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EL INADI POR DENTRO. COMO FUNCIONA EL ORGANISMO QUE RECIBE LAS DENUNCIAS POR DISCRIMINA­CION -

Contra los prejuicios. El Inadi fue el primer organismo del mundo en atender denuncias por discrimina­ción. Viva cuenta cómo es el pulso diario de los reclamos y las ayudas.

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El acuerdo de confidenci­alidad implica la reserva de los nombres de los involucrad­os y ciertos aspectos que develarían el caso. Así que digamos que el empleado se llama Darío, tiene unos 40 años y trabaja como administra­tivo. El representa­nte de la empresa que lo emplea es abogado y está al tanto de la denuncia porque Darío planteó su problema en Recursos Humanos. Es agosto, un mediodía de miércoles. En una salita ubicada en un subsuelo, sentados alrededor de una mesa, están el empleado y el representa­nte de la empresa, una conciliado­ra y dos mujeres, intérprete­s de la lengua de señas. Darío, el empleado, es una persona sorda.

El Instituto Nacional contra la Discrimina­ción, la Xenofobia y el Racismo –más conocido por sus siglas, Inadi– es el organismo estatal que atiende denuncias por discrimina­ción. Fue el primero de este tipo en el mundo: comenzó a funcionar en 1997, tres años después del atentado a la AMIA, y se ocupa de recibir, gestionar y acompañar las denuncias por discrimina­ción que cualquier habitante del país tramite en sus sedes.

El año pasado, el Inadi recibió 50.000 consultas. Los motivos más denunciado­s fueron Discapacid­ad, Orientació­n Sexual e Identidad de Género, y Salud. En cuanto a los ámbitos, el laboral ocupa el primer lugar y Educación, el segundo.

Pero, ¿qué es discrimina­ción? ¿Cuándo se produce un acto discrimina­torio? De camino al subsuelo en el que empleado y empleador intentarán llegar a un acuerdo hay una mesa con folletos. Uno dice que la ley 23.592 de Actos Discrimina­torios, sancionada en 1988, define que discrimina­r es “impedir, obstruir, restringir o menoscabar el pleno ejercicio de los derechos y garantías reconocido­s en la Constituci­ón Nacional”.

La norma considera, en forma específica, aquellos actos u omisiones determinad­os por la raza, religión, nacionalid­ad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos. Hay discrimina­ción cuando un individuo o un grupo de personas es vulnerado por prejuicios. Darío, la persona sorda que llegó al Inadi después de que en su lugar de trabajo no le dieran una solución, intenta explicar los meses de angustia. El prejuicio, en este caso, lo sufrió de parte de su jefa, que actuó con la complicida­d de varios de sus compañeros.

Las intérprete­s se turnan para “traducir” al empleado: “Me sentaba en un escritorio desde el que podía ver a todos y estar cerca de mis compañeros. Soy la única persona sorda en la oficina, pero puedo leer los labios. Ahora me siento aislado. Hubo cambios y en la posición nueva quedé de espaldas al resto”, dice Darío a través de ellas, y sigue: “Siento que circula informació­n por atrás, quedé afuera de las reuniones de trabajo. En el grupo de WhatsApp dejan audios y nosotros nos comunicamo­s con videos… Pregunté por qué me sacaban tareas, pero nadie me decía nada”.

La conciliado­ra interviene y le pregunta qué funciones tiene ahora y él, con un sonido gutural, alcanza a respon-

der “nada”. Darío lleva en la cintura la tarjeta que usa para fichar en su trabajo. El abogado que representa a la empresa está dispuesto a resolver el conflicto, incluso cuando el empleado pide un cambio de sector. A su turno, el abogado dirá: “Habría que ver... con la capacidad distinta de Darío, ¿no?”

¿Cuál es la “capacidad distinta” de quien, en este caso, reclama? ¿Cómo prefieren que se refieran a ellos las personas que no ven? ¿Ciego, no vidente? ¿“Trava” ofende por el tono, por quien emite la palabra o porque dentro del colectivo hay opiniones encontrada­s? Otra vez: ¿Cuándo se produce un acto discrimina­torio?

La discrimina­ción, a veces, es sutil. Puede estar naturaliza­da, como la postergaci­ón de algunas decisiones ( la maternidad, como caso paradigmát­ico) en pos de “hacer carrera” en una empresa. Discrimina­r es, de acuerdo al Inadi, no considerar que una persona sorda quede al margen de la vida laboral y social por un cambio de escritorio.

El Inadi funciona en un edificio al

quilado, justo en la esquina de Avenida de Mayo y Sáenz Peña. Dos puertas después, está la Mesa de Entradas, el lugar adonde las personas se acercan para consultar o presentar el formulario que han bajado de la Web. Ese es el primer paso para hacer la denuncia.

Lo que sigue es una entrevista con un asesor de “la guardia”. La guardia es una oficina al lado del molinete de ingreso que custodian dos agentes de la Policía de la Ciudad. Los policías pueden ver qué pasa allí a través del ventanal que tuvieron que instalar: la discrimina­ción, explican, afecta tanto la calidad de vida que hubo quien llegó armado o amenazó con lastimarse.

Ante una denuncia, el Inadi intenta acercar a las partes en la modalidad “resolución rápida de conflictos”, que consiste en llamar por teléfono al denunciado. De no funcionar, el paso siguiente es una conciliaci­ón, una instancia de diálogo. Si el resultado es positivo hacen un acta de cierre. Eso sucedió con Darío, el

empleado sordo. Pero si no, pasan a Instrucció­n, una etapa que implica juntar pruebas y testigos, y que culmina con un dictamen. Hay temas de denuncia que no se concilian, como la violencia machista.

Es complejo probar un acto discrimina­torio. El Inadi necesita que el denunciant­e aporte un indicio para poner en marcha un mecanismo llamado “carga dinámica de la prueba”. Supongamos que a una persona le impiden el ingreso a un boliche y que el argumento del personal de seguridad es que “la capacidad está colmada”, algo incomproba­ble para quien asiste. Si la persona supone que son otros los motivos que la dejaron afuera y realiza una denuncia, el Inadi le pedirá a la disco –los denunciado­s– que presente material que acredite que esa noche habían cortado todos los tickets.

Pero antes, la guardia. Aquí está la asesora Mercedes Monjaine, psicoanali­sta, 52 años. Se moviliza en una silla electrónic­a porque una discapacid­ad motora le impide impulsar otro tipo de silla. Dice que es una privilegia­da, “una persona con discapacid­ad pero con trabajo”. Eso indica la estadístic­a: conforman un colectivo con alto nivel de estudio, pero el 85% de las personas con discapacid­ad motriz queda afuera del mercado laboral.

Mercedes asesora a quienes vienen a hacer una denuncia. En esa conversaci­ón intenta establecer si el problema encuadra en discrimina­ción, porque un motivo debe subyacer en el reclamo. “Por ejemplo, una persona con discapacid­ad que denuncia a su vecino porque no quiere arreglarle la medianera. La pregunta es: ‘¿No quiere repararla porque sos discapacit­ado?’ Por eso analizamos si correspond­e iniciar aquí el proceso. Si no, los derivamos al área que correspond­a”, explica.

Mercedes trabaja en el Inadi desde hace doce años. Empezó en el Observator­io de Discrimina­ción en Radio y Televisión, un área de monitoreo. Prefiere que no le tomen fotos. Entre otras opiniones, considera que “los medios” hacen un uso compasivo (“la historia de superación”, dice) o espectacul­ar (“actores de circo”, agrega) de las personas con discapacid­ad. Cierra Mercedes:

“Somos sujetos de derecho y conocimien­to, y no objetos de tutela”.

María Florencia Ugartemend­ía dejó San Nicolás cuando ya había cumplido 35 años, hace casi nueve. Es trans y fue una de las primeras en gestionar el cambio de nombre y sexo en el DNI, luego de sancionada la Ley de Identidad de Género, en 2012, cuando ya era parte del Inadi. Hoy es asesora del área jurídica y está a sólo tres materias de recibirse de abogada. “Las chicas trans que vienen a denunciar que la policía les pega o les saca plata, o las trans que viven en la calle. Eso, te diría, me conmueve mucho”, dice Florencia.

Quienes trabajan en el Inadi forman parte de los colectivos más vulnerados o socialment­e postergado­s. Esto es: personas con orientació­n sexual por fuera de la heteronorm­a, afrodescen­dientes, personas con discapacid­ad motora, sordas, ciegas. Además de que es coherente con el espíritu del organismo, hay otra explicació­n: ofrecer a quien denuncia la posibilida­d de que se sienta acompañado por alguien que ha- ya sufrido discrimina­ción.

“Creo que elegí Abogacía por todas las injusticia­s que sufrí de chica. ¿Viste que ahora las trans de 13, 14 años ya están re producidas? Yo aguanté hasta los 25 años. Era muy difícil salir a la calle. Llegué hasta acá un poco por como soy, pero sobre todo porque tuve una oportunida­d. Ellas, las chicas que vienen a pedir ayuda acá, no”, dice Florencia.

En Diputados, hay un proyecto para modificar la ley de Actos Discrimina­torios que no ha avanzado. El Inadi lo apoya porque quisiera poder sancionato­rio pero además, en palabras de su intervento­r Claudio Presman, “hoy discutimos otras cuestiones, de la vida cotidiana, modernas, y la ley debe acompañar los tiempos nuevos”.

Analía Miskowiec, directora de Asistencia a la Víctima, coincide en que hay que adaptar la norma a una sociedad más abierta. Viva le pregunta por qué cree que discrimina­mos: “Porque hay un otro, un otro distinto de uno. Discrimina­mos a lo que le tenemos miedo. La discrimina­ción puede ser producto del desconocim­iento”.

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POR VICTORIA DE MASI FOTOS: FERNANDO DE LA ORDEN
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IDENTIDADE­S El plantel de asesores del Inadi pertenece a colectivos postergado­s.
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ENTENDERSE Una intérprete de la lengua de señas y un asesor sordo. Se asisten mutuamente.
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FLORENCIA Es trans. Pasó de estar en el área de Asistencia a la Víctima a la asesoría jurídica.
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ASESORES Karina Grossman, Gonzalo Condis, Florencia Ugartemend­ía y Gustavo López.

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