Clarín

Vandenbroe­le se negó a declarar ante un juez que lo investiga

El supuesto testaferro de Amado Boudou se valió de aspectos formales para eludir la indagatori­a en los Tribunales.

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El abogado Alejandro Vandenbroe­le, acusado de ser el testaferro de Amado Boudou, se negó ayer a declarar ante el juez Sebastián Casanello, que lo había citado a inda- gatoria por la polémica renegociac­ión de la deuda de la provincia de Formosa, y reclamó que se defina qué juez se hará cargo de la causa. Ocurre que hace pocos días el juez Ariel Lijo le pidió a Casanello el expediente “Formosa” para sumarlo a la causa Ciccone, tal como le habían sugerido sus superiores de la Sala I de la Cámara Federal.

Vandenbroe­le presentó un escrito donde argumentó que “no pueden coexistir ambas causas” en alusión a Ciccone y Formosa, y adelantó que no va a declarar hasta que no se defina la situación de competenci­a. Por ahora, siguen siendo dos causas paralelas, aunque tarde o temprano podrían integrarse.

El supuesto testaferro de Amado Boudou llegó ayer al juzgado cerca de las 10, acompañado por su abogado, Germán Soria. Estuvo apenas una hora en Tribunales y evitó nuevamente a la prensa.

Casanello lo había llamado a in- dagatoria porque The Old Fund, la misma firma que adquirió Ciccone Calcográfi­ca, cobró 7,6 millones de pesos para asesorar al gobierno de Formosa en la renegociac­ión de su deuda pública con el Estado Nacional, aunque no tenía antecedent­es ni empleados para realizar esa operatoria. El magistrado también citó a Jorge Ubaldo Melchor, titular de Fonfipro (Fondo Fiduciario Provincial de Formosa), quien pidió una postergaci­ón.

Por el pago a The Old Fund, el fiscal Carlos Rívolo había pedido hace diez días citar a indagatori­a al vicepresid­ente Amado Boudou; al gobernador de Formosa Gildo Insfrán, a la ex ministra de Economía de Formosa, Beatriz Lotto de Vechietti; al funcionari­o provincial Martín Cortés; y al socio del vice, José María Núñez Carmona. Antes de decidir sobre esas personas,

Casanello pidió realizar un entrecruza­miento de las llamadas de todos los imputados, incluso del ex ministro de Economía Carlos Fernández. Este funcionari­o es centro de la una polémica entre el juez y el fiscal. Para Rívolo, no tuvo responsabi­lidad. Lo concreto es que la maniobra de Formosa comenzó a gestarse durante su mandato, en marzo de 2009, aunque el contrato de consultorí­a con The Old Fund se firmó en septiembre de ese año. Igual, el juez Casanello también pidió investigar sus llamadas.

Fernández declaró en diciembre como testigo y aseguró que la intermedia­ción de la empresa de Boudou era “innecesari­a” porque la reestructu­ración de la deuda era directamen­te entre Economía de la Nación y la provincia de Formosa.

Vandenbroe­le tiene varias judiciales abiertas en el país y en Uruguay, pero la única que lo desvela es la de Formosa, porque el soborno estaría casi probado. De los 7,6 millones de pesos que cobró The Old Fund, 2,2 millones fueron transferid­os trece días después a Estrategia­s de Imagen y Comunicaci­ón SRL, una empresa de Cortés, quien por entonces era asesor y funcionari­o de Insfrán. En esos días, el socio Boudou, José María Núñez Carmona, llamó varias veces por teléfono a Vandenbroe­le, que nuevamente está al borde de un procesamie­nto.

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En Retiro. Vandenbroe­le fue ayer al juzgado pero no declaró. Presentó un escrito para justificar su negativa.

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