados beneficios.
El refuerzo en los haberes que se otorgará en marzo por única vez será de $400 para las AUH, de $375 para los haberes con moratorias y de $750 para los haberes hoy de hasta $9.460 pesos o hasta $10.000 a valor de marzo de 2018.
Otros, como las asignaciones familiares de los trabajadores formales y las jubilaciones y pensiones hoy superiores a $9.460, quedaron excluidos de cualquier compensación.
A su vez, se aprobó el 82% sobre el salario mínimo, vital y móvil que, por los números en juego, comprende los meses de enero y febrero a 1,3 millones de personas, y que quedará absorbido, para la mayoría de los casos, con el aumento de marzo.
Un estudio de la consultora Econométrica estima que, incluyendo el bono compensador, y en base a estimaciones propias de inflación y de subas salariales, el resultado sería el siguiente:
“Frente a una inflación del 24,8% promedio anual, las AUH aumentarán un 26,5% en promedio anual. El haber mínimo con moratoria un 24,0%, y el haber que actualmente cobra hasta $10.000, reflejará un aumento promedio de 24,2% en 2018. Quienes cobran por arriba de $10.000 sin el adicional en marzo, reflejarán un aumento del 23,5% en el acumulado 2018”. También cobrarían un 23,5% más, los beneficiarios de las asignaciones familiares.
En definitiva, con excepción de la
AUH por el mayor peso del bono compensador que cobrarán los padres de 4 millones de chicos, el resto empataría o se situaría levemente por debajo de la inflación promedio del año. En cambio, y si la inflación va descendiendo, habría hacia fin de año una pequeña mejora en la comparación punta a punta. “Por tanto, para que la jubilación en 2018 mantenga el poder de compra, la inflación acumulada no tendría que ser superior al 22% diciembre/diciembre”, dice el informe de Econométrica.
De esta forma el poder de compra de las prestaciones sociales se mantendría por debajo o se aproximaría a los niveles de 2015 si la inflación logra asegurar una tendencia descendente. En lo inmediato, la inflación viene subiendo en la expectativa de las consultoras, por la movida del dólar, de los combustibles y los anuncios de nuevos ajustes tarifarios.
En base a estos números, Econométrica sostiene que “para 2018, con la nueva ley, el adicional en marzo y bajo nuestros supuestos, el gasto en seguridad social se elevará un 24% este año, frente a una economía que crece nominalmente al 27% ante la suma de inflación + crecimiento del PBI. Esta diferencia de gasto social al 24% y la economía al 27%, conllevará una caída del gasto social en proporción
de la economía de 0,3% del PBI para culminar en 11% del PBI en 2018, sin por ello afectar el poder de compra de los haberes”.
También con la opción del trabajador a jubilarse a los 70 años, aprobada en la reciente ley de diciembre, el Gobierno busca achicar en los próximos años el número de los nuevos jubilados y reducir el gasto previsional, aunque la medida podría dificultar o retrasar el ingreso de la gente más jóven al mercado de trabajo.
De todas maneras, hay pendiente una reforma previsional integral que debería concretarse el año próximo y que por su alcance promete abrir una fuerte discusión tan o más intensa que la del cambio de fórmula..
La ley de Reparación Histórica, sancionada en mayo de 2016, ordenó crear un Consejo de Sustentabilidad Previsional “que tendrá a su cargo la elaboración de un proyecto de ley que contenga un nuevo régimen previsional, universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto para su posterior remisión por el Poder Ejecutivo nacional a consideración del Honorable Congreso de la Nación”. Y concluye: “El Consejo de Sustentabilidad Previsional deberá cumplir su cometido dentro de los tres años de la entrada en vigencia de la presente ley”, o sea, antes de mayo de 2019.