Presión sobre Venezuela por los derechos humanos
Un total de 28 ONG denunciaron al gobierno por hostigar a defensores de los derechos humanos. Se suman así a 21 ex presidentes que criticaron la calidad democrática del país.
Un grupo de 28 ONG la denunciarán en la Cumbre de las Américas. El canciller de Uruguay se sumó a las críticas.
Un total de 28 prestigiosas organizaciones internacionales, entre las que se encuentran Human Rights Watch y Amnistía Internacional, emitieron ayer un duro documento donde denuncian que el gobierno de Venezuela está “intimidando y hostigando” a los defensores de derechos humanos que trabajan en el país.
La declaración se suma a la realizada por 21 ex presidentes iberoamericanos, quienes anticiparon que mañana difundirán en la capital panameña, en vísperas de la Cumbre de las Américas, un comunicado conjunto donde plantearán la creciente “alteración democrática” en el país caribeño. Así se multiplican las presiones sobre el tema contra el gobierno de Nicolás Maduro, inmerso en una crítica inestabilidad económica y política desde hace más de un año.
En el documento presentado por las organizaciones de derechos hu- manos se reclama, además, que los mandatarios de los países que asistirán este viernes a la Cumbre de las Américas, en Panamá, le exijan a Maduro que ponga fin a estas prácticas antidemocráticas.
“Venezuela está intimidando y hostigando a defensores y defensoras de Derechos Humanos y les ha acusado infundadamente de que estarían intentando desestabilizar la democracia en el país”, indicaron. Y afirmaron que “la persecución del gobierno venezolano apunta claramente a desacreditar e intimidar a organizaciones que documentan violaciones de derechos humanos”.
Los firmantes internacionales son Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Transparencia Internacional, Organización Mundial Contra la Tortura, Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights, Comisión Internacional de Juristas y Servicio Internacional por los Derechos Humanos, entre otros.
La declaración se produce en un momento de gran tensión por la crisis interna venezolana y su pelea con Estados Unidos, tema que será central en la cumbre de Panamá. Caracas viene batallando para
obtener el mayor respaldo posible en este encuentro, argumentando que la grave situación nacional – tanto económica como política– es producto de operaciones de la oposición, que conspira junto a Washington para hacer caer el gobierno.
Durante principios del año pasado la población venezolana realizó masivas protestas contra el desabastecimiento de productos de primera necesidad, la alta inflación, la inseguridad y la brutal represión ejercida por la policía. Los choques dejaron 43 muertos y más de un millar de heridos. También hubo centenares de detenidos, que sufrieron humillaciones, vejaciones y torturas en las cárceles. Ante los reclamos generales, Maduro endureció su posición y detuvo a los principales dirigentes de la oposición, entre ellos al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y al líder de Voluntad Popular, Leopoldo López. Esto es lo que están investigando en el terreno las ONG internacionales, bajo el acoso de las fuerzas de seguridad bolivarianas.
El mes pasado, el gobierno de Barack Obama revocó las visas y congeló bienes de siete altos funcionarios del estado venezolano, acusados de cometer violaciones a los derechos humanos durante las protestas. El texto donde se estipulaban estas sanciones señalaba que Venezuela implicaba “una amenaza extraordinaria e inusual” para EE.UU., lo que generó rechazo en los países de la región.
Ben Rhodes, asesor presidencial estadounidense sobre Seguridad Nacional, salió ayer a bajarle el tono a esa declaración. “EE.UU. no cree que Venezuela represente alguna amenaza a nuestra seguridad nacional. Honestamente, tenemos un formato con el que elaboramos nuestras órdenes ejecutivas, es completamente proforma”, dijo.
Hasta ahora, los líderes de América latina prefirieron guardar silencio frente a denuncias de violación de derechos humanos en Venezuela. La gran mayoría de ellos tienen variados lazos con el gobierno de Maduro, que van desde simpatías ideológicas a negocios comerciales con este fuerte productor petrolero.
La denuncia que hacen ahora los 28 organismos de derechos humanos sobre la grave situación en Venezuela introduce un tema ríspido en el encuentro de Panamá, y sin duda generará controversia. “Los gobiernos que participarán en la Cumbre deberían exigir al gobierno de Nicolás Maduro que asegure que las defensoras y los defensores de derechos humanos puedan realizar su labor sin temor a sufrir represalias”, dijeron.
“Venezuela está hostigando a defensores de Derechos Humanos”