Aplicaciones de fitosanitarios
Las regulaciones para garantizar inocuidad sanitaria y ambiental avanzan lento y aún no resuelven el debate.
El debate va más allá de las pruebas científicas y las regulaciones avanzan lentamente.
Las aplicaciones de fitosanitarios siguen levantando mucha polvareda, no en el lote sino en los debates socioculturales. Cuando parece que se avanza hacia una regulación responsable, aparecen nuevas instancias, con múltiples involucrados, desde los productores y la gente que los rechaza, hasta organizaciones nacionales e internacionales, y empresas, con eje en funcionarios políticos y judiciales que no logran “ponerle el cascabel al gato”.
En ese marco, en los últimos días hubo dos noticias que echaron un poco de luz sobre la cuestión. Primero, la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA) volvió a aprobar el uso del glifosato, tras una conclusión precisa de Alezandra Dunn, Asistente Administradora de la Oficina de Seguridad Química y Prevención de la Contaminación de la EPA, quien afirmó: “No existe ningún riesgo para la salud pública por la aplicación de glifosato”. Y subrayó que “estos productos son seguros cuando se utilizan responsablemente”.
En el mismo sentido, fue significativa la decisión, este semana, del recientemente reelegido intendente de Cosquín, Gabriel Musso, quien vetó un proyecto de ordenanza en ese municipio que apuntaba a prohibir el uso y la comercialización de ese herbicida, desde hace tiempo puesto en el banquillo como principal acusado, a pesar de que múltiples análisis científicos aseguran que es uno de los agroquímicos más inocuos para el ambiente y la salud.
La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) fue la única agencia a nivel mundial que ha conectado el glifosato con el cáncer, pero en un sentido probabilístico. En tanto, el glifosato ha sido aprobado para su uso en más de 160 países, luego de estudios científicos de múltiples reguladores:la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA), el BfR alemán y Autoridades reguladoras de Australia, Canadá, Corea, Nueva Zelanda y Japón, así como la Reunión Conjunta FAO / OMS sobre Residuos de Plaguicidas (JMPR), entre los principales.
El Partido bonaerense de Pergamino es uno de los focos de conflicto que mayor virulencia ha alcanzado en los últimos meses, y el juez federal Carlos Villafuerte Ruzzo está llevando adelante actuaciones para resolver la disputa entre acusadores y acusados. En esa Provincia, vale recordar, se postergó por un año, la entrada en vigencia de la normativa regulatoria. Pero incluso en provincias donde la normativa es más clara, como Córdoba (Ley 9.164), persisten las posiciones encontradas.
Y a nivel nacional, la plausible iniciativa interministerial (Producción, Ambiente, Ciencia y Salud) no ha logrado avanzar al ritmo necesario para ir despejando dudas hacia la resolución de las controversias y las lógicas garantías de inocuidad ambiental y de salud de la población.w