¿O será que la educación y la transparencia poco interesan?

El Consejo Federal de Educación, es decir Alberto Sileoni junto al resto de los 24 ministros de educación del país, se reunieron esta semana para tratar diversos temas. Pero parece que uno resultó de mayor importancia, porque es el que destacaron en el comunicado que distribuyeron a la prensa. Lo más relevante fue “ratificar” la política de evaluación de la calidad educativa, una política que a nadie se le hubiera ocurrido ratificar si Clarín no recogía, en una serie de notas, la opinión de especialistas que afirman que esas pruebas

dejaron de ser confiables y que las estadísticas sobre educación del país están siendo manipuladas u ocultadas.

El comunicado expresa algunos argumentos que responden directamente a las críticas de los expertos. Por ejemplo,

la periodicidad de los Operativos Nacionales de Evaluación (ONE), que se hacían todos los años y ahora cada tres (“es más apropiado para los fines y objetivos de la evaluación”, dice el Ministerio). O el cambio en el diseño del ONE que –según los expertos– no permiten comparar los resultados en el tiempo: “El objetivo fue abandonar un sistema que calificaba según porcentaje de respuestas correctas para aplicar otro que informa sobre lo que ‘los estudiantes saben y pueden hacer’”, es la respuesta oficial.

Pero hay un argumento que llama la atención. El Ministerio dice que los resultados del ONE 2013 fueron entregados a las provincias. Y que eso “evidencia la decisión de difundir los datos”. “Este camino de difusión institucional (…) no invalida que los resultados puedan ser consultados por otros usuarios, una vez que el proceso de análisis en las jurisdicciones esté en curso”, agrega.

Llama la atención porque hasta el anterior ONE, de 2010, el Ministerio sí publicaba en la Web los resultados completos al año siguiente de realizado el operativo. No se entiende por qué cambiaron el criterio. Ahora, si los “usuarios” (los ciudadanos) necesitamos los datos, nos vemos obligados a recolectarlos provincia por provincia, como hizo Clarín en su nota del 26 de marzo.

Tampoco se entiende por qué, ante la fuerte denuncia de los expertos, ningún político, empresario, ningún gremio se pronunció sobre el tema. Sólo los ministros del Consejo Federal, para “ratificar” una política. ¿O será que la educación y la transparencia no importan tanto?

Denunciaron manipulación de datos, pero ningún político ni empresario se pronunció sobre el tema