Los impuestos acechan a la agroindustria
Diputados exceptuó a los campos de Bienes Personales pero la presión fiscal no para
La incertidumbre, ese karma argentino tan cercano a la improvisación, es otra vez un fuerte condicionante para la producción agroindustrial argentina. Lo confirmaron algunos hechos de esta semana, en especial el tratamiento legislativo sobre el Presupuesto 2019, y dos aspectos tributarios vinculados: el impuesto a los Bienes Personales sobre los inmuebles rurales y las retenciones.
Porque no sólo generó inquietud la intención original de subir estos impuestos. El problema es que, inclu- so tras la media sanciónde la Cámara de Diputados que diluyó los planes originales, todavía persisten las dudas. Y no sólo porque aún falta que se expida el Senado.
El balance tras una madrugada de apuro trajo alivio a productores y entidades, que habían encendido las alertas cuando parecía que los inmuebles rurales comenzarían a pagar Bienes Personales.
Un abanico amplio de legisladores, que lideraron el massista Marco Lavagna, el progresista Luis Contigiani, el oficialista Pablo Torello y justicialistas como Diego Bossio, acordaron con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Luciano Laspina, modificar el texto de la iniciativa. Y lo interesante del “espíritu de consenso” es que la excepción se fundamentó -según las alocuciones en el recinto-, en el caracter “productivo de los campos”.
Así se dictaminó que los inmuebles turales quedaban exentos de pagar Bienes Personales. Aunque no quedó claro si los campos de sociedades jurídicas quedarían exentas, porque una parte del texto -el punto f)- se refiere a “los inmuebles rurales cuyos titulares sean personas humanas y sucesiones indivisas, cualquiera sea su destino o afectación’.”
Desde la Sociedad Rural Argentina, la Fundación Barbechando, e incluso algunos legisladores, consideran que el proyecto de ley deja exento a todos los campos.
Pero especialistas como el contador Santiago Saenz Valiente consideran que no quedan afuera de la exención los campos de sociedades jurídicas. Entiende que seguirían gravados, con un 0,25% del valor patrimonial proporcional, según las acciones que conforman cada sociedad”
Al cierre de esta edición, en diversas oficinas del Congreso consultadas, no había nadie que respondiera con seguridad so bre este punto.
Un poco más claro es haber dejado en 30%, no en 33%, el tope de la alícuota de derechos de exportación a la soja. Aunque el porcentaje es alto, está más cerca del 28% que se paga actualmente.
El último zarpazo impositivo al sector más dinámico de la economía llegó el jueves, desde la Legislatura santafesina. Allí no encontraron otra manera de reemplazar los subsidios al transporte y al Fondo Sojero -que ya no reparte el Gobierno nacional- y la Cámara de Diputados provincial dio media sanción a un incremento de las alícuotas de Ingresos Brrutos sobre la comercialización de productos agrícolas. Y planteó un adicional de 300% en el impuesto inmobiliario sobre las actividades de acopio y exportación de granos y derivados.
Como advirtieron enseguida desde la Bolsa de Comercio de Rosario, esto también es un “factor de incertidumbre” para toda la cadena.