Semillas: el UPOV 91, el uso propio y la bolsa blanca
La importancia de sancionar nuevas leyes y desterrar el uso ilegal.
Mucho se está hablando de la modificación del régimen legal de protección de variedades vegetales con relación a la propiedad intelectual de los obtentores públicos y privados. Este es un tema que Argentina debe encarar de manera imprescindible, no sólo para recuperar en ese aspecto la credibilidad en el mercado internacional de semillas, sino también para su crecimiento como creador de variedades vegetales. Durante la gestión del presidente Macri fui convocado por el Ministerio de Agroindustria a colaborar como consultor en algunos temas de la que en su momento se llamó ley de semillas, lo que me fue de suma utilidad para poder analizar la situación actual.
La promulgación de una ley de semillas actualizada (la actual es de 1973, su decreto reglamentario de 1991) no resulta ya útil y además estamos en un país que, si bien su economía es eminentemente agrícola, tiene una gran cantidad de siembra con bolsa blanca que se estima entre el 65 y el 80 por ciento, o sea que esa proporción de siembra lo es con semilla ilegal.
Esta actitud resulta incomprensible si se considera los beneficios económicos que conllevan las nuevas semillas transgénicas (ahorro en agroquímicos, menor perdida de producción, facilidad en la eliminación de las malezas), son su-* periores al costo del pago de las regalías, con lo cual todos los planteos de exención parecen más ser objeto de una especie de "demagogia” hacia el productor, sea este o no pequeño.
Argentina está utilizando variedades de semillas en algunos casos obsoletas (ver mi nota al respecto) e impidiendo el ingreso de nuevas variedades fitogenéticas, aun aquellas producidas por argentinos, con la consiguiente pérdida de mercados internacionales y en detrimento del crecimiento económico y de desarrollo de la biotecnología en el país.
Muchos países productores se han adherido a la Carta UPOV 91 y no por eso han perdido la posibilidad de uso propio. Hoy parecería ser que varias instituciones del agro están en contra de esta Carta en base a la defensa del uso propio de la semilla cosechada, aunque el mismo está previsto en el acuerdo.
No obstante, para mayor seguridad jurídica corresponde establecer las pautas generales del uso propio en una ley -o al menos en la actualización de la actual- y no en el decreto reglamentario, ya que el mismo -si bien el actual gobierno expresa que su redacción será en forma consensuada con los distintos sectores de la cadena- tiene el riesgo de que un decreto reglamentario es de inferior estabilidad jurídica que una ley ya que puede ser modificado en el futuro por cualquier otra reglamentación -tanto de este como de otro gobierno- que disponga otra forma de determinar el uso propio.
Establecer las condiciones de uso propio en una ley nueva o en la reforma del actual inspirará mayor confianza en lo que se refiere a su persistencia y a la consecuente seguridad de quien siembra y de quien invierte en la producción de variedades. En la antigua Roma, como símbolo de su permanencia, las leyes se grababan en tablas de arcillas que eran guardadas en arcones enterrados, lo que daba una idea de la inamovilidad de las normas. Sin ir tan lejos, un país como Argentina, debe mostrar con claridad que sus normas tendrán una duración adecuada y ello se consigue con las leyes que dan mayor jerarquía jurídica que los decretos reglamentarios. Si bien la adhesión a la Carta UPOV91 implica que ésta adopte un rango superior a las leyes (Constitución Nacional Art. 75, inc. 22), dicha Carta dispone pautas generales, por lo que admite leyes que la definan en temas como el uso propio, siendo que el decreto reglamentario deberá ser para cuestiones de implementación de las disposiciones de las dos normas anteriores.
La adhesión a la Carta UPOV 91 permitirá tener una mejora significativa a los efectos de las inversiones en materia de desarrollo de variedades y en la producción agrícola y su rentabilidad, pero lo fundamental es que se haga cumplir la ley, ejerciendo un control acorde con la necesidad de desterrar el uso de bolsa blanca o mejor dicho, semilla ilegal.
Nota de redacción: el autor es especialista en derecho agrario.