Reforma sin beneficios
Impuestos. Los cambios en el esquema tributario no resultaron positivos para las empresas agropecuarias.
Los productores agropecuarios están sumamente preocupados no solo por la sequía, sino también por la carga fiscal que continúan sufriendo y, lejos de reducirse, en conjunto ha aumentado para este sector. Los nudos tributarios principales del campo no se resuelven con los cambios propuestos en la reforma impositiva de la Argentina vigente desde el 2018.
En el impuesto a las ganancias se dispone una reducción de la tasa a partir de ejercicios que se inician posteriores al 1/1/2018 con un porcentual del 30%, que en el 2020 será del 25%. Si bien es acertado disminuir el tributo - y acercarse al promedio de porcentuales exigidos en el resto del mundo-, la exigencia de un impuesto especial a los dividendos lleva la tasa final en ambos casos al 35%. Se intenta incentivar las reinversiones de las ganancias, que logran así un diferimiento del impuesto que en los hechos no resulta una disminución final de esta carga fiscal.
El método utilizado es gravar los dividendos votados por asamblea y pagados a los accionistas. Sera la sociedad la obligada a retener el 7% para 2018 y 2019, así como del 13% a partir de 2020. Además el retiro de fondos o uso de bienes de la sociedad en beneficio de los socios - sin retribución o inferior al mercado-, presume la existencia de dividendos.
Los productores agropecuarios – en su gran mayoría que integran empresas familiares, chicas o medianas, esperan la distribución de los resultados logrados a los fines de completar sus ingresos destinados a su vida diaria, con lo cual serán pocos quienes se beneficien con este régimen.
Asimismo el agro está obligado a valorizar las existencias de granos y hacienda a su valor de cotización al cierre del ejercicio para liquidar el impuesto a las ganancias. Desde 1992 se prohíbe aplicar el ajuste por inflación para corregir sus resultados, lo cual produce una distorsión inaceptable. Un contribuyente puede no haber registrado venta alguna, y adeudar al fisco por esa “ganancia por tenencia”, francamente ficticia al no contemplar la desvalorización de la moneda.
Únicamente la reforma del impuesto a las ganancias permite esta corrección integral, cuando el porcentual de inflación en Argentina supere el 100% en 3 años (33% para primer periodo de vigencia y 66% para el acumulado del siguiente). Ello es inadmisible en un contexto donde todo apunta a que anualmente no supere un 18%.
El tratamiento impositivo ante una venta de campos continúa con una distorsión que supera todos visos de irracionalidad. Si pertenecen a una sociedad, su resultado continúa gravado al 35%. Al impedir actualizar su costo la distorsión es vergonzosa.
Si lo que se transfiere es el paquete accionario, la operación queda gravada con un 15% existiendo también distorsión al impedirse actualizar el valor de incorporación de cuotas o acciones al patrimonio del vendedor.
Si los campos pertenecen a una persona humana y hubiera comprado las tierras antes del 31/12/2017, el precio de venta queda alcanzado -como hasta ahora -por el 1,5% del impuesto a la transferencia de inmueble (ITI). Ello siempre que las parcelas se hallan destinado a arrendamiento o fuera de explotación por un periodo superior a 2 años.
La reforma dispone para este último caso que, de adquirirse desde 2018 y venderse luego, su utilidad obtenida se gravará con el 15% de impuesto a dicha ganancia de capital, pero se admite corregir por inflación su costo de compra.
Se otorgó mayor amplitud al régimen de venta y reemplazo de campos por otros bienes, al permitir incorporar inmuebles que se destinen a arrendamientos, es decir no ser estrictamente Bienes de Uso sino Inversiones. Ello es sin duda una buena noticia.
El consenso fiscal con las provincias sirvió para una disminución en los porcentuales del nefasto impuesto sobre los ingresos brutos. Sin embargo, en el campo, el haber atenuado este tributo no compensa ni cerca el incremento de presión tributa que implica el inmobiliario.
Somos conscientes de la gravedad actual, pero no hay que olvidar la quita de los derechos de exportación y la devaluación del dólar, que ayudan a mantenerse en la actividad.