Una industria en aprietos
La industria de biodiésel argentina nació en 2007 como consecuencia de la política estratégica del Gobierno Nacional destinada a agregar valor a las exportaciones agroindustriales y a diversificar la matriz energética, sustituyendo importaciones de gasoil con el consiguiente impacto positivo en la inversión y en el empleo, y colaborando al mismo tiempo a la mitigación de los gases efecto invernadero responsables del calentamiento global.
El Programa de Biocombustibles creado por el Ministerio de Planificación Federal, con el respaldo del Ministerio de Agricultura, fue exitoso y la senda por él marcada, perdida luego de la creación de la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo, en agosto de 2012 -que en la práctica tomó el control del citado programa-, debe ser retomada.
El sueño de contar con biodiésel en Argentina está vinculado a la necesidad de agregar un nuevo e importante uso a los aceites vegetales, diversificando la oferta de los productos derivados del complejo oleaginoso argentino y sus destinos, sosteniendo sus precios en el largo plazo, de manera de aumentar el ingreso total del mismo y, consecuentemente, los ingresos fiscales.
Decirle “no” al biodiésel implica orientar las política públicas en el sentido de primarizar nuestras exportaciones, hecho que es equivalente a presionar con más oferta sobre consumos ya satisfechos, con la consiguiente implicancia negativa en precios e ingresos fiscales. Por citar algunos ejemplos, ni Finlandia podría decirle “no” a la telefonía celular, ni Chile al cobre.
Si las políticas públicas argentinas dejaran de promocionar al biodiésel, se derivarían al mercado internacional las casi dos y medio millones de toneladas de aceite crudo de soja que hoy se transforman en ese combustible renovable, lo que generaría una caída de precios en todo el complejo oleaginoso, reduciendo el ingreso total, con un impacto muy negativo en la economía nacional, y, por ende, en el ingreso de divisas y en la recaudación fiscal.
En 2012, las plantas de biodiésel produjeron 2,45 millones de toneladas (exportaron 1,52 millones y colocaron en el mercado interno 0,88 millones). Las exportaciones de los últimos dos años superaron los 2.000 millones de dólares, hecho que las ubica entre las
Valor agregado Castigar al biodiésel implica primarizar las ventas globales del complejo sojero
primeras industrias exportadoras del país.
El mercado europeo es el principal destino. Los precios internacionales son establecidos por los mercados compradores en base a variables diferentes (situación económica, tipo de cortes obligatorios, productos competidores, calidad, certificaciones de sustentabilidad, etc.), siendo las importaciones desde Argentina solamente alrededor de un 15% del total consumido en Europa.
Con la capacidad instalada actual de la industria y las proyeccio biodiésel nes de crecimiento (se llegaría a más de 4,5 millones de toneladas a fines del 2013, o principios del año que viene), se puede atender la demanda interna y externa, al tiempo que se puede generalizar un corte del 10% en el mercado interno e implementar un corte al 20% en segmentos especiales como el agro, el transporte automotor de pasajeros y la generación eléctrica.
La caída de las exportaciones de biodiésel en los últimos meses es alarmante. Del mismo modo lo es la capacidad ociosa y las perspectivas de su evolución.
Además del aumento de la demanda interna de biodiésel antes citada, es fundamental reducir el nivel de retenciones para igualarlo con el vigente hasta julio de 2012, hecho que ayudaría mucho a competir (inclusive frente al de palma exportado por Indonesia, que a fuerza de muy bajos precios ha incrementado significativamente su participación relativa) y a no perder mercados atractivos.
Se requiere también una revisión urgente en la política tributaria, para evitar que el biodiésel nacional tribute el 41% de impuestos que gravan al gasoil mineral de origen nacional, cuando el gasoil mineral importado no lo tributa.
El cambio de reglas de juego que se produjo en agosto de 2012 es inexplicable bajo el imperio de la razón y tuvo un enorme impacto negativo. Los parches posteriores que se implementaron fueron improvisados y han fracasado.
La presidenta de la Nación debería involucrarse directamente en el problema; ella tiene capacidad y está a tiempo todavía para brindar soluciones acordes a la Política de Estado que su Gobierno creó y que tan buenos resultados había arrojado, hasta que intervino la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo.
De lo contrario, como ocurrió antes en el país con el trigo, la carne vacuna, la leche, la lluvia de gasoil, las estaciones de servicio, la Papelera Quilmes, el INDEC y el dólar “blue”, por citar algunos casos que involucran a uno de sus funcionarios preferidos, podremos decir que “todo tiempo pasado fue mejor”. Sería una lástima si ello ocurriera, más todavía cuando hace pocos días atrás la Presidenta exteriorizó en Abu Dhabi, en la Cumbre de Energías Renovables allí desarrollada, su orgullo por esta industria.